El dato alarmante sobre los alquileres por el efecto de la inflación
Mientras la clase política destina su tiempo a la campaña electoral y la inflación no encuentra techo, una parte de la sociedad enfrenta una situación cada vez más difícil por la crisis económica. Quienes no son propietarios y deben recurrir al alquiler de una vivienda están sufriendo las consecuencias de esta realidad sumado al impacto negativo de la polémica ley vigente para el sector que fue aprobada en 2020
Desde entonces el panorama se agravó, ya que disminuyó la oferta de unidades en locación y eso provocó una fuerte suba de los valores para alquilar.
Con el dato de inflación de 7,7% de marzo, el panorama para quienes alquilan es muy preocupante ya que los salarios no acompañan ese ritmo de ajuste. Es por eso que el alquiler se lleva una porción cada vez más grande de los ingresos mensuales y provoca una consecuencia muy seria.
Según un relevamiento reciente, el 63% de los hogares admite estar endeudado con familiares o particulares y la mayor parte de esa deuda es utilizada para pagar el alquiler. Los resultados del estudio, realizado en Capital Federal y Gran Buenos Aires, revelan que el problema se profundiza en el caso de los hogares sostenidos por mujeres.
La encuesta refleja un serio problema socioeconómico de la actualidad por el aumento de la incidencia del alquiler en relación a los ingresos. “Hay un 6% más de inquilinos empleados que en el año 2021, pero lo que ganan alcanza cada vez para menos. A pesar de trabajar más, destinan una porción cada vez más alta de sus ingresos a pagar el alquiler. Mientras que en el 2021, el 24% de los hogares destinaba más de la mitad de sus ingresos, en 2022 esa proporción de hogares aumentó al 32%” señala el trabajo.
El 35% de las personas inquilinas respondió que no alquila una vivienda completa, sino una habitación, y más de la mitad, lo hace sin contrato escrito. En paralelo, crece un mercado de alquiler de viviendas temporarias en dólares. Se trata de viviendas que dejan de estar disponibles para las y los residentes permanentes y presiona sobre las condiciones del conjunto de la oferta.
Pese al agravamiento de la situación desde la sanción de la ley, quienes realizaron este trabajo no la consideran como la causa del actual problema: “La ley fue sancionada justamente porque el mercado funcionaba mal y los hogares inquilinos demandaban más protección. La norma fue un avance para lograr condiciones mínimas de estabilidad y previsibilidad. Entre otras medidas, la nueva legislación aumentó los contratos a tres años y estableció un mecanismo para evitar que los aumentos queden librados a la negociación entre partes inherentemente desiguales. Sin embargo, el Estado omitió toda acción para hacer efectiva la aplicación de una ley que, así, quedó librada a la voluntad de quienes la resisten: inmobiliarias y propietarios”.
La realidad mostró que los propietarios, ante el exceso de regulación, quitaron las unidades del mercado provocando el efecto contrario al buscado y los perjudicados fueron los inquilinos que, hasta ese momento, tenían posibilidad de alquilar a valores menores.
El estudio fue llevado a cabo por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Instituto de Geografía de la UBA, el CEUR-CONICET, la Escuela IDAES (UNSAM) y la Red Contested Territories.