Cuestionan norma de la Superintendencia que limita las prescripciones médicas
El abogado especializado en Salud, Federico Ferrari, fustigó la disposición que solo valida las prescripciones emitidas por médicos en cartilla. Aseguró que va contra los derechos de los pacientes.
En el marco de las modificaciones en el sistema de salud en el país, el Gobierno dispuso este lunes, a través de la Resolución 3934/24, que solo los médicos incluidos en cartillas de prepagas y obras sociales quedan habilitados para prescribir medicamentos y tratamientos que los pacientes puedan solicitar como cobertura, subsidio o reintegro de prácticas médicas y medicamentos.
La disposición lleva la firma del titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, quien se desempeñó en diversas funciones durante casi 30 años dentro del Grupo OSDE.
La resolución establece que las cartillas de prestadores deben ser presentadas ante la SSS, indicando el tipo de plan de salud para el cual rigen, a fin de garantizar la “transparencia y validez operativa”.
“Es fundamental controlar que, en los planes cerrados, las prácticas y medicamentos indicados a los beneficiarios sean prescriptos exclusivamente por los médicos incluidos en las cartillas del Agente del Seguro de Salud correspondiente, para evitar inconsistencias en la prestación y mitigar riesgos financieros”, argumentó el Gobierno.
En el marco de esta resolución, que exige a todos los afiliados de planes cerrados atenderse exclusivamente con prestadores incluidos en cartilla o bien elevar su prestación a los planes abiertos, que suelen ser los más costosos, el abogado especialista en salud, Federico Ferrari, fustigó el reordenamiento que se viene llevando adelante.
Ferrari, quien integra el equipo de letrados del staff de "Abogado de la Salud", enumeró una serie de medidas que vienen implementándose y que derivan en una serie de recursos de amparo que el estudio jurídico viene receptando por parte de los pacientes.
“Esta resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud, al establecer que todos los médicos, para prescribir determinadas medicaciones, tienen que ser prestadores de la obra social o prepaga, básicamente los convierte en ´empleados´ de ellas. Esta medida elimina prácticamente el alcance de las matrículas de los médicos”, sentenció.
Luego enfatizó: “Para ordenar una medicación necesitás haber terminado la carrera de medicina y estar matriculado en el Colegio de Médicos, pero la resolución establece que, para medicar u ordenar un tratamiento, hay que ser parte de la cartilla de una obra social o prepaga. Además, bajo ese criterio, si querés como paciente hacer una interconsulta, no podés hacerlo salvo que sea con un médico de la misma cartilla”, subrayó Ferrari.
Para el abogado especializado en salud, lo que se está haciendo con estas resoluciones es “darle un poder exorbitante a las obras sociales y prepagas y someter a los médicos a su voluntad”.
“Esta resolución de la Superintendencia, que básicamente desestima la orden médica si no es emitida por un prestador, es absolutamente inválida”, señaló. Y opinó: “Esto va en contra del ideario de libertad que plantea el Gobierno, porque en teoría, si sos libre, podés elegir a tu médico, conforme a la Ley de Derechos del Paciente. Pero con esto, les están cercenando esa libertad”, dijo.
"Ninguna acción a favor del afiliado"
Además, el letrado negó que esta decisión se haya basado en el concepto de que el sistema de salud privado “está quebrado”. “Dicen que está quebrado para aumentar el valor de las cuotas todos los meses, mientras se disminuyen las prestaciones y no actualizan los salarios a los médicos. ¿Cómo pueden estar quebradas las prepagas si el año pasado Swiss Medical compró una parte importante de Medicus y sus acciones cotizan en bolsa? Hacen publicidad por todos lados y, al mismo tiempo, incumplen medidas judiciales que las obliga a retrotraer el valor de las cuotas o volver a afiliar a personas que dejaron fuera por mora en los pagos. Les están cobrando lo que se les ocurre”, enfatizó.
Asimismo, evaluó que la seguidilla de medidas que está aplicando el Gobierno en las últimas semanas termina beneficiando a las empresas y no a los afiliados. “Yo lo pondría en términos rotundos. No estamos hablando de que el Gobierno hace ‘la vista gorda’ o no ve una situación por omisión. Acá se están tomando acciones dirigidas a favor de las prepagas y en contra del afiliado. Y las resoluciones las firma el director de la Superintendencia del Servicio de Salud, Gabriel Oriolo, quien está en funciones hace siete meses y antes fue directivo del grupo OSDE por 30 años. El caso ya tiene tratamiento en la Oficina de Anticorrupción por incompatibilidad con el empleo público. No se puede estar ejerciendo el cargo en una empresa de salud privada y luego pasar a formar parte de la fiscalización estatal de este mismo rubro. Recordemos que la Superintendencia del Servicio de Salud es un ente fiscalizador y aquí se están tomando decisiones que no tienen nada que ver con esa función de control”, argumentó Ferrari.
Por último, señaló que en su estudio jurídico, tanto él como sus colegas están asistiendo a muchas personas que buscan realizar amparos judiciales porque son desafiliados sin preaviso o porque se les niegan autorizaciones para acceder a determinada medicación.
“Lo que más vemos a diario es la resignación de la gente, que la ves absolutamente derrotada, que quedó fuera del sistema después de años como afiliados y termina diciendo que no tiene otra opción que ir a los hospitales. Nos dicen que no ven ninguna resolución a favor de la gente, y que los fallos judiciales, por ejemplo, por los aumentos de cuotas, no se respetan. Eso genera mucha desconfianza en la Justicia, porque las prepagas incumplen las sentencias y no pasa nada. Hay muy pocos jueces que trabajan en serio al respecto. Tampoco hay un dictamen de la Corte Suprema, que desde principios de año tiene este tema y no lo resuelve”, indicó.
Finalmente, recomendó a la gente acudir a su médico de confianza y desconocer la resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud. “Lo mismo le digo a los médicos. Si tenés que recetar un medicamento a algún paciente porque es lo mejor para su salud, recetalo. De nuestra parte, los abogados estaremos a disposición para colaborar y defender el derecho de los pacientes, porque esta disposición de la SSS es inválida y debe ser sometida a revisión para su revocación”, expresó Ferrari.