La ley ómnibus choca de frente (y destruye) a la industria del libro

El proyecto de ley enviado al Congreso por el Ejecutivo, la denominada ley ómnibus, entre las atrocidades que incluye está la derogación de la Ley del Libro, una norma vigente en el país desde comienzos del 2002 y en cuyo espíritu está no sólo la competencia leal, sino también, y derivado de lo anterior, la protección de las librerías, de las editoriales y de la producción regional, además del respeto por el producto y por sus actores iniciales, escritoras y escritores.

En ambos extremos de este debate están, por un lado, la ley 25.542, y por el otro, el proyecto de Milei. En este último se enuncia, en el artículo 60, la derogación de la normativa “de precio de [SIC] uniforme de venta al público de libros” (no, no es que se desregule el precio de la ropa de quienes venden libros, aunque la redacción, como ya nos ha acostumbrado esta gestión, diga otra cosa).

En tanto, el artículo primero de la Ley del Libro dice: “Todo editor, importador o representante de libros deberá establecer un precio uniforme de venta al público (PVP) o consumidor final de los libros que edite o importe”, mientras que más adelante establece qué descuentos se pueden realizar sobre ese PVP y en qué circunstancias, las excepciones, las multas previstas para quienes incumplan esta normativa, etc.

Cómo y a quiénes afecta la desregulación de la industria del libro

La derogación de la ley vigente dejaría en manos de la especulación el valor económico de cualquier libro, ya que las editoriales podrían sugerir un precio de venta, pero cada librería estaría en condiciones de ofrecerlo al precio que le parezca necesario, y esto, por supuesto, favorece a las librerías de los centros urbanos, donde se produce la mayor cantidad de publicaciones, desprotegiendo así a las librerías más distantes, puesto que el precio de cada título dependerá ya de los costos de traslado, la disponibilidad, la mera especulación de las distribuidoras, etc. Con todo esto queda en cuán contraproducente es la propuesta del Gobierno para los lectores.

Y en cuanto a las librerías, estas quedaran a merced de las distribuidoras, que serán, en definitiva, quienes le pongan precio de venta al libro, amén de que hay que considerar que existen distribuidoras que tienen sus propios puntos de venta minoristas, es decir, sus propias librerías, que sin una ley regulatoria competirían deslealmente contra cualquier librería que no haga distribución. En la actualidad, en la cadena de comercialización del libro, las distribuidoras reciben cada título al 50% y hasta 60% del PVP, mientras que las librerías se quedan con el 25% y a veces hasta 30% del PVP (hay excepciones, claro, pero estos porcentajes son los más aproximados). Sin una ley regulatoria, por ejemplo, es clara la ventaja de las distribuidoras a la hora de contar con la posibilidad de ofrecer los libros al público minorista, ya que, por ejemplo, una distribuidora podría hacer un descuento de hasta el 45% o 55% y seguir ganando, mientras que los márgenes de acción de las librerías están mucho más restringidos.

Con una simple mirada a vuelo de pájaro vemos que ya hay dos eslabones de la cadena de comercialización del libro que se verían afectados, los lectores y las librerías, pero hay más.

Sin una ley como la 25.542, las editoriales más chicas estarían en desventajas extremas respecto de las más grandes, en general, multinacionales, especialmente por la capacidad de producción de unas y otras. La desregulación cambiaría las reglas de juego drásticamente de las editoriales respecto de las distribuidoras, con lo que aquellos sellos más pequeños tendrán cada vez menos posibilidades de una distribución más amplia, lo que los pondría en riesgo de desaparecer o, en el mejor de los casos, resignarse con el mercado inmediato, ese escueto al cual puedan acceder directamente.

Y, por último, la derogación de la Ley del Libro también afectaría a autores y autoras (que pueden ser quienes escriben así como también quienes ilustran, quienes hacen fotografía, etc). Actualmente, los contratos entre editoriales y autores y autoras establecen regalías para estos últimos a partir de un porcentaje del PVP, por lo que quien escribe, por ejemplo, recibe el mismo cobro tanto si el ejemplar se vendió en Jujuy como si fue adquirido en CABA. Con la desregulación se pierde de vista el precio al que la gente compra el libro, con lo que el autor o la autora podrían recibir, por ejemplo, el 10% del precio de tapa de un ejemplar vendido en Ciudad de Buenos Aires, pero mucho menos (7% o menos) de un libro vendido en una pequeña ciudad de, digamos, Santa Cruz.

En definitiva, de aprobarse el artículo 60 del proyecto de ley ómnibus del Ejecutivo nacional, la industria del libro se vería afectada en toda su cadena de producción, perjudicando a una gran e importantísima parte del ecosistema del libro.