El protocolo antipiquete de Patricia Bullrich: ¿control o represión?
El hartazgo social frente a los piquetes y cortes de calles ha sido una constante en Argentina durante las últimas décadas. El protocolo antipiquetes, impulsado por Patricia Bullrich, surgió como una respuesta para gestionar el creciente número de manifestaciones que interrumpían la libre circulación.
Aunque su objetivo principal era mantener el orden público y prevenir el caos vial, ha suscitado dudas sobre si su verdadera finalidad es controlar sectores críticos del gobierno. Esto plantea una pregunta fundamental: ¿es este protocolo una respuesta legítima a los disturbios o una herramienta que amenaza las libertades democráticas?
Represión, prevención y protesta pacífica
Para comprender el impacto del protocolo, es esencial diferenciar entre represión, prevención y protesta pacífica.
- La represión implica el uso de la fuerza para sofocar manifestaciones, lo que a menudo conlleva la limitación de derechos fundamentales.
- La prevención, por otro lado, busca anticipar y evitar conflictos antes de que estallen.
Finalmente, la protesta pacífica es un derecho ciudadano que permite expresar demandas sin recurrir a la violencia.
El problema con el protocolo antipiquetes es que difumina la línea entre prevención y represión. Aunque en teoría se presenta como una medida preventiva, en la práctica ha mostrado un uso desproporcionado y selectivo de la fuerza. Esto ha generado preocupación sobre su verdadero propósito, ya que parece orientado más hacia el control social que a la prevención de conflictos.
Aplicación selectiva de las fuerzas de seguridad
Un aspecto clave en la implementación del protocolo es su aplicación desigual. En manifestaciones que afectan intereses del gobierno, como aquellas relacionadas con decisiones políticas o económicas, se despliega un fuerte operativo de seguridad. Sin embargo, en protestas de menor impacto político, la intervención es mínima.
Por ejemplo, durante el debate sobre el veto a la ley de movilidad jubilatoria, se desplegaron unos 750 efectivos para desalojar a los manifestantes, una cantidad similar a la utilizada en eventos deportivos masivos. En contraste, durante la marcha universitaria, la intervención policial fue casi inexistente. Esto evidencia una aplicación selectiva de la fuerza, lo que pone en duda la imparcialidad del protocolo y su supuesto enfoque preventivo.
El caso de la niña de 10 años: un símbolo de la represión
Uno de los episodios más impactantes relacionados con el protocolo antipiquetes ocurrió el 11 de septiembre de 2024, durante una manifestación frente al Congreso de la Nación. Una niña de diez años, que estaba sentada en el suelo abrazada a su madre, resultó afectada por gas pimienta lanzado por un efectivo de la Policía Federal. Las imágenes de su rostro enrojecido se viralizaron rápidamente, convirtiéndola en un símbolo de las críticas hacia la política represiva del gobierno de Javier Milei.
En lugar de asumir responsabilidad, el gobierno intentó desacreditar a la madre de la niña, acusándola de irresponsabilidad por llevar a su hija a la protesta y sugiriendo que el gas pimienta había sido arrojado por otra manifestante.
Sin embargo, un video mostró a un agente de la Policía Federal lanzando el gas directamente contra la madre y su hija, desmintiendo la versión oficial. Este incidente no solo expuso el uso desproporcionado de la fuerza, sino también un intento de manipular la narrativa pública para justificar la represión.
El uso del protocolo como herramienta de disciplinamiento social
El protocolo antipiquetes ha sido aceptado por una sociedad que está visiblemente agotada por los constantes cortes y bloqueos de calles. No obstante, es fundamental que esta herramienta no se convierta en una justificación para el uso excesivo de la fuerza ni para la manipulación de la opinión pública.
Es imperativo que se tomen medidas adecuadas para evitar alimentar un ciclo de violencia. La represión puede intensificar las protestas, y estas, a su vez, pueden justificar una mayor represión. En este sentido, lo que inicialmente se percibe como una solución podría, paradójicamente, transformarse en parte del problema.
* Lic. Eduardo Muñoz. Criminólogo y criminalista. Especialista en prevención del delito. Consultor de seguridad integral
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