Inseguridad en el conurbano: el talón de Aquiles de Kicillof y el riesgo de terminar siendo Rosario

La inseguridad sigue siendo detrás de la inflación uno de los principales temas de preocupación de los habitantes de la provincia de Buenos Aires. El mismo interés incorporó hace tres semanas el universo del Frente de Todos. Tres jefes peronistas del Conurbano, que engordaron en la cocina de la vieja política, (Alberto Descalzo, Juan José Mussi y Julio Pereyra) se entrevistaron en noviembre con Alberto Fernández en la Casa Rosada. Le rogaron, entre otras cosas, una ley para controlar la policía local. Quieren el manejo de los uniformados. ¿Por qué el pedido fue dirigido a Alberto Fernández si la ley debería enviarla a la legislatura el gobernador Axel Kicillof? Rechazan el manejo desde La Plata. Tienen en sus distritos el mapa de la inseguridad y temen que un episodio grave de inseguridad local pueda frustrar sus aspiraciones en un año electoral. En ese encuentro, varias veces se mencionó la palabra “inseguridad”.  

Cristina Fernández de Kirchner fue la primera en abrir esa puerta. Lo hizo, casualmente, ante una platea de intendentes que mantiene un pésimo vínculo con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. La mayoría elige hablar con el subalterno en el área.
La vicepresidente sabe que su caudal electoral anida ahí. “Cuando estuvimos en el Gobierno desplegamos miles de gendarmes en el conurbano bonaerense. La gente lo pedía porque tenía más confianza. No sé por qué no podemos volver a hacer lo mismo, en vez de tenerlos en el medio de la Patagonia, nadie sabe haciendo qué. Es hora de tener una mirada hacia los lugares que están sufriendo", cuestionó en aquél entonces. Se sintió como un tiro por elevación al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

Los hechos 

A lo largo del año hubo distintos episodios que mostraron la fragilidad de la gestión bonaerense en materia de seguridad y la desidia con la que opera la Justicia. El 2 de febrero 24 personas murieron por consumir cocaína adulterada en Puerta 8, un búnker de venta de la localidad de San Martín. El ministro de seguridad bonaerense pidió públicamente abstenerse de consumir si alguien había comprado droga en esa región. La cocaína envenenada se comprobó, tiempo después, que era manejada por el clan narco de Mameluco Villalva, preso desde hace años en la cárcel federal Ezeiza. Mameluco Villalva usaba varios teléfonos celulares. Uno de ellos provisto en plena pandemia por la imposibilidad de recibir visitas desde el exterior.

Puerta 8 era una boca de expendio administrada por Villalva. La Justicia tenía intervenciones telefónicas sobre los lugartenientes de Mameluco. Los diálogos se dieron semanas antes de las muertes. “Esa droga es una bomba. Te manda al hospital. ¿viste?”, se escuchaba decir uno de los colaboradores del clan narco hablar sobre la cocaína con carfentanilo. ¿Nadie logró darse cuenta? ¿Ninguno escuchaba las intervenciones? ¿Por qué no los detuvieron ahí? La jueza federal de San Martín, Alicia Vence, logró comprobar que los secuaces de Mameluco Villalva pagaban aportes de hasta 6 cifras a uniformados de la seccional de Comisaría 1° de San Martín. La jueza procesó este año a ocho policías por connivencia con los narcos. Algunos de esos uniformados habían participado como custodia lateral en los allanamientos derivados por las muertes de Puerta 8. En un mismo metro cuadrado de terreno convivió el veneno y el antídoto.

Saneamiento

En los próximos días saldrá a la luz una resolución de un juez federal del Conurbano bonaerense que pedirá al gobernador Axel Kicilof y al ministro Sergio Berni “sanear a las fuerzas de seguridad” para “poder investigar a fondo el tráfico de estupefacientes” en la provincia de Buenos Aires. “Cada vez usamos más otras fuerzas de seguridad. Ya somos Rosario”, reflexiona ante MDZ un magistrado de la zona que pone como ejemplo el caso reciente de la aparición de tres cuerpos asesinados en la zona de Guernica. Uno de ellos vinculado al crimen de Lautaro Morello y Lucas Escalante, que todavía sigue sin aparecer.

Los vecinos de La Matanza se quejan por la falta de móviles para patrullar los barrios. El amplio territorio tampoco los favorece. El reclamo se focaliza en Villa Madero, Ramos Mejía, San Justo, González Catán, Villa Celina y Ciudad Evita. En esta última localidad, Joaquín, un nene de 12 años, fue baleado en la cara para robarle la mochila cuando volvía del colegio. Las denuncias por robos en ese barrio se replican todas las semanas. Lo mismo ocurre en Ramos Mejía donde este año un comerciante que había sufrido el robo de su camioneta Volkswagen Amarok mató al delincuente con tres disparos a través de la puerta del conductor.

En 2022 hubo cientos de marchas y hasta cortes intermitentes por las calles de La Matanza. El reclamo unificado es la seguridad. Un jefe policial de la Departamental de La Matanza le confió a uno de los vecinos de la ONG Niños por Siempre que “no tenían personal para patrullar los móviles” y que “los móviles del Comando de Patrullas no alcanzaban para las zonas de centro, sur y norte”. Actualmente, hay alrededor de 32.000 policías distribuidos en la región norte, sur y oeste del Conurbano bonaerense.

El dato es curioso porque el gobierno de Alberto Fernández otorgó casi 37 mil millones de pesos para un Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad en la provincia de Buenos Aires. Ese monto estaba destinado a personal policial, indumentaria, cámaras de vigilancia y móviles para patrullar. Una gran porción de esos recursos provienen de la quita de puntos de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.

Defensa propia

En algunos departamentos judiciales como La Matanza, Morón y también Moreno los fiscales, a cargo de las investigaciones, vieron este año con preocupación cómo iba en aumento los casos donde las víctimas utilizaron sus propias armas de fuego o cuchillos para defenderse de los ataques. La mayoría de los casos quedaron con los delincuentes heridos pero otras veces se acaba con la vida del agresor. “Crecieron fuerte los episodios de justicia por mano propia”, confiesa un fiscal de Morón.  

Otro de los casos más emblemáticos de este año dónde quedó expuesta la impericia de la Policía Bonaerense en sintonía con la Justicia ocurrió en Pilar durante la investigación por el asesinato del empresario Andrés Blaquier cuando le robaron la moto BMW 1200 en la Autopista Panamericana.  A las pocas horas del crimen, Sergio Berni anunció en un programa de televisión la detención de los “autores”  de la muerte de Blaquier. Lo hizo con una fuerte crítica a la justicia. El ministro comunicó que los jóvenes Lucianito y Brisa habían sido detenidos. El fiscal bonaerense Gonzalo Agüero había avalado la investigación policial. A los trece días, Lucianito y Brisa salieron libertad porque las pruebas señalaban a otras personas involucradas en el asalto. Un verdadero papelón.

Pero, la situación más tensa para el ministro de seguridad - antes de que se conociera su propiedad valuada en un millón de dólares frente al Lago Nahuel Huapi- se dio durante los primeros días de octubre con el operativo montado para el partido de Gimnasia y Esgrima de La Plata con Boca Juniors que terminó con un hincha muerto, gases lacrimógenos, bala de goma. Hubo cola en la oposición y en un sector del oficialismo para pedir la salida de Berni.
Hoy, hay una causa abierta en La Plata pero ya no hay nadie detenido. Quedaron todos excarcelados.

Dos semanas después de la represión de Gimnasia y Esgrima de La Plata, once uniformados de la Unidad Táctica de Operaciones e Inmediatas (UTOI)  fueron detenidos por un caso de gatillo fácil en Virrey del Pino, en el partido La Matanza. Supuestamente, estaban llevando a cabo de un operativo de drogas pero sin que supiera ningún superior ni con ninguna orden judicial. Un joven que no tenía ninguna arma de fuego recibió dos tiros por la espalda.

Una radiografía difícil para el año que se aproxima donde la gestión bonaerense deberá prestar más atención al delito común pero también al avance del narcotráfico en las fuerzas policiales. El mayor temor es que el territorio bonaerense termine convirtiéndose en otro Rosario.