Advierten por otra epidemia en el país que no se cura con una vacuna

Amnistía Internacional dio a conocer un informe en el que asegura que la violencia institucional “es una epidemia que afecta estructuralmente a la Argentina”. 

La ONG detalló una serie de prácticas extendidas que se vienen observando desde hace años en los casos de violencia policial y que conllevan a la impunidad. Entre ellas, enumeró: deficiencia en las investigaciones judiciales, encubrimiento, investigación exclusiva de la versión oficial y amenazas.

La actual secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard se refirió a la violencia policial como una “epidemia” indicando que “mata preferentemente a las personas pobres, jóvenes y vulnerables”.

“Todo ello, implica una clara vulneración al derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas y sus familias”, señaló Amnistía Internacional en la presentación de su informe “Violencia policial: ¿qué pasa después? Investigación, supervisión y rendición de cuentas de la actuación policial”.

El estudio da cuenta de las dificultades que enfrentan las investigaciones ante hechos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad, a lo largo y ancho del país. Y presenta casos deficientes en provincias como Córdoba, Chaco, Santiago del Estero, así como la Provincia y Ciudad de Buenos Aires. 

“Argentina ha demostrado una profunda incapacidad para investigar eficazmente la actuación ilegítima de las fuerzas de seguridad”, aseguró Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Y agregó: “Los procesos de rendición de cuentas de la actuación policial no muestran un compromiso serio con la justicia y reparación de las víctimas”.

En ese punto, enfatizó la necesidad de que los distintos niveles del Estado y de los gobiernos provinciales se involucren para avanzar en prácticas que garanticen los derechos humanos.

“La violencia institucional refleja un problema estructural que requiere medidas integrales y definitivas, coordinadas entre todas las jurisdicciones del país y entre todos los niveles del Estado. El control, monitoreo e investigación de las fuerzas de seguridad es una deuda. Además, su violencia es también racista y discriminatoria, ya que sus víctimas suelen pertenecer a grupos en situación de vulnerabilidad y marginalizados, cuyas posibilidades de acceder a la justicia son remotas”, precisó.

Problemas en la investigación y sanción 

En su informe, Amnistía Internacional detectó una serie de problemas en las investigaciones de este tipo de casos. Entre ellas, mencionó la recurrente práctica de ceñirse sólo a la hipótesis oficial y descartar otras. También, la inexistencia de una política integral de búsqueda de personas desaparecidas y la falta de instrumentos y tecnología adecuada para hacerlo. Al respecto, recordó lo ocurrido con el caso de Facundo Astudillo Castro.

Además, señala que en dichas investigaciones se observó un incumplimiento de estándares internacionales en muertes potencialmente ilícitas, como las falencias en autopsias en casos como el de Mauro Coronel en Santiago del Estero, Diana Abregú en Buenos Aires y de Leonardo Bravo en Chaco.

Por otro lado, Amnistía apuntó a la inexistencia de una investigación integral que incluya todas las conductas delictivas, evitando la naturalización por parte de las fuerzas de seguridad y las autoridades de los casos de homicidio o la desaparición forzada. Esto va de la mano de una ausencia de calificación adecuada de los delitos, como tildar de vejaciones hechos que deberían ser calificados como torturas, tal como el caso de detención de cuatro jóvenes qom en Chaco.

Otra de las problemáticas que convierten a la violencia institucional en una epidemia para Argentina es no determinar la responsabilidad de mandos de control policial. Por ejemplo, en el caso de Blas Correas, asesinado por la policía cordobesa, como quedó establecido en el juicio contra once policías la complicidad y el encubrimiento en el homicidio del joven en un control policial, donde luego se “plantó” un arma en ese lugar para simular un “enfrentamiento con delincuentes”.

El séptimo punto detallado por la ONG es la falta de acceso a la justicia y participación de las víctimas. En ese aspecto, se enfatizó que los procesos son “sumamente burocráticos”, que falta información y no hay mecanismos que garanticen la participación de las familias víctimas de este flagelo. Esto hace que “no logren acceder a su legítimo derecho a la verdad, a la justicia y a una reparación integral, además de que, en muchos casos, denuncian hostigamiento y persecución hacia ellos, sus abogados o testigos”, precisó Amnistía Internacional.

Finalmente, precisaron que Argentina no cuenta con un registro unificado y abierto de todos los casos de violencia que involucran a las distintas fuerzas en todo el país.