Estuvo preso, se recibió de abogado y no consigue empleo por sus antecedentes
Desde hace dos años el usuario de Twitter Capitán Ácido se choca con el mismo problema: la dificultad de encontrar un trabajo de acuerdo a su deseo y capacidad por sus antecedentes penales. "Hoy me confirmaron que conseguí trabajo de abogado en una genial empresa y todo era Disney y MDMA hasta que me pidieron que este miércoles me presente con el certificado de antecedentes penales y mi alma se fue de trip al cielo ya que estoy ante cuatro finales posibles", escribió en su cuenta y expuso lo conflictivo que es para él postularse para trabajar en una compañía después de haber estado en prisión.
Capitán Ácido enumeró los escenarios que se le cruzan por la cabeza a la hora de presentar sus antecedentes en un empleo: "1) Presento certificado de que estuve preso y me vuelan; 2) Lo presento, me aceptan, todos lloramos y la reinserción social existe; 3) Falsifico el certificado, firmo contrato y paso a ser Mike de Suits viviendo de una mentira; 4) Lo falsifico, me descubren+denuncian por falsificación de documento público y voy preso sí o sí por reincidente", dijo y lanzó una compleja pregunta a su comunidad: "¿Y ustedes que harían?".
El joven explicó que sólo quiere trabajar y que esto no es la primera vez que le pasa, sino que sucede desde hace dos años. "Ya pasé dos veces por esta situación y cuando los antecedentes salen a la luz el contrato cae en la oscuridad y olvido, te dejan de llamar o te tiran que "decidieron seguir adelante con otro candidato" cuando ya me habían confirmado que había quedado", contó.
Según el artículo 1° de la Ley de Ejecución Penal 24.660, "la ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley, así como también la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta, procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad, que será parte de la rehabilitación mediante el control directo e indirecto".
Sin embargo, el fracaso de un excondenado que cumplió su pena a la hora de conseguir empleo formal da cuenta de que existe una falla en el sistema. Un abogado del Servicio Penitenciario Bonaerense, que trabaja como Director de Investigación Científica Asistencial y Tratamental y se ocupa de programas de seguimiento de externación de los detenidos le dijo a MDZ que gran parte del problema tiene que ver con el aspecto social y que "la sociedad no pide reinserción social sino venganza, que los presos sufran más".
Desde su punto de vista, "hay una cuestión que tiene que ver con el contexto de encierro que está vinculada a la posibilidad de tener una salida laboral" y dentro de la cárcel se debería "pensar el tratamiento como una acción programada que busca modificar un hábito para que la persona que cometió un delito tenga una actitud introspectiva y pueda dimensionar su capacidad de daño y no reincidir". Sin embargo, en el afuera aparece el agente social como reclamo de "peores condiciones de detención" en tanto esto es comprendido como un agravamiento de las penas, al menos en términos simbólicos.
"Nadie le da laburo a un tipo que tuvo antecedentes penales por más que yo te diga que el tipo anda bien. Entre una persona que tiene un certificado con antecedentes y otro que no, el empleador toma al que no", opinó y explicó que esto se da porque "la gente quiere venganza y una cuestión asegurativa de que el detenido no salga nunca más, que es algo imposible porque no existe la prisión perpetua en la Argentina. Además, van a salir y van a tener estos inconvenientes como no tener laburo y es probable que, entonces, vuelvan a hacer lo que más saben, que es delinquir".
Que existan los antecedentes penales en una base de datos no es caprichoso. Marcos Rosso, abogado, le explicó a MDZ que "todos los organismos que condenen a una persona tienen que ingresarlo en el Registro Nacional de Reincidencia y dura un tiempo porque, eventualmente, si la persona vuelve a cometer un delito puede traer alguna consecuencia como una declaración de reincidencia o una unificación de pena y, por eso, durante determinada cantidad de tiempo tiene que estar inserto el dato".
Por supuesto, esto impacta en otros aspectos de la vida del condenado, como lo relativo al trabajo. "Cada empleador puede contratar a quien quiere", señaló Rosso. Y en cada provincia existe un organismo estatal que debería ocuparse de hacer un seguimiento en la reinserción después del penal. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires le corresponde al Patronato de Liberados, "pero como todo organismo estatal es donde menos plata se invierte", agregó.
Una persona es ingresada al Registro Nacional de Reincidencia por un organismo judicial luego de que la persona obtiene una sentencia con firmeza, es decir, cuando ya no es considerada inocente. Primero el sujeto comete un hecho, luego transita la causa penal que luego se eleva a juicio, posteriormente, eventualmente, se celebra el juicio, se dicta una sentencia y se impone una pena. Cuando esa pena queda firme se está en condiciones de hablar de antecedentes penales condenatorios. Posteriormente el organismo judicial que impuso la sentencia libra un oficio al Registro Nacional de Reincidencia para comunicar eso, de cuántos años se trata y cuándo vencerá la pena.
La existencia del Registro Nacional de Reincidencia es indispensable para la labor judicial, porque esa información puede modificar el destino de un delincuente. Puede agravar las consecuencias procesales, por ejemplo. Lo que va por otro carril es qué uso social se le da y si tiene que ser capaz de ser consultado por cualquier agente de la comunidad y con qué fin.
Todo esto ocurre en el marco del tratamiento del proyecto de reforma del Código Penal que tiene como fin "reflejar las necesidades de la sociedad y dar mejor protección a las víctimas del delito" atento a que "desde su sanción en 1921, tuvo 900 modificaciones parciales. 17 comisiones de trabajo trataron de devolverle coherencia e integridad sin éxito hasta que la Comisión para la Reforma redactó el Anteproyecto después de 500 días de trabajo ininterrumpido", según el Ministerio de Justicia.