Educación: la medida necesaria que el Gobierno dejó afuera de la Ley Bases
Las largas negociaciones de estas últimas semanas entre el Gobierno, las provincias, sus aliados y la oposición dieron sus frutos este martes con la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal en la Cámara de Diputados. Sin embargo, para no correr ningún riesgo durante el debate, se dejaron afuera algunas propuestas que estuvieron en el proyecto original, tal lo fue la iniciativa por declarar la educación como servicio esencial.
Anteriormente, Javier Milei había planteado sumar un artículo 2 bis a la ley 26.206 de Educación Nacional, que planteaba que la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado, bajo lo cual se promovía a que "se profundice el ejercicio pleno de ese derecho". Por lo tanto, limitaba la huelga a fin de que se cumpla con el dictado total de clases.
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Esta propuesta libertaria, al igual que muchas otras más, le abrió paso a un debate bastante tenso. La falta de diálogo en su momento no permitió que la ley ómnibus original pasara la Cámara Baja. No obstante, en esta nueva oportunidad sí logró juntar el apoyo necesario para girar estos nuevos puntos y bases al Senado, pero a costa de no considerar ningún artículo sobre la educación.
¿Adiós al proyecto de educación esencial?
Dentro de Ley Bases aprobada ayer no fue incorporado el paquete educativo, logrando que algunos sectores de la sociedad pongan el grito en el cielo. Quedó afuera, en consecuencia, aquella idea inicial de declarar a la enseñanza como un servicio “esencial”; de hecho, había estado incluida en el decreto de necesidad y urgencia (DNU), que nunca entró en vigencia tras ser judicializada.
Tiempo atrás, MDZ dialogó con Gustavo Zorzoli, exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires y referente de Argentinos por la Educación, sobre esta propuesta que vio con buenos ojos: "Me parece importante que se genere una cultura vinculada a la necesidad de que la educación sea una prioridad. Siempre solía ganar el derecho de protesta por encima del derecho de los alumnos de aprender".
Según un informe de la Coalición por la Educación Argentina del ciclo lectivo 2023 en las escuelas primarias, Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego fueron las provincias con menor días de clase dictados a lo largo de ese año. El principal motivo fueron justamente las huelgas docentes.
Por supuesto, no se puede pasar por alto lo precarizado que está el sueldo de los maestros. A nivel nacional, según los últimos datos oficiales publicados en septiembre del 2023, el salario bruto de un docente de nivel primario con 10 años de antigüedad fue en promedio de $233.410.
Y si bien es verdad que la cantidad de jornadas no determina el nivel de calidad de enseñanza ni aprendizaje, los datos hoy por hoy muestran que en Argentina 1 de cada 2 chicos de 3er grado no entiende lo que lee. Además, según las Prueba Aprender 2023, el 48,5% de las y los estudiantes se ubicó en el grupo de menor desempeño (Básico y Debajo del Básico), lo que resultó ser un 7,3% más que las cifras arrojadas en 2021.
La situación en algunas provincias
De momento hay dos provincias que cuentan con esta normativa, que define a la educación como servicio esencial: La Rioja a través de la Ley N°5.593/91, clasificación que mantuvo en la Ley 7.261/02 modificatoria de la anterior. Después también está Salta, con la Ley N° 6.821/95.
Neuquén es otro territorio que quiere inclinarse a esto. La diputada Mercedes Tulián (PRO-NCN) presentó un proyecto de ley para establecerla en la provincia y sentar un nuevo precedente. Se busca un cumplimiento mínimo del 75% de las jornadas en el nivel de escolaridad obligatorio, así como a sus anexos: servicio de limpieza, mantenimiento e higiene de los establecimientos educativos. Pero, para los establecimientos educativos especiales, escuelas-hogares y albergues, y los que cuenten con comedores escolares, el porcentaje sería del 100%.
Todo reclamo para mejorar las condiciones salariales y edilicias, según comentó Tulián a este medio, tiene que ser escuchado, pero "no por eso se debe desatender el derecho de los alumnos por aprender". Y, en rigor, el proyecto de Ley presentado también pide por mejores condiciones laborales para los educadores, a fin de justamente evitar cualquier tipo de paralización de la actividad.
Del otro lado de la mesa de debate se encuentra el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), que insiste en la educación es un derecho humano y social ferrándose, como establece la Ley 26.206 (Ley de Educación Nacional). Por lo tanto, en su reclamo expresan que toda normativa que vulnere dicho principio, atenta contra su vigencia, conducción del sistema nacional y, en términos políticos, contradice el último pacto educativo nacional.
También está el Ítem aula de Mendoza, que plantea un incentivo económico a fin de promover el presentismo de los docentes y demás empleados educativos. Contempla hasta 3 inasistencias por mes, con un máximo de 10 anuales, que pueden ser justificados en uso de las licencias contempladas en la Ley 5811, como por ejemplo: enfermedad, cuidado de familiar enfermo razones particulares, fallecimiento de familiar, donación de sangre, etc. Quienes tengan licencia por vacaciones, accidente de trabajo o enfermedad profesional, maternidad, enfermedad terminal, violencia de género, también lo perciben por todo el tiempo que dure este tipo de licencias.
Educación esencial: ¿qué establece la ley?
Hubo varias idas y vueltas en la legislación del país, donde la educación se declaró esencial en algún momento y luego se dio marcha atrás con esto. Actualmente rige la Ley N° 25.877, cuyo cuerpo normativo define a los siguientes servicios como esenciales: hospitalarios y sanitarios; producción y distribución de agua potable, gas y energía eléctrica; y el control de tráfico aéreo.
Sin embargo, de forma similar a los antecedentes normativos, la ley habilitó en su artículo 24 la clasificación excepcional de actividades como esenciales para los casos en los que la extensión y duración de su interrupción pusiera en riesgo la salud, vida o seguridad de toda o parte de la población, y/o cuando se tratara de un servicio público de importancia trascendental y en conformidad con los criterios establecidos por la OIT.
Dado que los servicios educativos públicos de los niveles inicial, primario y secundario son gestionados a nivel provincial, su regulación está determinada por la correspondiente legislación subnacional. Y de ahí la legislación que corre en La Rioja y Salta, y que podría sancionarse en Neuquén.