Masacre de San Patricio: de la bomba en el comedor a las investigaciones y la beatificación
La dictadura autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional" daba sus primeros pasos en el Gobierno tras deponer a María Estela Martínez, presidente constitucional tras el fallecimiento de su esposo Juan Domingo Perón. La noche del 4 de julio de 1976, a meses de tomar el poder, llevaba adelante una masacre que abrió frentes internos en el Gobierno y rompía relaciones con parte de una de las principales instituciones del país: la Iglesia católica.
Una noche de invierno en el barrio residencial de Belgrano. Calles de adoquines y árboles que decoran una noche típica de aquella Buenos Aires. En la esquina de Echeverría y Estomba asoma sobre las casas la cúpula de la iglesia de San Patricio. Tres jóvenes que caminaban por allí vieron dos autos que estacionaron frente al templo. Como uno de ellos era hijo de militares, corrió a la Comisaría N° 37 por temor a un atentado de los grupos guerrilleros, que un par de noches antes habían volado el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal Argentina. Un oficial de la comisaría se acercó a uno de los autos para advertirlos y se fue del lugar. Más tarde, los sospechosos bajaron de los autos portando armas largas y entraron por la fuerza a la parroquia.
Al día siguiente, los fieles que acudían a la misa matutina se acercaron al templo que permanecía cerrado en la mañana invernal de julio. Ante la impaciencia y la preocupación de todos, Rolando Savino, organista parroquial, entró por una ventana y encontró la cruda escena de los cuerpos sin vida de los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, víctimas de la masacre nocturna. "Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Venceremos. Viva la Patria" rezaba una inscripción hecha en tiza, mientras otra decía "Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son M.S.T.M.", en referencia al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo.
La guerra estaba declarada por ambos bandos. Se sentaban las bases de uno de los períodos más sangrientos de la historia argentina. Aunque públicamente se responsabilizó a grupos guerrilleros, se habló también sobre la participación de hombres cercanos al Gobierno, un accionar similar al del asesinato del padre Mugica, ocurrido antes de la dictadura.
Distintas investigaciones para resolver el misterio
Luego del Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica sufrió un gran conflicto interno entre distintos movimientos sobre como proceder a partir de lo resuelto allí. Al mismo tiempo, la situación social argentina vivía una escalada de violencia política sin precedentes y los atentados se repetían permanentemente.
En ese contexto, la nunciatura y el arzobispado resolvieron llevar adelante una investigación propia sobre lo sucedido, encabezada por Efraín Sueldo Luque. Aunque nunca se hizo pública la investigación sobre la masacre, se supo que fueron excomulgados dos vecinos de Belgrano y la Iglesia no se presentó como querellante hasta 2016, cuando lo hizo a través de la Sociedad del Apostolado Católico, a la cual pertenecían las víctimas.
Durante la dictadura, el juez Guillermo Rivarola con la investigación del fiscal Julio César Strassera resolvieron que no había pruebas suficientes para encontrar culpables. Al mismo tiempo, llegaron a la conclusión de que la Comisaría N° 37 obró con el objetivo de encubrir el hecho delictivo y marcaron que, como mínimo, el oficial de policía Miguel Ángel Romano estaba mintiendo. Ya en democracia, en 1984, el juez Néstor Blondi reabrió la causa y a pesar de haber encontrado pruebas para procesar a Romano y al comisario Rafael Fensore, pero en 1987 consideró que los delitos cometidos habían prescripto.
La investigación periodística de la masacre y su detención
El periodista Eduardo Kimel publicó en 1989 una investigación en la que reunió testimonios y documentos que servirían como prueba de los defectos en las investigaciones previas sobre la masacre. Con ello puso bajo tela de juicio el rol que tuvieron el Poder Judicial y la Iglesia Católica durante los procedimientos que llevaron adelante. En ella, sostuvo que el crimen fue cometido por miembros de la Armada Argentina con la complicidad de integrantes de la Iglesia, una noticia que no gustó a ninguna de las partes.
Entonces, el juez Rivarola, denunció a Kimel en 1991 por injurias por un párrafo del autor que critica el desempeño del funcionario durante la dictadura. Así, el periodista terminó condenado a un año de prisión condicional y al pago de 20 mil dólares al juez Rivarola. Luego de llevar su caso a comisiones internacionales, el Estado argentino debió dejar sin efecto la condena en 2008 y al año siguiente se sancionó la despenalización de las calumnias e injurias en casos de opiniones de interés público (Ley N° 26.551). Días después de la sanción Kimel falleció con 57 años por una enfermedad renal.
El cambio de posición de la Iglesia
Con el tiempo, lo que se mostró como un rol encubridor del sistema de represión de la dictadura por parte de la Iglesia, se tornó a uno condenatorio, de la mano de la llegada del clero más joven de aquellos años, entre ellos Jorge Mario Bergoglio y Mario Aurelio Poli.
En 2005, el actual papa Francisco, en ese entonces arzobispo de Buenos Aires, autorizó que se inicie el proceso de beatificación de los sacerdotes palotinos a los que se les arrancó la vida en aquella noche de 1976. En 2016, ya con Poli siendo sucesor de Bergoglio en el arzobispado, la Iglesia Católica se presentó como querellante en la causa y Poli se refirió al martirio en uno de sus sermones: "Los hermanos palotinos llevaron con fidelidad una lógica de vida y alegría. Vivieron en compromiso con los débiles y los pobres".