Malargüe Distrito Minero: la Justicia le dio luz verde a los 34 proyectos
La Justicia de Mendoza le dio luz verde al Distrito Minero Malargüe Occidental tras rechazar la medida cautelar que interpusieron los ambientalistas mendocinos para frenar los 34 proyectos mineros. “No surgen elementos que permitan apreciar verosímil un obrar `manifiestamente` arbitrario de parte de la Autoridad Ambiental Minera”, resolvió la jueza María Angélica Gamboa.
El 26 de noviembre, Jennifer Ibarra -en representación de la Fundación Cullunche- y el ambientalista Eduardo Sosa presentaron una acción de amparo colectivo ambiental y una medida cautelar contra el Gobierno de Mendoza para declarar inconstitucional la Declaración de Impacto Ambiental de 34 proyectos en Malargüe que se aprobó el 12 de noviembre en la Legislatura.
Ibarra y Sosa aseguraron que el Gobierno de Mendoza actuó de forma ilegal y arbitraria en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y que hay riesgo de graves perjuicios para el ambiente si se avanza con la actividad minera en el lugar porque se puede afectar zonas periglaciares.
Después de más de un mes, el tribunal de gestión asociada rechazó la medida cautelar. “No surgen elementos que permitan apreciar verosímil un obrar `manifiestamente` arbitrario de parte de la Autoridad Ambiental Minera”, explicó la jueza María Angélica Gamboa.
“No surge verosímil una arbitraeridad o ilegalidad de la envergadura necesaria para considerar que concurre el humo de buen derecho”, agregó.
Además, la jueza advirtió que no hay detalle claro de lo que los ambientalistas definen como grave perjuicio. “El daño en ciernes denunciado por los amparistas no es precisado, conteniendo al respecto el escrito de demanda asertos genéricos sobre “graves perjuicios”. Sorteando esta ausencia de delimitación del daño que se denuncia grave e irreparable en el supuesto de no suspenderse las actividades de los proyectos cuyas DIA fueron emitidas y ratificadas por la Ley 9588, lo cierto es que no existen elementos que permitan tener por acreditado tal daño potencial”, resolvió la magistrada.
Por su parte el amparo colectivo ambiental todavía no está resuelto por la Justicia. De hecho el pedido de inconstitucionalidad de la DIA que habilitó 34 proyectos mineros puede demorar cerca de una década recorriendo la Cámara, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana sobre medio ambiente y derechos humanos.
La postura de los ambientalistas
Antes de Navidad, Eduardo Sosa advirtió sobre las demoras en el proceso judicial. “Se cumple un mes desde que interpusimos la acción de amparo colectivo junto con Fundación Cullunche para detener la autorización a los 34 proyectos mineros del Distrito Minero Malargüe Occidental”, dijo.
“No creo que en la historia judicial mendocina haya existido una demora tan grande en responder a una acción que vulnera derechos ambientales y pone en grave riesgo el patrimonio ambiental provincial”, agregó.
Los ambientalistas advirtieron el juego con los tiempos de la Justicia y aseguraron que la jueza rechazó la medida cautelar el último día a última hora antes de la feria lo que los deja casi sin herramientas para apelar. “La semana pasada pedimos una habilitación de feria porque sabíamos que podía pasar algo como lo que pasó hoy, pero no sabemos si va a servir. Si el tema lo atiende un juez de cámara después de la feria, vamos a poder presentar la apelación en febrero y se va a resolver a mitad de mes. Para esa fecha los mineros ya van a estar bajando de la montaña”, dijo Sosa.