Aumento en las prepagas: el pedido al Gobierno y los tres amparos presentados en la Justicia

La crisis en la salud privada se hace sentir cada vez más. Los aumentos en las prepagas y obras sociales afectan mes a mes a los afiliados que sufren los incesantes aumentos que no son controlados por ninguna autoridad. Desde la Legislatura elevaron distintos pedidos para que las empresas de medicina prepaga sean sancionadas por el Gobierno provincial. También avanzan en la Justicia Federal distintos amparos contra estas firmas por la suba de las cuotas en las facturaciones de los últimos dos meses.

En concreto, la Justicia Federal de Mendoza recibió un total de tres amparos que fueron presentados contra dos empresas de medicina prepaga (Swiss Medical con dos planteos y Medifé con el restante). Las mismas aumentaron un 40% luego de la desregulación que se había fijado con el mega DNU que hizo oficial Javier Milei a fines de 2023. Se espera que durante la semana pueda haber una resolución del juez Quirós. 

A su vez, el senador Duggar Chappel del Partido Verde hizo un pedido de declaración en la Legislatura provincial en el que cuestiona estos aumentos y exige que sea la provincia, a través de Dirección de Fiscalización y Control, la que sancione a estas empresas que aumentan mes a mes muy por encima de la inflación. "Las empresas de medicina prepaga han violado las disposiciones legales con los aumentos a las cuotas de los afiliados cuando acordaron entre ellas, transgrediendo la ley 24.240, arts. 1, 2, 3, 19, 61, 65 y cctes., ley 25.156 art. 2 inc) a, artículos 42 y 75 inc. 22º de la CN y en especial el art. 61 de la ley 24.240", marca el proyecto.

Existe una disposición del Ministerio de Economía (Nación) y de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor que señala que las empresas de medicina prepaga tienen una relación de consumo con los usuarios y la necesidad de preservar los principios que regulan el sistema de salud en Argentina. El DNU de Milei (70/2023) derogó algunos artículos de leyes clave y al eliminar el control estatal las empresas de medicina prepaga establecen libremente los precios de los servicios prestados a sus asociados. Es por eso que entienden que algunas prepagas "rompieron las reglas" y por ende se vieron afectados los derechos adquiridos de los usuarios que durante toda sus vidas pagaron lo establecido en los contratos firmados

El aumento que estaba autorizado en 2023 por el Ministerio de Seguridad era de un 150,48% anual acumulado. "El aumento de las prepagas es aplicado salvajemente a todos los usuarios o clientes sin meditar el perjuicio causado. Las empresas no tuvieron en cuenta la diferencia de situación existente entre los usuarios, ya que algunos habían realizado el trámite para limitar los aumentos y otros no. Sin embargo, se les aplicó un 40% a todos los usuarios por igual", comenta el proyecto ingresado a la Legislatura.

El legislador indica que se entiende que las empresas han incurrido en una conducta prohibida por la ley de defensa de la competencia en la que se aclara que está prohibido fijar o manipular el precio de la compra o venta de los servicios que se ofrecen en el mercado. Esas conductas podrían ser sancionadas ya que se ha denunciado que "las empresas de medicina privada han procedido a una verdadera cartelización para incrementar los precios a usuarios de manera coordinada, eliminando la competencia de ellos".

"Tal como se demuestra en el detalle de los aumentos ya decretados por la autoridad de aplicación que autorizaron un aumento en el curso del año mayor al 150% y afrontar sobre esto un 80% de incremento acumulativo, lo hace inalcanzable para la mayoría de la clase media. Esta cartelización empuja a usuarios de todo el país a pedir la baja y perder la antigüedad ganada por la permanencia por años en las mismas. Saben estos que luego de una determinada edad, la afiliación a una empresa es virtualmente imposible", comenta el senador.

En Argentina aproximadamente 2.000.000 de personas están afiliadas en forma directa a una de estas empresas y en forma indirecta por pagar una parte de la cuota la obra social alrededor de 6.000.000 de personas. Apenas salió el DNU sin esperar a que sea aprobado, se envió a todos los beneficiarios una carta avisando que iban a aumentar el 40% y en febrero avisan que aplicarán un 25% más acumulativo. Si bien, a la espera de que la Justicia devuelva los derechos violentados por este DNU, hay personas que no van a poder hacer frente al pago perdiendo la antigüedad y los beneficios de la permanencia. "Esto puede desencadenar un verdadero homicidio en masa con consumidores hiper vulnerables que sobre su estado de salud se le agregue el penoso proceso de pobreza y no poder hacer frente a los pagos", destaca Chappel.

Y suma que: "Las dolencias de muchos pacientes y la imposibilidad de pagar las tarifas anunciadas han llevado a que se presente esta denuncia ante el Gobierno de la provincia a través de Fiscalización y Control. Si bien había un retraso en las tarifas de las prepagas (algunos poseían un retraso menor que otros) la salida a esta anormalidad no puede hacerse a través de un acuerdo de las empresas que poseen un carácter dominante en el mercado. Las empresas son conscientes que están cometiendo un ilícito con graves consecuencias para la vida de los argentinos, justamente los llamados a preservarlas".