Un duro informe sobre la pesca ilegal revela otro fracaso argentino
Mucho se habla de las posibilidades que tiene la Argentina en materia pesquera. Sin embargo, pasan los gobiernos y lo único que se consolida es la pesca ilegal en el mar argentino. Medido en dólares, las pérdidas son millonarias.
La Argentina tiene un gran potencial en materia pesquera. Los miles de kilómetros de litoral marítimo la ubican en un lugar privilegiado a nivel mundial. Sin embargo, la falta de políticas concretas y una visión estratégica a largo plazo hace que pasen los gobiernos y la explotación de esta industria no alcance los niveles lógicos.
La situación se agrava porque no sólo el país no aprovecha esa fuente de recursos sino que son otros países quienes obtienen beneficios económicos mediante la pesca ilegal que tampoco se controla.
Por este motivo, nuestro país se ubica en el tercer lugar del podio mundial y es el mayor damnificado en Latinoamérica. A nivel general, las pérdidas globales se estiman en hasta USD 50 mil millones, y, según el estudio, Argentina pierde anualmente hasta 3500 millones de dólares por ésta práctica ilícita, sólo superada por los casi USD 12.000 millones que pierde África, en su conjunto, y los USD 4000 que le son hurtados a Indonesia.
A nivel regional, en América Latina, nuestro país encabeza el triste ranking de mayores pérdidas económicas, en promedio casi siete veces más que Perú (USD 500 millones) y unas doce veces más que Chile (USD 300 millones).
Los datos corresponden a un flamante estudio de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) en referencia a las pérdidas millonarias que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) genera a las naciones en desarrollo.
Raúl Cereseto, presidente de la entidad a cargo del reporte, detalló que los números se corresponden con los resultados de un trabajo que se llevó a cabo durante el primer semestre del año, a través del entrecruzamiento de datos de una investigación propia (basada en reportes de especialistas en la materia) con informes de la Financial Transparency Coalition (FTC), del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la Universidad Americana (CLALS), del Círculo de Políticas ambientales, de la Global Fishing Watch y de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Volumen del negocio
El informe de la FULASP detalló que este tipo de práctica representa hasta un 30% de las actividades del sector pesquero mundial, con un volumen de negocios anual estimado entre 10.000 y 23.000 millones de dólares.
Al mismo tiempo, reconoce que la INDNR conlleva a que más del 90% de los recursos pesqueros mundiales "estén plenamente explotados, sobreexplotados o agotados".
En otro orden, el trabajo también señala que la mayor parte (60%) de los buques industriales y semindustriales involucrados en la pesca ilegal tienen bandera asiática (sobre todo de origen chino), mientras que la cuarta parte restante se corresponde con embarcaciones de países de América Latina, África y Europa, respectivamente. En el caso de las empresas involucradas, el 80 % también ostenta capitales ligados al gigante asiático.
La Patagonia argentina, blanco de flotas chinas
Según el informe, el ranking argentino comenzó a forjarse hace unos 25 años, cuando la flota china empezó a operar en la Zona Económica Exclusiva (ZEE), enfrente de las costas de la Patagonia.
La historia no es nueva, pero no para de crecer. La primera vez que la Prefectura nacional capturó a un barco chino realizando pesca ilegal en el mar argentino fue en el año 2001, cuando eran sólo algunas decenas las embarcaciones que amenazaban los recursos pesqueros.
Actualmente, con casi 3.000 barcos, China construyó, en dos décadas, la flota pesquera más grande del mundo, ejerciendo tareas ilegales en el Atlántico Sur con más de 400 buques. Estas embarcaciones se posicionan en el límite exterior con el objetivo de ingresar a pescar dentro de la ZEE, y muchos apagan sus sistemas de rastreo satelital (transponders o transmisores de posición) durante períodos prolongados, cruzando nuevamente la milla 200 hacia alta mar cuando son detectados por la guardia costera de la Prefectura Nacional Argentina.
Esta situación fue documentada por el piloto y cineasta Enrique Piñeyro en una serie de videos filmados desde el aire donde se observan centenares de barcos que están realizando pesca ilegal dentro del límite de jurisdicción nacional.
“Otra particularidad es que las flotas ilegales trabajan en conjunto con barcos de transporte que tienen bodegas refrigeradas para conservar toneladas de pescados. Y algo sumamente importante es que esos transportadores llevan combustible y otros suministros para barcos más pequeños, por lo que éstos últimos no pierden tiempo regresando a puerto y pescan de modo continuo”, señala el informe.
A partir de los datos que arroja el trabajo, y en congruencia con lo que plantea la FAO, el manifiesto destaca que “si aquellos involucrados en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), aprovechan las poblaciones en riesgo que están sujetas a rigurosos controles de manejo o restricciones temporales, se dificultará la recuperación de estas poblaciones a niveles saludables. Esto pone en peligro la diversidad de vida marina, la seguridad alimentaria de las comunidades que dependen de los recursos pesqueros como fuente de proteínas, y los medios de subsistencia de las personas vinculadas con esta industria”.
Impacto económico
Para sumar datos, el informe de la FULASP grafica en números la gravedad de la situación para el país y expresó que “el impacto económico es de gran magnitud, ya que las compañías argentinas exportan a los mismos destinos y si los barcos ilícitos tienen éxito en su pesca, los valores del calamar (por ejemplo) podrían declinar desde un rango que oscila entre 2.700 y 3.000 dólares por tonelada hasta menos de 2.000. Esto sin considerar que, además, los gastos operativos de las empresas nacionales son significativamente superiores”.
“Esta situación representa una competencia injusta en su totalidad, puesto que numerosas embarcaciones extranjeras remuneran a sus trabajadores con salarios de 200 dólares al mes, lo que totaliza alrededor de 4.000 dólares mensuales para una tripulación promedio de 20 personas. En contraste, para un barco argentino, los mismos servicios implican un coste superior a los 50.000 dólares”, añadió Cereseto. En este punto, el trabajo instó a las autoridades nacionales a “enfocarse en la creación de nuevas regulaciones, y a colaborar a nivel del Mercosur, para garantizar los derechos del bloque regional”.