Cómo son las auditorías a las universidades y por qué el Gobierno presiona con la SIGEN
Es un conflicto de intereses con años de historia que ya llegó al Poder Judicial. Pablo Teixidor explicó sus complejidades desde el punto de vista legal en MDZ Radio 105.5 FM.
La batalla entre el Gobierno nacional y las universidades, principalmente la Universidad de Buenos Aires (UBA), continúa. Desde el oficialismo declaran que las instituciones educativas no están siendo auditadas y gastan innecesariamente. Pero, ¿es verdad esto? Desde las universidades afirman todo lo contrario, y denuncian que el Gobierno busca desfinanciar al sistema educativo para una eventual privatización. Pablo Teixidor, abogado especialista, explicó el conflicto en su columna semanal de MDZ Radio 105.5 FM.
Primero que nada, las universidades son entes públicos no estatales, es decir, tienen autonomía del Gobierno (la llamada autonomía universitaria). Es obligación del Poder Ejecutivo Nacional garantizar el financiamiento de las universidades nacionales, dispuesta por el Congreso en el presupuesto nacional, pero no está dentro de su competencia controlar de qué manera se aplican los recursos.
Las auditorías a las universidades las realiza la Auditoría General de la Nación (AGN), a partir del artículo 59 de la Ley de Educación Superior. Sin embargo, el Gobierno nacional exigió que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) realice las auditorías después de la marcha universitaria. Este es un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, por lo que desde la UBA denuncian que dicho proceso estaría violando la autonomía universitaria, y la UBA inició una demanda contra el Gobierno para impedir que la SIGEN audite.
Es acá donde entra en juego una discusión legal: "Había una colisión con la Ley de Administración Financiera 24.156, en el artículo ocho y concordantes, donde se permite a la Sindicatura General de la Nación la SIGEN auditar todas las entidades del Estado. Aunque estas tengan autonomía financiera o autarquía, hace la disquisición", explicó el abogado. En el año 2020, el gobierno de Alberto Fernández aclaró mediante una legislación que las auditorías las realiza la AGN y no la SIGEN. Sin embargo, "el procurador del tesoro actual Rodolfo Carlos Barra impone un cambio de criterio e impone que la SIGEN sí que puede actuar: Es acá donde comienza el conflicto".
"¿Pero qué ocurre? Las auditorías que hace la AGN son posdatadas: Auditan periodos que ya transcurrieron. Vamos al ejemplo. La queja del Ejecutivo Nacional dice que a la UBA no se la auditó en todos estos años. La única facultad de la UBA auditada por el periodo 2017 presentado en 2023 es psicología. Es decir, están atrasadísimas, lentas. Y no son lo minuciosas que al Poder Ejecutivo le gustaría que fueran", comentó.
El gran problema es que las normas que rigen hoy aclaran perfectamente que la AGN es la encargada de las auditorías, "pero no dice bajo qué frecuencia se puede auditar, que es una de las quejas. Y tampoco hay una auditoría concomitante en la medida que se van gastando los dineros de las universidades", concluyó.