Neuquén podría declarar a la educación como servicio esencial: los argumentos que articulan el debate

Es un debate de vieja data, pero que tomó mucha fuerza con la llegada de Javier Milei al Gobierno: la educación como servicio esencial. Esto apunta principalmente a garantizar el dictado de clases, así como un entorno laboral de calidad. La diputada neuquina Mercedes Tulián (PRO-NCN) presentó el martes pasado un proyecto de ley para establecer esto en la provincia y sentar un nuevo precedente. Repasamos cuáles son los argumentos en contra, a favor, y qué normativa rige al respecto.

Firmado también por los legisladores Verónica Lichter, Marcelo Bermúdez, Damián Canuto (PRO-NCN), Gisselle Stillger (Arriba Neuquén), Brenda Buchiniz (Cumplir) y César Gass (JxC-UCR), el primer artículo de esta iniciativa pretende "cumplir con un mínimo de 180 días de clase durante un ciclo lectivo, garantizar la protección y promoción integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes".

Se busca un cumplimiento mínimo del 75% de las jornadas, que abarca el nivel de escolaridad obligatorio: desde los 4 hasta los 17 años, así como a sus anexos: servicio de limpieza, mantenimiento e higiene de los establecimientos educativos. Cabe mencionar que también incluye establecimientos educativos especiales, escuelas-hogares y albergues, y los que cuenten con comedores escolares; para todas estas instituciones mencionadas, sin embargo, el porcentaje sería del 100%.

Neuquén: de las provincias con menos días de clase

Según un informe de la Coalición por la Educación Argentina del ciclo lectivo 2023 en las escuelas primarias, Neuquén fue la tercera provincia en tener la menor cantidad de días de clase. Las cifras muestran que, si bien se propuso cumplir con lo acordado en el Calendario Escolar del año pasado (que establecía 190 días, 10 más del mínimo exigido por ley), sólo se tuvieron 157 jornadas, por lo que el porcentaje de cumplimiento total fue del 73,91%.

Los datos, arrojados bajo la coordinación de los expertos en educación Gustavo Zorzoli y Horacio Moavro, muestran que estuvo entre las 4 jurisdicciones en tener más paros docentes. Contó con un total de 30 días de paralización de la actividad educativa, de los cuales 16 impactaron en más del 50% de los colegios. Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego mostraron un panorama similar o incluso peor.

Deserción escolar en Neuquén

En paralelo, el Observatorio de Argentinos por la Educación reveló que, en la provincia, el abandono escolar acumulado a la edad de 17 años fue de 16,3%. Y si bien la deserción escolar descendió 9,8 puntos porcentuales, está apenas por encima de lo ocurrido a nivel nacional, donde hubo una disminución de 9,3 en los últimos años.

La diputada Tulián, en diálogo con MDZ, expresó su preocupación por todas estas cifras: "No están ingresando al jardín los chicos, cuando es obligatorio en salita de tres y cuatro años, entonces estamos realmente ante una situación para atacar desde lo social, por supuesto, pero para garantizar desde lo educativo". 

El proyecto ingresó a mesa de entrada el pasado martes 9 para que tome estado parlamentario, y ahora está por entrar a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de la cual la legisladora es presidenta. Insistió en que no le dio prioridad a su proyecto, sino que todo se ingresa en el orden correspondiente, independientemente del partido que lo proponga; por lo tanto, su tratamiento comenzará en las próximas semanas y con buenos ojos de que sea sancionado, aunque reconoció que hay mucha resistencia al mismo. 

Educación esencial: un tenso debate

No se trataría de la primera provincia en implementarlo y, de hecho, ya tiene una legislación pendiente que buscan modificar con esta iniciativa. A través del Decreto 735/2010, el Gobierno de Jorge Sapag declaró la esencialidad del servicio educativo; la Organización Internacional del Trabajo (OIT) había marcado que no podía ser de un 100% porque vulneraría el derecho de huelga y paro en reclamo de los trabajadores, y se estableció un cumplimiento mínimo del 50% de la jornada educativa neuquina. 

"Nosotros proponemos una base del 75% porque la realidad es que ya hoy las jornadas son más cortas que en 2010, hay 4 horas de clase, cada una de 60 minutos, muy pocos tienen jornadas extendidas", señaló Tulián. En este sentido, aclaró: "Estamos dispuestos a charlar acerca del porcentaje de cumplimiento de jornada y llegar a un acuerdo".

Aseguró, para calmar las aguas, que ni ella ni el proyecto están en contra del Convenio Colectivo de Trabajo (algo que aún no existe en la provincia). Al mismo tiempo, insistió en que el derecho a huelga y el de educarse pueden convivir juntos: "No estamos en contra de que protesten por sus derechos, por un salario digno, pero dejan a los niños sin días y semanas de clase. ¿Por qué hay que castigarlos a ellos y a sus familias, que deben quedarse en sus casas sin poder salir a trabajar?".

El artículo 14 de la Constitución Nacional habla de los derechos que gozan los habitantes de la Nación conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, entre los que se reconoce "enseñar y aprender". "Pareciera que el derecho de los docentes es superior al derecho de los niños", apuntó la diputada. 

Aún así, no hay que pasar por alto que el sueldo docente es de los más precarizados. A nivel nacional, según los últimos datos oficiales publicados en septiembre del 2023, el salario bruto de un docente de nivel primario con 10 años de antigüedad fue en promedio de $233.410. El sueldo mínimo de los maestros y profesores, de momento, no se ha actualizado por falta de acuerdo entre las provincias, los gremios y Nación.

El derecho de aprender y de trabajar dignamente

Por lo tanto, todo reclamo para mejorar las condiciones salariales y edilicias, por ejemplo, tienen que ser escuchado, pero -en palabras de la legisladora- no por eso se debe desatender el derecho de los alumnos por aprender. Y, en rigor, el proyecto de Ley presentado también pide por mejores condiciones laborales para los educadores, a fin de justamente evitar cualquier tipo de paralización de la actividad.

Dentro de los argumentos que reza el proyecto, se especifica que declarar la educación como un servicio esencial "no impedirá la huelga docente, sino que hará obligatorio que las escuelas se mantengan abiertas con un servicio mínimo. Bajo un contexto de huelga, los alumnos estarían dentro de la escuela, ofreciendo además un espacio de contención y socialización para los estudiantes bajo supervisión adulta, evitando asimismo obstaculizar las responsabilidades laborales de sus familiares".

El punto de partida para tomar esta medida, según se expone, es el deseo de que los niños y jóvenes estén en la escuela, recibiendo una enseñanza de calidad. Por su parte, se exigiría un 100% de cumplimiento en establecimientos educativos especiales, escuelas-hogares y albergues, y los que cuenten con comedores escolares, porque además brindan un servicio de pura contención y ayuda a sus familias.

¿La educación debe ser esencial?

La legislación ha ido cambiando con los años. En 1990 se emitió el Decreto 2184/1990, que en su artículo 1° definía los servicios esenciales como “aquellos cuya interrupción total o parcial pueda poner en peligro la vida, la salud, la libertad o la seguridad, de parte de la población o de las personas”, mencionando la educación primaria, secundaria, terciaria y universitaria entre este conjunto de servicios.

En 2000 la normativa previa fue derogada mediante la Ley N° 25.250. Y si bien no incluyó a los servicio educativos dentro de dicha categoría, en su artículo 2° habilitó al entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos a calificar como esencial a una actividad distinta a las enumeradas si la extensión de su interrupción pusiera en riesgo la salud, vida o seguridad de personas, si la actividad afectada se considerara “un servicio público de importancia transcendental o de utilidad pública”, o si su suspensión pudiera generar una crisis nacional que pusiera en peligro las condiciones normales de la población. Poco tiempo después, se declaró la esencialidad de los servicios educativos con el fin de limitar las huelgas docentes. 

Distintos gremios han adoptado la postura de que las huelgas docentes y, por lo tanto, la interrupción de las jornadas de clase no atentan o ponen en riesgo la vida y la salud; por el contrario, insisten en que se debe apuntar a mejorar las condiciones laborales. En el año 2004, la Ley N° 25.250 fue derogada por la Ley N° 25.877, cuyo cuerpo normativo (vigente hasta el día de hoy) define a los siguientes servicios como esenciales: hospitalarios y sanitarios; producción y distribución de agua potable, gas y energía eléctrica; y el control de tráfico aéreo. La educación no está incluida. 

Sin embargo, de forma similar a los antecedentes normativos, la ley habilitó en su artículo 24 la clasificación excepcional de actividades como esenciales para los casos en los que la extensión y duración de su interrupción pusiera en riesgo la salud, vida o seguridad de toda o parte de la población, y/o cuando se tratara de un servicio público de importancia trascendental y en conformidad con los criterios establecidos por la OIT. 

Dado que los servicios educativos públicos de los niveles inicial, primario y secundario son gestionados a nivel provincial, su regulación está determinada por la correspondiente legislación subnacional. Ya dos provincias cuentan con normativa que define a la educación como esenciales: La Rioja a través de la Ley N°5.593/91, clasificación que mantuvo en la Ley 7.261/02 modificatoria de la anterior; y Salta, con la Ley N° 6.821/95. 

Aún así, y en contraposición con esto, para el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) la educación es un derecho humano y social, aferrándose a lo que establece la Ley 26.206 (Ley de Educación Nacional). Por lo que, en su reclamo expresan que toda normativa que vulnere dicho principio, atenta contra su vigencia, conducción del sistema nacional y, en términos políticos, contradice el último pacto educativo nacional.

Paros docentes: ¿tendrían consecuencias?

El famoso "el que corta no cobra" ha generado gran polémica. En este caso, se le consultó a Tulián sobre las consecuencias que podrían haber para aquellos que no cumplan con el piso de días educativos estipulados, en caso de sancionarse esta Ley en Neuquén. "Nosotros eso lo dejamos para la reglamentación. Siempre se tiene que justificar; el director tiene que justificar por qué tal docente no fue a trabajar. Las sanciones quedarán para la reglamentación", dijo.

Por último, sumó: "Dentro de esta Ley se presentará como una falta grave en el caso de que se mantenga una constante, como hubo muchas veces; es decir, si tenemos dos o tres semanas de paro. Son muchos días menos de clase, muchos días menos en la vida de ese chico que se tienen que recuperar".