Inquilinos: el Estado a medida de la renta

Hace siete años atrás, desde la Asociación Platense de Inquilinos hablábamos de que los contratos de alquiler se habían convertido simplemente en una herramienta a medida de la rentabilidad de los propietarios e intermediarios. En una simple lectura de los mismos, podíamos ver que tenían una clara tendencia a beneficiar al propietario y garantizar su ganancia. En cambio, si los contratos poseían algún beneficio para el inquilino era porque estaban garantizados por las leyes y, si por lo menos se quería mantener algo de “legalidad”, los mismo eran respetados.

Por ello gran parte de los reclamos de las organizaciones de inquilinos estuvo centrado en desarrollar legislación que fuesen ganando derechos, una especie de piso en el cual podíamos pelear ante los abusos y la clara tendencia de valorar más la ganancia por sobre nuestro derecho al acceso y permanencia en una vivienda digna. Un contrato a medida de la renta es simplemente un papel que termina validando la relación desigual de las partes. 

Pero hoy, estamos ante otro escenario, el nuevo gobierno corre la vara y avanza de forma abrupta contra las personas que alquilan. Para sostener esto queremos remarcar algunos puntos centrales de la política del actual gobierno. En primer lugar, tanto el DNU como el proyecto de ley “ómnibus” es un claro ataque al sector trabajador, por ello los hogares que alquilan no solo se verán afectados por las modificaciones en la forma de alquilar, sino que principalmente se verán afectados sus ingresos y su estabilidad laboral, que repercute directamente en su capacidad de sostener o acceder a una vivienda digna. 

En segundo lugar, el DNU no sólo derogó la “ley de alquileres”, sino que avanzó en cambios profundos del código civil, dejando todo a ”la voluntad de la partes” y restringiendo el accionar de los jueces ante lo que uno firma, en criollo: “si lo firmaste, no hay reclamo”. Tercero, la lógica de poner la “propiedad privada” como valor central y menospreciar los “derechos sociales”, sólo significa una manera de justificar el retroceso en materia de derechos adquiridos y reforzar una ideología funcional para aquellos que ya concentran la mayoría de las riquezas, en nuestro caso la vivienda.

Cuando uno escucha “el mercado se regula solo”, para quien alquila significa precariedad, endeudamiento, no saber si va a poder pagar, mudarse más lejos y peor; y en algunos casos, terminar en la calle. Vale aclarar, que esta política afecta también a pequeños propietarios que impulsados por la campaña del sector inmobiliario, volcaron masivamente sus propiedades a la venta, lo
cual derrumbó el precio y permite que sean comprados por sectores concentrados del rubro.

El libre mercado, solo lleva a que las ciudades sean de unos pocos

Ante esto, la respuesta de los sectores que abogan por los derechos de las personas que alquilan debe estar enfocada en la defensa integral de los derechos de los y las trabajadoras, articulando estos reclamos con el de los sindicatos y organizaciones sociales, haciendo foco en el tema de los ingresos y el acceso a la vivienda digna. Atomizar el reclamo solo a la cuestión del alquiler, no nos permitirá estar a la altura de este avance sobre los derechos de la mayoría de los y las trabajadoras. Defender el trabajo y la vivienda es una bandera que nos convoca a todos y todas. 

Años atrás nos preocupaban como se hacían los contratos, hoy el problema es mayor, ya que este gobierno puso al estado a medida de la renta.

* German Schierff. Miembro de la Asociación Platense de Inquilinos.