El caso de la UBA contra la auditoría de la SIGEN ya tiene juez
El juez en lo contencioso administrativo federal, Diego Cormick, derivó este martes a la fiscalía la demanda presentada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) para definir si su fuero es competente en el reclamo contra la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
La universidad busca evitar que el organismo lleve a cabo una auditoría sobre su administración, argumentando que la SIGEN no tiene competencia para realizar dicho control. Cormick, quien asumió el caso tras el sorteo realizado esta mañana, solicitó que la fiscalía emita un dictamen sobre la competencia del tribunal antes de decidir sobre la medida cautelar solicitada.
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La UBA presentó este lunes una "acción declarativa de certeza" con el objetivo de que la justicia determine si la SIGEN puede o no auditar sus operaciones. En el marco de esta acción, la universidad solicitó una medida cautelar para impedir que la auditoría se realice hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
En su presentación, la UBA pidió al Poder Ejecutivo Nacional y a la SIGEN que "se abstengan de realizar cualquier tipo de acción vinculada con intervenciones a esta Universidad, bajo el nombre de auditorías y/o cualquier otra denominación que implique el control interno".
La UBA argumenta que la SIGEN carece de competencia para realizar la auditoría anunciada unilateralmente, prevista para el 28 de octubre. La demanda también cuestiona la validez constitucional del artículo 8 del Decreto 1344/07, que habilita a la SIGEN a ejercer control interno en organismos públicos, por considerarlo contradictorio con normas de rango superior. Según la universidad, este decreto vulnera artículos específicos de la Constitución Nacional y contradice disposiciones de la Ley de Educación Superior y de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
Además, la UBA sostiene que el decreto contradice artículos clave del Estatuto Universitario y la Resolución (CS) Nº 8237/13 del Consejo Superior de la UBA, que establece pautas sobre su autonomía. En el texto de la demanda, la UBA argumenta que la normativa atacada representa una “inexcusable violación del orden jurídico constitucional” al vulnerar lo dispuesto en los artículos 75 inciso 19 y 99 inciso 2º de la Constitución Nacional (CN), la Ley de Educación Superior 24.521 y otras normativas internas de la universidad.
La universidad busca, a través de esta demanda, una "declaración judicial de certeza" que establezca la inconstitucionalidad del decreto y que confirme la inexistencia de relación jurídica entre la SIGEN y la UBA en cuanto al control interno. La medida cautelar solicitada tendría como objetivo detener cualquier acción de auditoría hasta que la justicia se expida sobre el fondo del asunto.
Cormick quedó a cargo del caso luego de que la UBA recusara sin causa a la jueza federal Rita Ailán, asignada inicialmente por sorteo. Este recurso de recusación permitió que el expediente fuera reasignado a otro juez.
Ahora, con la fiscalía encargada de emitir su dictamen sobre la competencia, el tribunal decidirá si avanza en el tratamiento de la demanda. La resolución del caso tendrá implicancias sobre la relación entre organismos de control nacionales y las universidades públicas, especialmente en temas de autonomía y auditorías.