Inversiones, causas judiciales y una decisión clave con el acceso al agua subterránea
El Departamento General de Irrigación terminó una etapa clave en la disputa por el acceso al agua en lo que muchos consideran "tierra prometida" de los desarrollos agrícolas y turísticos. La margen derecha del río Mendoza, esa enorme franja que incluye gran parte de Luján y una porción del Valle de Uco es una zona con poca infraestructura hídrica superficial y desde 1998 tiene restricciones para perforar pozos. Al mismo tiempo es la zona más cotizada para nuevos emprendimientos. Pues por eso hay una extensa puja y hasta hubo sospechas de corrupción que se arrastran desde que se cerró el grifo. La diferencia es enorme y se cuenta en dólares, pues el valor de la tierra crece de manera exponencial si hay o no agua.
El agua subterránea es el recurso del futuro, pues los efectos del cambio climático harán que cada vez haya menos disponibilidad superficial. Además, hay una fuerte presión para desarrollar zonas alejadas de las redes. El DGI había abierto una ventana para hacer un barrido legal y administrativo de la situación y en ese proceso autorizó 21 pozos de agua en la margen derecha. De ese grupo hubo 13 permisos efectivamente constituidos, es decir pozos que se perforaron y comenzaron a trabajar y 6 de esos proyectos se encuentran ejecutados y con posibilidades de acceder a la concesión. Pero no todos quedaron conformes y hubo reclamos de empresas grandes que pidieron agua, no se las dieron y reclamaron ante la Suprema Corte.
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Es lo que hizo el gigante CRESUD; la rama de negocios agrícolas de IRSA, uno de los desarrolladores más grandes del país, liderados por Eduardo Elsztain (en Mendoza entre otras cosas es dueño del Mendoza Plaza Shopping). La empresa pidió 7 permisos de perforación para desarrollar un predio de más de 600 hectáreas en la zona restringida, pues para ellos esa prohibición estaba caducada. La Suprema Corte le dio la razón y sacudió la estrategia de Irrigación, pues la tensión está puesta en si la restricción estaba o no vigente.
En ese camino hay un hecho relevante: Irrigación tiene concluido el estudio hídrico para determinar cuánta agua hay almacenada, qué proyecciones hay y si habilitarán o no nuevos pozos de agua. El estudio está en proceso de revisión interna. La codiciada zona incluye Agrelo, Blanco Encalada, Perdriel, Ugarteche, Carrizal y Anchoris, en Luján de Cuyo, y Tupungato.
La semana pasada ese organismo hizo público el resultado del barrido legal y administrativo, a través de una nueva resolución. En esa norma reiteran otra decisión importante, pues se dispone elaborar un informe para determinar "el estado del acuífero y demás datos y proyecciones". De allí se determinará "la posibilidad y/o conveniencia de autorizar nuevas perforaciones o si debe mantenerse la prohibición total". Desde ese organismo aseguran que todas las perforaciones autorizadas deben responder a la nueva normativa en la que se establece un control sobre los proyectos, la eficiencia y los volúmenes usados. "Se hizo un profundo proceso de ordenamiento y hay más control. Los solicitantes de perforaciones deben tener un proyecto productivo sustentable y cumplirlo. Se exige tecnificación y eficiencia, por lo que tienen que tener caudalímetros y otros requisitos", explicó Agustín Speriodione, de Aguas Subterráneas del Departamento General de Irrigación.
La tierra prometida
La margen derecha del Río Mendoza, en la subcuenca El Carrizal, tiene restricciones para perforaciones desde la década de los 90. La alta demanda para desarrollar la zona generó todo tipo de estrategias legales e irregulares. Una de ellas era, por ejemplo, el traslado de permisos de pozos "cegados" a tierras incultas. Ese mercado negro, que movía cientos de miles de dólares, se restringió por una normativa específica. En 2010 se otorgaron de manera sospechosa 21 pozos a una organización de emprendedores que, según las sospechas, se creó solo para acceder a los permisos. Detrás hubo fuertes sospechas de corrupción, que terminaron con la renuncia del superintendente Eduardo Frigerio, que estaba por enfrentar un juicio político. Esa disputa está en la Suprema Corte hace más de una década y el Tribunal no resuelve, aún a pesar de que están todos los plazos vencidos.
En 2017, Irrigación comenzó un proceso para ordenar los permisos de aguas subterráneas y convocó a quienes habían pedido pozos a ratificar esa solicitud. A través de la resolución 898 hizo esa convocatoria para que "todos los interesados que hayan iniciado trámites de solicitud de permiso de perforación para la extracción de agua subterránea en áreas de restricción" ratifiquen esa voluntad, en un plazo de 30 días. En esa norma se blanqueó que había un mercado negro para acceder al agua en la zona restringida. "Dicha reglamentación, si bien tuvo en su espíritu mantener el balance de los acuíferos, como externalidad negativa habría producido un tráfico de derechos de uso de aguas subterráneas al margen de toda regulación y control estatal", dice entre sus considerandos la norma.
Entre los 21 beneficiados por la ratificación, la mayoría es para proyectos de desarrollo agrícola, en particular viñas. Pero hay también emprendimientos industriales, como la construcción de bodegas (Viña Cobos consiguió agua para ese uso) y la ampliación de la planta de Simplot, la fábrica de papas fritas instalada en Luján de Cuyo.
Luego del plazo de 30 días impuesto por Irrigación, hubo más pedidos de perforación para tener agua. Es lo que hizo la empresa Chimpay La Rioja, Bressia (a través de Grappolo) y sobre todo Cresud, el gigante liderado por Elsztain. Ante la negativa administrativa, esa firma recurrió a la Suprema Corte, aduciendo que para ellos la restricción había caducado el 6 de marzo de 2019 y que por eso pidió los 7 pozos para desarrollar un proyecto en más de 600 hectáreas. La Corte le dio la razón y puso a esa empresa "en la cola" para recibir la autorización para perforar en esa zona privilegiada. "Hacer lugar a la demanda entablada por CRESUD S.A.C.I.F. y A y, en consecuencia, ordenar al Sr. Superintendente General de Irrigación dicte nuevos pronunciamientos dando adecuado trámite a las solicitudes de permisos de perforación efectuados", dice la sentencia, emitida el 23 de diciembre del año pasado. "Lo que determinó la Corte en definitiva es que se realice el proceso para saber si se pueden dar o no más permisos según el agua disponible y que se tengan en cuenta los pedidos", aseguraron desde el DGI.
En Irrigación interpretan la medida como un pedido de la Corte para terminar el proceso y priorizar por orden de llegada en el caso de que se otorguen permisos nuevos. Eso ocurrirá luego de que se difunda el balance hídrico de la cuenca, es decir cuánta agua hay almacenada y a futuro.