La comunidad universitaria le hizo frente a la motosierra de Milei

Durante su primer año de gestión como presidente, Javier Milei  debió surfear varios conflictos, pero sin dudas, el que quizá le ocasionó más costo político fue el que mantuvo (y mantiene) con las universidades públicas argentinas, por la falta de actualización del presupuesto nacional y por las auditorías anunciadas para el control del gasto realizado por las autoridades universitarias. 

La polémica estalló en abril de 2024, luego de que distintas universidades advirtieran que no podían hacer frente a los gastos de mantenimiento de sus actividades académicas y administrativas esenciales con los recursos asignados para el 2024, que cuyo monto era igual al presupuesto reconducido del 2023.

Los cuestionamientos alcanzaron un punto crítico el 23 de abril, cuando más de 800.000 personas participaron en la primera marcha universitaria de la gestión de Javier Milei. Bajo el lema "Sin salarios ni presupuesto no hay educación", estudiantes, docentes y gremios se unieron para exigir al Gobierno Nacional una solución inmediata. 

En octubre, se llevó a cabo otra marcha multitudinaria en la emblemática Plaza del Congreso, mientras que en ciudades como Córdoba, Rosario y Mendoza se replicaron manifestaciones similares. Estas protestas estuvieron acompañadas por vigilias organizadas en distintas facultades, donde estudiantes y docentes reclamaron la defensa de la Ley de Financiamiento Universitario.

Ocurre que las dos cámaras del Congreso, habiendo escuchado los reclamos de los representantes de las principales universidades nacionales el país, aprobaron una Ley que les otorgaba mayor financiamiento, la cual días después fue vetada por el propio Milei.

Frentes abiertos

La situación se agravó semanas más tarde con el anuncio del Gobierno Nacional de realizar auditorías en las casas de estudio, una medida que generó rechazo generalizado. La Universidad de Buenos Aires (UBA) cuestionó esta decisión recurriendo a la Justicia y argumentando que las medidas adoptadas afectaban la autonomía universitaria y desviaría el foco de los problemas presupuestarios reales.

En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a rectores de todo el país, expresó su preocupación por lo que consideró un intento de deslegitimar el funcionamiento de las instituciones públicas. En ese sentido, el CIN subrayó que las universidades ya cuentan con mecanismos de control interno y externo que garantizan la transparencia en el uso de los fondos. Además, refutaron el cuestionamiento de Javier Milei en sus redes sociales sugiriendo maniobras corruptas por parte de las autoridades universitarias en el manejo de los recursos enviados por el Gobierno.

Otro tema que tensó aún más la relación entre el Gobierno y las universidades fue la propuesta de arancelar a estudiantes extranjeros. Desde la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), esta medida fue calificada como contraria a los principios de inclusión y acceso que caracterizan al sistema educativo argentino. La UNC advirtió que, lejos de solucionar los problemas de financiamiento, estas medidas podrían generar discriminación y reducir la diversidad en las aulas.

Al respecto, Claudia Torcomian, secretaria de Asuntos Académicos de la UNC, subrayó que los estudiantes extranjeros representan apenas el 1,3% del total de la matrícula universitaria, es decir, alrededor de 2.000 personas sobre los 150 mil alumnos registrados en la universidad.  

Asimismo, en el cierre del ciclo académico de la Universidad Nacional de Córdoba, el rector Jhon Boretto, se refirió a otro de los conceptos que difundió el Gobierno este año: que la universidad pública solo le sirve "a los hijos de los ricos". Al respecto, el recto de la UNC expresó: “Uno de nuestros desafíos es plantearnos un diálogo con la sociedad con transparencia sobre todo lo que hacemos. La universidad pública sigue siendo un motor de ascenso social. Más del 60% de quienes egresan siguen siendo primera generación de graduados en sus familias”, expresó el rector.

En el caso de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), las autoridades expresaron durante el año su rechazo a la falta de planificación presupuestaria para 2025, señalando que esta incertidumbre afecta directamente la proyección de proyectos de investigación y extensión, pilares fundamentales de las universidades públicas. Además, destacaron que la educación superior no puede ser considerada un gasto, sino una inversión estratégica para el desarrollo del país.

En tanto, desde la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), el largo año de conflicto por el presupuesto universitario devino en una "fuga de cerebros" que eligen emigrar a otras instituciones por los salarios por debajo de la línea de pobreza, dificulta el sostenimiento de las clases y la educación pública.

Según se advirtió, cada vez son más los docentes, científicos e investigadores de áreas estratégicas presentan sus renuncias y la situación se vuelve más alarmante para la comunidad universitaria que asegura que "sin docentes, no hay Universidad Pública".

Perspectivas poco alentadoras

A pesar de que la comunidad universitaria fue sin duda la que más fuerte se paró contra la motosierra de Milei, las protestas no tuvieron los resultados esperados y las negociaciones quedaron abiertas para definir los recursos del próximo año, en medio de un clima de desconfianza y tensiones.

Emiliano Cagnacci, Secretario General de Aduba (Asociación de Docentes de la UBA), señaló a MDZ que la perspectiva que se abre para el 2025 no es alentadora.

"En este primer año del gobierno de Javier Milei, el sistema universitario en general y la comunidad universitaria en particular, hemos visto afectados desde el presupuesto designado hasta los salarios fijados para trabajadores y trabajadoras universitarias, tanto docentes como no docentes, sumado a una serie de agresiones, tanto verbales o también presupuestarias", evaluó Cagnacci.

"Desde el relato que construyeron en torno a que los docentes y las docentes adoctrinábamos a los alumnos hasta generar confusión en la sociedad respecto a la corrupción supuesta en las universidades, sin que exista una denuncia concreta. Se persiguió a estudiantes que militan y participan políticamente de la vida universitaria, recortando sus becas Progresar. Y, luego, en esta última etapa, se insistió hablar de la necesidad de auditorías, a entender como que el sistema universitario no es auditado", manifestó.

"Todas estas cuestiones hicieron que el 2024 sea un año de conflicto, donde dos veces, el 23 de abril y el 2 de octubre, hemos salido a la calle de manera masiva, no solo los universitarios y las universitarias, sino el conjunto de la sociedad argentina, para dar muestras que este sistema universitario, que tiene 5 premios Nobel, que permite el ascenso social y que da garantías de igualdad de oportunidades, es un modelo que estamos dispuestos a defender como sociedad", subrayó.

Cagnacci recordó que a pesar de la contundente defensa a la educación pública universitaria y el respaldo de los legisladores al dictar la Ley de financiamiento universitario, -"que ambas cámaras de manera muy superior, en términos numéricos, votaron a favor"-, el Gobierno la vetó, perdiendo la última chance de aumentar las partidas presupuestarias. Este, es un gobierno que ha trabajado para no tener presupuesto, para mover discrecionalmente los fondos. Por lo tanto, lo que nos está sucediendo, es que se ha terminado naturalizando la pérdida salarial que hemos tenido los y las trabajadoras del sistema universitario", graficó el Secretario General de Aduba.

Para el 2025, señaló que no cabe dudas que el conflicto tendrá continuidad. "Esto no será así por una decisión de los y las trabajadoras, o de los y las estudiantes, sino por una decisión del Gobierno nacional, que no está dispuesto a discutir con la sociedad argentina qué modelo de universidad propone. Acá lo que se termina discutiendo, aunque no de manera abierta al conjunto de la sociedad, es a quién enseñamos, por qué enseñamos y para qué enseñamos en las universidades argentinas", concluyó.