Presupuesto 2025: impacto del ajuste de Javier Milei en la seguridad
El reciente anuncio del presidente Javier Milei sobre el Presupuesto 2025, en el que propuso un ajuste significativo para las provincias, ha generado preocupación por sus repercusiones en la seguridad ciudadana.
Este ajuste contrasta con los aumentos en Defensa y Seguridad Interior, sectores que verán incrementos presupuestarios que superan el ajuste inflacionario. Sin embargo, las fuerzas provinciales, responsables de combatir la criminalidad cotidiana, podrían verse gravemente afectadas si se concreta el pedido de un "ajuste adicional" de 60 mil millones de dólares para los Estados provinciales. Este escenario plantea desafíos considerables en un país que enfrenta más del 50% de pobreza y una recesión económica.
Criminalidad cotidiana: el frente más vulnerable
La criminalidad cotidiana incluye delitos como robos, hurtos, estafas, arrebatos callejeros, ataques de motochorros y “entraderas”. Aunque estos crímenes no tienen la magnitud del narcotráfico o la trata de personas, afectan directamente la vida diaria de la mayoría de los ciudadanos, generando una constante sensación de inseguridad.
Las fuerzas policiales provinciales son las encargadas de lidiar con estos delitos, pero la reducción de recursos podría debilitar su capacidad de respuesta, afectando gravemente el control de la seguridad en las calles.
Menos recursos, más inseguridad
De concretarse el ajuste presupuestario de las provincias, sin dudas afectará directamente a las fuerzas provinciales, que son la primera línea de defensa ante los delitos comunes.
En las provincias más pobres, que ya enfrentan altos niveles de inseguridad, un recorte adicional podría resultar devastador, reduciendo aún más su capacidad operativa. En tiempos de crisis económica y recesión, la criminalidad tiende a aumentar, especialmente en delitos como robos y hurtos, y la falta de una fuerza policial equipada y visible solo agravará la situación.
Foto: Télam.
Seguridad desigual: la trampa del presupuesto
El presupuesto 2025 prevé un incremento del 95% en términos reales para Defensa y del 91% para Seguridad Interior, destinado principalmente a combatir delitos de gran escala como el narcotráfico, el terrorismo y la trata de personas.
Sin embargo, la criminalidad cotidiana, que impacta directamente a la población, queda en manos de las fuerzas provinciales, que no recibirán el mismo respaldo económico.
Esta distribución desigual de los recursos genera una percepción distorsionada: aunque el gobierno de Milei parece priorizar la seguridad, lo hace en áreas que no abordan la inseguridad diaria que viven millones de argentinos.
Inseguridad creciente y el riesgo de impunidad
Este ajuste presupuestario a las provincias podría generar una peligrosa percepción de impunidad. Si los ciudadanos sienten que el Estado no puede protegerlos de los delitos comunes, la confianza en las instituciones de seguridad podría deteriorarse gravemente.
En un contexto de creciente inseguridad y recesión, la sensación de vulnerabilidad podría escalar, derivando en un aumento de la violencia y en prácticas como la justicia por mano propia, que solo empeoraría la situación.
Consecuencias del ajuste
El ajuste presupuestario propuesto para las provincias en 2025 presenta un panorama alarmante para la seguridad ciudadana en Argentina. Mientras las fuerzas federales recibirán más fondos, el debilitamiento de las policías provinciales afectará directamente la capacidad de combatir la criminalidad cotidiana.
En un contexto de pobreza y recesión, esta falta de recursos podría aumentar la inseguridad y alimentar la percepción de impunidad.
Las políticas de seguridad deben equilibrarse, para garantizar que no solo se priorice la persecución y prevención de delitos federales, sino también aquellos que afectan diariamente a los ciudadanos en sus barrios y comunidades.
* Lic. Eduardo Muñoz. Criminólogo y criminalista. Especialista en prevención del delito. Consultor de seguridad integral.
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