Narcotráfico en Rosario: qué implica la Ley de Fortalecimiento de la Justicia Federal
A casi un año de ser presentado en el Congreso de la Nación, después de insistir y militarla entre legisladores de otras provincias y en medio de una ola de violencia, el proyecto de Refuerzo de la Justicia Federal se convirtió en Ley. El Senado le dio la media sanción que faltaba y una vez que entre en vigencia se deberá llamar a concurso para ocupar los cargos.
Cuando se quiere se puede. Por un rato, la grieta se corrió, se trabajó en un único sentido, se corrieron las diferencias y se obtuvo el resultado esperado. Lo que debería parecer común, en una Argentina repleta de rivalidades no lo es.
Todos en la provincia de Santa Fe celebraron. De izquierda a derecha: peronistas, socialistas, radicales y dirigentes del PRO trabajaron en unificar un único proyecto para actualizar la estructura de la Justicia Federal que hace cuatro décadas está estancada.
Justamente la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario en particular que están desde hace más de 15 años con severos problemas de violencia vinculados a los enfrentamientos entre bandas dedicadas a la venta y distribución de drogas tiene un déficit crónico y una estructura absolutamente obsoleta.
La paradoja es que mientras los grupos violentos se profesionalizan, generan temor mediante amenazas y balaceras, se expanden económicamente y ganan terreno dentro de la sociedad civil, la Justicia tiene las mismas herramientas para combatirlos que hace 40 años. De no creer.
La Ley genera 50 nuevos cargos: 27 fiscalías, 15 de ellas en Rosario; 9 cargos de defensores; 6 jueces con funciones de garantías; 6 jueces con funciones de revisión y 2 jueces con funciones de juicio y ejecución.
Según los fundamentos de la iniciativa, “se busca poder implementar adecuadamente el sistema acusatorio en el ámbito federal”, ya que “los actuales resortes institucionales se encuentran saturados y se necesita dotar de nuevos recursos para poder enfrentar la implementación del Código Procesal Penal Federal, como así también reducir los delitos complejos”.
El Senado aprobó también el nombramiento de jueces federales para cubrir tres vacantes en la provincia de Santa Fe. Los pliegos fueron avalados por unanimidad.
"La Nación no puede permitir que estas cosas pasen en su territorio, y su territorio en este momento es Santa Fe, es Rosario. La Argentina tiene que generar esas herramientas para combatir el narcotráfico y el lavado de dinero y generar las condiciones de vida que den tranquilidad a toda nuestra población", explicó el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, cuando se aprobó el proyecto.
Punto final para una etapa, a partir de ahora se deberá continuar ejerciendo presión ya no en el Congreso sino en el Colegio de la Magistratura. Es allí donde comienza esta instancia de llamar a concurso, armar las ternas con los candidatos para cada puesto, enviarlo al Poder Ejecutivo y luego otra vez al Senado de la Nación. Según el jefe de inter bloque del Frente de Todos en la Cámara Alta, José Mayans, “como mínimo, llevará cuatro años para llenar esos lugares”.
La situación crítica que atraviesa Rosario ameritaba el esfuerzo de la dirigencia política local y el compromiso del resto de los legisladores nacionales. Todos entienden que no será de aplicación inmediata y que todavía falta mucho terreno por recorrer, pero se dio un paso muy importante. En lo inmediato no resuelve de ninguna forma el flagelo de la violencia narco, pero sí da una sana señal a la castigada sociedad. El problema es grave y las decisiones deben estar a la altura.