La inclusión educativa, algunas verdades y mentiras
Como docente me formaron hace más de 25 años para educar en aulas homogéneas, que vale decir nunca existieron, en donde había que enseñar a todos lo mismo y al mismo tiempo. Los alumnos tenían que adaptarse o ajustarse a la rígida estructura y gramática escolar. Con el pasar de los años comenzamos a hablar de necesidades educativas especiales, integraciones y luego inclusión. Si bien en el discurso se fue instalando el tema de la inclusión de manera evolutiva empezó también a hacer una grieta más grande entre lo declamado y lo que acontece en las aulas.
Las normativas estatales de las diversas jurisdicciones empezaron hacerse eco de los reclamos sociales y de los avances de la investigación pedagógica y se fue normatizando la “inclusión” de los alumnos con discapacidades en la escuela. Ahora bien, la multiplicidad de disposiciones gubernamentales y de algunos fallos judiciales en favor de la “inclusión” no se tradujo en prácticas verdaderamente inclusivas, sino en un “como si” de inclusión, en un hagamos de cuenta que incluimos.
Por ejemplo, que un alumno con alguna discapacidad cohabite junto a su acompañante para la integración en un aula junto a otros alumnos no significa que esté integrado ni muchos menos incluido. Más aun, con la normativa actual en varias jurisdicciones del país, sumado a algunos fallos de la justicia un alumno que lee palabras y ni siquiera oraciones completas podría llegar al último año de la escolaridad obligatoria. Me permito preguntarme, ¿esto es inclusión? La co-habitación junto a su asistente en el aula con otros alumnos, ¿alcanza para decir que hemos cumplido con la ley y hemos incluido?; ¿no estaremos frente a otra parodia más de la política educativa?, ¿le resulto positivo al alumno ese tránsito con un escaso apoyo en la escuela común?
Son preguntas necesarias que el sistema educativo en su conjunto debe hacerse
En este artículo no quiero dejar de mencionar a quienes acompañan en el aula al alumno, además de los directivos, sus docentes y el personal psicopedagógico de la escuela. También el llamado, dependiendo la jurisdiccional, personal no docente para el apoyo a la integración. Este personal no docente, son en su mayoría monotributistas que facturan a una obra social 9 o 10 meses sin aguinaldo ni vacaciones pagas y tienen la responsabilidad directa de estar junto al alumno con discapacidad. Es llamativo como un dispositivo para asistir al alumno en el aula tiene tantas fragilidades desde lo laboral, dándose una verdadera situación de
precarización, desamparados de todo convenio o norma.
¿No debería el sistema educativo que busca ser inclusivo, serlo desde lo laboral con quienes trabajan en la integración escolar de manera precarizada?. La respuesta con que nos encontramos de parte de las autoridades de educación es la siguiente: Es un tema del ministerio de salud y no de educación. ¿Pero no trabaja en una escuela y en educación?, así queda irresuelto el tema.
Este ejemplo mencionado del personal no docente de apoyo a la integración que se encuentra en situación laboral irregular tolerada por el Estado, nos lleva a la cuestión álgida del financiamiento educativo. El Estado, y la sociedad, exigen cada día más y más a la escuela en todos los órdenes, no solo a través de infinitos requerimientos burocráticos que distraen a los directivos de su tarea esencial sino también el pedido de una escuela que asuma todas las circunstancias que se le presenten. Así el sistema educativo esta tensionado y estresado como el sistema de salud.
Foto: MDZ.
Las normativas, disposiciones y leyes van en dirección de una escuela que lo asuma todo, pero no el financiamiento para llevar adelante esta misión. Creo que en este caso el aplicable la máxima de San Agustín: “Dame lo pides y pide lo quieras”. Sin dudas queremos una escuela inclusiva para todos, todos, todos, pero no es posible con los mismos y escasos recursos humanos y económicos.
Otro gran tema a poner en discusión en torno a la inclusión es la cuestión de ¿quién es el que incluye?, la escuela puntual y particular o el sistema educativo bajo sus distintas modalidades. Hoy está casi penalizado moral y socialmente hablar de educación común y especial, hasta tal punto que algunos declaman y proponen la disolución de esta última. Me pregunto:¿podremos un día comprender que buscar el mejor lugar donde los alumnos desarrollen sus potencialidades no es discriminatorio?. No niego que ha habido situaciones de discriminación a alumnos con discapacidad, esto es inadmisible. Pero las familias, primeras educadoras deben tener opciones para elegir donde enviar a sus hijos según crean que se atiende mejor sus necesidades. Eliminar o desfinanciar las opciones educativas, eso es discriminación.
La igualdad de oportunidades como principio esconde un poderoso elemento discriminador
La desigualdad de puntos de partida socio-culturales-económicos que suponen para incluir con calidad recursos humanos y económicos. La pobreza que azota a nuestro país es la principal causa de la falta de inclusión y la discriminación no señalada de nuestro sistema educativo que termina reproduciendo y acentuando las desigualdades sociales. El financiamiento educativo resulta fundamental para el progreso de un país. Sino pensemos en la argentina de la segunda mitad del siglo XIX y primeros años del siglo XX, ¿Por qué buscaron invertir en educación y erradicar el analfabetismo?.
Foto: MDZ.
Cuando desde la política se hacen recuerdos de años épicos no se menciona la educación, ese fue el motor del progreso argentino. Junto a este último comentario creo que son varias las aristas que merecen ser puestas en discusión para lograr una inclusión verdadera y no una pantomima que se transforma en otro de los slogans de los funcionarios del área de educación con sus famosos y conocidos cumplimientos (cumplo y miento) de las metas que se proponen alcanzar.
Para tener una inclusión educativa real y eficiente no bastan normativas o leyes sino una política educativa de estado que nazca de una consulta real a los actores educativos que intervienen en el día a día de la escuela y no tanto a académicos de escritorio o a juristas teóricos de la inclusión. Si queremos generar una escuela verdaderamente inclusiva, las políticas que la generan deben construirse inclusivamente, con la participación y colaboración de quienes están en el llano de nuestras escuelas, de abajo
para arriba.
* Mg. Juan Manuel Ribeiro, especialista en Educación.