Eduardo Belliboni: "Si hay represión, será responsabilidad de la ministra Bullrich"

Dice el refrán que "el que avisa no traiciona". Y a eso están jugando el Gobierno y los piqueteros desde hace más de un mes. Cuatro días antes del balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa, Unidad Piquetera anticipó que ganara quien ganara saldría a la calle. Hay reclamos para los dos: para el primero, por el ajuste que prometió y lleva a cabo; para el segundo, por su gestión como ministro de Economía durante el Gobierno de Alberto Fernández. Luego, cuatro días después de aquella segunda vuelta, cumplieron y llevaron adelante una asamblea nacional pacífica en Parque Lezama en la que se delimitó el plan de acción para los días que seguirían.

Se trató de un cronograma piquetero con al menos tres movilizaciones planificadas. Las primeras dos tocaron en el tramo final de la gestión Fernández. La tercera se programó para hoy 20 de diciembre, exactamente a diez días de la asunción de Milei. Desde el cambio de mando hasta acá, los movimientos sociales tenían la expectativa de que sus reclamos llegaran a oídos de los ministros y secretarios correspondientes para evitar la tensión social de la calle. La idea nunca fue no marchar porque consideran que hay problemas que deben ser visibilizados y que no se resuelven de un día para el otro, pero el tenor de lo que ocurrirá hoy podría haberse desinflamado.

Lejos de eso, el Gobierno le echó nafta al fuego con advertencias. "Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada", "El que corta, no cobra" y un "protocolo de orden público" fueron tres ideas que se anunciaron, repitieron y remarcaron todos los días desde hace más de una semana por distintos funcionarios. No hay intención de ceder. Manuel Adorni, vocero presidencial, dijo ayer que garantizarán la circulación y que harán todo "para que se cumpla con lo que el presidente prometió en campaña". Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, hizo su primera aparición pública este lunes en un mensaje grabado para decir que "es un derecho manifestarse, pero también circular”. Ella le habló a los manifestantes e intenta correr del centro a líderes e intermediarios. “Deben saber que nadie puede obligarlos a ir a una marcha con amenaza de dar de baja el plan. Por esta razón suspenderemos el control de presencialidad que dan las organizaciones sociales”. Para la ministra, la situación en la Argentina no es nueva y debe terminarse. “Para ser bien claro: los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Como lo dijo el presidente: el que corta, no cobra”, dijo. 

Patricia Bullrich fue la que más calentó la pelea entre piqueteros y Nación. Prometió un protocolo para el mantenimiento de orden público que consiste, básicamente, en darle la posibilidad a las fuerzas de seguridad de intervenir en una protesta para garantizar la libre circulación de todos los ciudadanos. Esto contempla también la identificación de quienes corten arterias, la aplicación de leyes que contemplan hasta penas de prisión y el cobro de gastos que demanden la intervención de la Policía.

"Las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple", dijo Bullrich. En diálogo con MDZ, Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, señaló que eso no los amedrenta y que ya se preparan para marchar hoy. Dijo que serán 50 mil personas en la calle. Es imposible que esa multitud, que representa el total de la población de una localidad pequeña, pueda protestar sin ocupar o cortar las calles. También es imposible que las fuerzas de seguridad puedan evitarlo. Sólo lo lograrían de dos maneras: siendo ellos los que hagan el corte, para evitar el paso piquetero, o con represión. 

"Manifestarse es un derecho y lo vamos a hacer de manera pacífica. Si hay represión será responsabilidad de la ministra Bullrich y tendrá que responder por eso", dijo Belliboni a este diario esta mañana y ratificó el plan de lucha.

La protesta de hoy coincide con el 22 aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 cuando el Gobierno de Fernando de la Rúa reprimió una protesta social, que culminó con 38 muertos y finalmente la renuncia del exmandatario radical.