Cambios en biocombustibles: tensión entre petroleras y el Gobierno

En un giro estratégico que busca transformar el escenario actual del negocio de biocombustibles en la Argentina, el Gobierno incluyó en la ley ómnibus la eliminación de las restricciones estatales que actualmente rigen el sector, promoviendo así la competencia y la apertura del mercado. Sin embargo, las primeras objeciones no tardaron en hacerse sentir.

Según fuentes del sector petrolero, uno de los grandes ganadores de los cambios es Bioetanol Río Cuarto, una empresa que ostenta el 10,5% del volumen de bioetanol asignado mensualmente por la Secretaría de Energía para mezclar con las naftas producidas en el país. En el complejo entramado de intereses, la compañía se posiciona como la tercera más beneficiada entre las 18 seleccionadas mensualmente por el Gobierno. Tan solo en diciembre, Bioetanol Río Cuarto recibió un cupo de 10.500 m3 de bioetanol, generando ingresos por 4.871 millones de pesos.

La particularidad de esta situación radica en que Bioetanol Río Cuarto pertenece a Manuel Ron y Germán Di Bella, actual subsecretario de Agricultura de la Nación y exsecretario de Desarrollo Económico en la ciudad cordobesa de Río Cuarto. 

En este nuevo escenario, la propuesta de Milei busca poner fin a estas prácticas que han caracterizado el mercado de biocombustibles durante casi dos décadas, donde el Estado determina todas las reglas, creando un mercado cautivo para un selecto grupo de empresas con volúmenes de venta y precios garantizados.

Además, la resistencia no se ha hecho esperar. Algunas provincias, entre ellas Córdoba, Santa Fe y Tucumán, han enviado ministros a Buenos Aires para reunirse con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y con el secretario de Agricultura, Fernando Vilella, para expresar las preocupaciones y desacuerdos respecto a la propuesta de desregulación del mercado de biocombustibles que, según la mirada de esos distritos, perjudicaría a las Pymes.

Frente a esa embestida, el Gobierno accedió a realizar una serie de modificaciones en el texto original, que forman parte de los acuerdos alcanzados en las últimas horas para garantizar el dictamen de la ley en Diputados.