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El Gobierno acelera la implementación del sistema acusatorio en Mendoza

Comenzará a regir en esta jurisdicción desde el 5 de agosto. Contempla una división clara de roles en la Justicia.
Alberto Nanzer, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ
Alberto Nanzer, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

El subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, Alberto Nanzer, llegó a Mendoza para avanzar con la implementación del sistema acusatorio, que ayudará a mejorar la celeridad de los juicios y a revertir los bajos índices de confianza en la Justicia que tiene la ciudadanía.

En 2019, la Justicia Federal del distrito Salta-Jujuy fue la primera en poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal, mientras que en el resto del país continuó aplicándose el régimen inquisitivo y en los últimos cuatro años la implementación se estancó por completo.

Desde la llegada de Mariano Cúneo Libarona al Ministerio de Justicia, el Gobierno de Javier Milei puso el foco del esfuerzo primero en Santa Fe, por la necesidad de blindar a la Justicia en la lucha contra el narcotráfico, y ahora en la región de Cuyo, cuyo debut en Mendoza será el 5 de agosto próximo.

"Lo que contempla es una división clara de roles. Sobre todo la división entre el rol del juez como un tercero imparcial, neutral y el de las partes. La Fiscalía, que es responsable de investigaciones, que ejerce la acción pública y acusa. Y la defensa que resiste esa acusación. Los roles están bien definidos. En el sistema que estamos reemplazando a nivel federal, hay una confusión de roles, sobre todo a través de la figura del llamado juez de instrucción, que es un magistrado que investiga y a la vez controla su propia investigación. Eso ha generado problemas constitucionales, problemas operativos, problemas político-criminales que creemos que este sistema va a contribuir a revertir", explicó en MDZ Radio 105.5 FM el subsecretario de Política Criminal.

"Lo que hizo el Gobierno a partir de la decisión del ministro Cúneo Libarona y del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, fue de alguna manera tomar el control del proceso de implementación. El Ejecutivo dictó un decreto de necesidad y urgencia que modificó la Ley de Implementación y asumió para el Ejecutivo, para el Ministerio de Justicia, las funciones que originalmente se le habían asignado a la Comisión Bicameral. Entonces eso le dio mucho más dinamismo al proceso", amplió Nanzer.

Respecto de los motivos que impulsan la urgencia de reemplazar el código actual por uno nuevo el subsecretario expresó: "Es un código que no ha funcionado desde múltiples puntos de vista y que afecta el desarrollo institucional del país, porque los procesos son muy extensos. La duración del proceso en el sistema de la Justicia Federal es un problema endémico. Eso ha impactado mucho en la percepción que la gente tiene acerca del Poder Judicial. Ha afectado mucho la confianza de la gente. Y eso tiene consecuencias incluso económicas para el país. Esta reforma debería contribuir a acortar sensiblemente los procesos a que puedan concluirse en tiempo y que las sentencias puedan ejecutarse también en tiempo. Además de mejorar la percepción de la gente respecto del sistema de justicia, permitir también un mejor ejercicio del derecho de defensa es mejor en términos constitucionales también el nuevo sistema".

El Sistema Acusatorio, establecido por la Ley 27.150 sancionada en 2015, asigna la responsabilidad de la investigación al Ministerio Público Fiscal y dota a los fiscales de las herramientas necesarias para realizar investigaciones complejas contra la criminalidad organizada. La implementación del Código Procesal Penal Federal en la Justicia Federal y Nacional Penal está supeditada a un cronograma progresivo del Ministerio de Justicia, que tiene como objetivo extender su aplicación en todo el país.

Con respecto a la baja de imputabilidad de menores, el funcionario del Ministerio de Justicia confirmó que se trabaja en la elaboración de un proyecto en conjunto con la cartera de Seguridad. "Uno puede identificar una necesidad de bajar la edad de imputabilidad por razones varias, pero naturalmente eso no implica decir que la baja va a resolver el problema de la criminalidad juvenil. La baja debe ir acompañada de una política criminal que la complemente y que permita lograr resultados que también tienen que medirse, evaluarse", enfatizó Nanzer. 

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