No se puede vivir del amor: la grave crisis que afecta a las personas con discapacidad

La situación en nuestro país es asfixiante y la vulnerabilidad de los más vulnerables es, por lo menos, inmoral. Según el Indec, el 10,2% de la población de Argentina tenía algún tipo de discapacidad en 2018. Sabemos también que estamos frente a un sistema vetusto en todo lo vinculado al pago y contratación del engranaje que debe acompañar y atender a las personas de este colectivo pero aun así no hay una decisión política concreta para revertir de una vez y para siempre este drama.

Que las personas con discapacidad cumplan con sus tratamientos es fundamental para que hagan realidad su deseo y su derecho a vivir de forma independiente, digna y en pie de igualdad en la sociedad. Todo ello requiere de políticas públicas serias, sostenibles y efectivas que resuelvan los problemas estructurales que los afectan. Estamos en un estadio de crisis absoluta y el gobierno debe actuar ya.

En las últimas semanas tomó notoriedad que están en constante riesgo los salarios de terapeutas, centros de día, trabajadores del área de salud, educadores y transportistas, entre otros. Desde hace tiempo que el Gobierno no transfiere ni aprueba a tiempo los pagos a las obras sociales, lo que genera un retraso en el pago a los profesionales. Además, el nomenclador por el que se ajusta el pago de las prestaciones va muy por detrás de la inflación -que esta año llegaría a tres dígitos- y a eso se suma la burocracia que provoca demoras eternas en los cobros (3 o 4 meses en el mejor de los casos).

Este sector está atravesando una de las peores crisis y si no se adoptan las medidas necesarias, la situación se tornará insostenible. Un retraso en un pago es un niño que no puede continuar con su tratamiento, es un adolescente que no puede avanzar en su educación, aprendizaje y sociabilización, es un adulto mayor que pone en pausa su rehabilitación y se aleja de alcanzar una mejor calidad de vida.

Venimos de un periodo traumático producto de la pandemia, agravado por la crisis económica y social que se profundiza en nuestro país, que afecta a la población y, más aún, a las personas con discapacidad quienes durante el año 2020 y gran parte del 2021 vieron afectada casi la totalidad de los servicios y prestaciones que reciben, a raíz de lo cuál se generaron enormes retrocesos en sus derechos y en muchos casos su vida en jaque.

Después de todo lo vivido, no podemos permitirnos más errores. Según la Agencia Nacional de Discapacidad, que es quien debe velar por esta población, el retraso de los pagos se dio ante un “inconveniente administrativo”. Este simplón “inconveniente administrativo” puso, pone y, de no resolverse de raíz, seguirá poniendo en riesgo cada mes la calidad de vida de millones de personas que requieren de un Estado presente que cumpla con sus obligaciones y garantice sus derechos. Este gobierno corta el hilo siempre por lo más fino, por los más débiles. Si los viera Evita…  Muchos de los profesionales que trabajan con las personas con discapacidad siguen por amor, por convicción, por una enorme vocación de servicio, a pesar de la falta de pago.

Pero todos ellos son personas que tienen familias, alquileres, servicios por pagar y muchas veces se ven obligados a suspender las prestaciones ante la falta de pagos y la cantidad de meses adeudados. Y es que muchas veces, aunque uno no quiera, simplemente no se puede vivir del amor.

* Victoria Morales Gorleri es Diputada Nacional Juntos por el Cambio y profesora de Educación Especial