Un fuerte comunicado desnuda el conflicto entre médicos y obras sociales

En las últimas horas, el conflicto entre los médicos y las obras sociales y prepagas se profundizó luego de que el Consejo Médico de la provincia de Córdoba difundiera un duro comunicado en el que se solidariza con los profesionales que cobran un extra  de $3.000, al tiempo que exigió a las financiadoras que acorten los plazos de pago “para evitar el quiebre de las instituciones”.

El documento se dio a conocer horas después de que los centros de diálisis de Córdoba capital y el interior provincial admitieran que se encuentran atravesando un “estado terminal”, debido a que la gravedad de la crisis impacta de lleno a estas instituciones, a punto tal que, para subsistir, consideran “imperioso un aumento uniforme del módulo a todas las obras sociales y empresas prepagas, cobrar a 30 días de la prestación (hoy lo hacen a 60 e incluso a 90 días) y que se actualice según el costo de vida de Córdoba”.

Al respecto, Jorge Abdala, titular de la Asociación de Prestadores de Hemodiálisis y Trasplantes Renales del Centro (Apheytrc), admitió que la situación “está en el límite de lo resistible” y confirmó que “ya no recibimos nuevos pacientes”.

“Si no se actualiza el valor de las prestaciones y el pago en tiempo y forma, en pocos días los pequeños centros de diálisis del interior provincial se verán imposibilitados de proseguir abiertos”.

“La devaluación continua del peso, la imposibilidad de adquirir insumos atados al valor dólar, las cargas laborales y la morosidad de obras sociales y prepagas nos han llevado a un escenario sumamente difícil y nos obliga a tomar medidas ingratas y no queridas pero necesarias para poder seguir atendiendo”, precisaron.

En ese mismo sentido, este jueves, la Asociación de Prestadores de Hemodiálisis y Trasplantes Renales del Centro, envío una carta documento a todos los financiadores, exigiendo actualizar el valor del módulo y que paguen a 30 días.

Por su parte, el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba emitió un duro comunicado. En el escrito, la entidad que nuclea a los profesionales de la salud solicitó a las financiadoras que acorten los plazos de pago, para evitar así el quiebre de las instituciones.

Cabe recordar que, siguiendo los pasos de los médicos mendocinos, las clínicas y sanatorios de la provincia de Córdoba comenzaron el viernes pasado a cobrar copagos de acuerdo con la complejidad de la prestación, con montos que arrancan desde los $ 3.000 por una consulta por guardia. La medida se implementa de distintas maneras en las más de 50 instituciones que forman parte de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Córdoba (Aclisa).

En el documento, el Consejo de Médicos advirtió sobre la situación crítica que atraviesa el sistema de salud y que deriva," pese a años de alertar sobre la problemática, en el perjuicio de los pacientes".

Además, señaló que la misma "es consecuencia de una serie de errores que cometen distintos actores del sistema y que luego termina afectando a los prestadores –instituciones o trabajadores de la salud– que son los que toman contacto directo con los pacientes y sus padecimientos". 

Retraso histórico y asimetría

"Hay dos situaciones que ya desde hace varios años complican innecesariamente a los establecimientos y profesionales. Una de ellas es la demora de, en promedio, tres meses por parte de prepagas y obras sociales para pagar una práctica médica o un estudio. Ese retraso tiene una causa histórica: antes, ese lapso se utilizaba para completar las gestiones administrativas, muchas veces engorrosas en la época de tramitación analógica. Pero hoy, con la digitalización, todos los procedimientos se han acelerado, por lo que esa brecha temporal es injustificable y, en tiempos de inflación, altamente gravosa para entidades y médicos", enfatizó la entidad.

La segunda "asimetría entre financiadores y prestadores de salud" que advirtieron se verifica cuando hay una disidencia por el cobro de una práctica. "En esos casos, los financiadores primero debitan el monto y luego se analiza la situación. Debería ser al revés: investigar la pertinencia de la práctica primero y después, si corresponde, debitarla del siguiente cobro. De lo contrario, se descuenta al prestador ´por las dudas´, antes de que esté definida la causa de la discrepancia y cuál de los actores tiene razón en la controversia", cuestionaron.

El comunicado finaliza señalando que "los problemas económicos derivados de la inflación y de los errores del sistema no deben pagarlos los prestadores, sino aquellos que, mes a mes, perciben –sin demoras– un ingreso por su cobertura: es decir las financiadoras. No deben hacerse cargo ni los establecimientos, ni los trabajadores de la salud, ni los pacientes", subrayaron.

Intimaciones por cobros extra

Cabe destacar que la obra social de empleados y jubilados provinciales - Apross - anunció esta semana que intimaría a las instituciones que incumplan con los convenios y que trasladen a los afiliados los gastos por cobros extra. Pidió a sus afiliados que notifiquen, en caso de tener que pagar esos costos adicionales.

Por otra parte, la obra social de jubilados Pami amenazó con realizar “descuentos en la facturación o bajas como prestador” a las instituciones que cobren plus.