Educación: empecemos por cumplir la ley
Aprovechemos el clima mundialista e imaginemos un partido de fútbol donde las reglas no se cumplen: debe haber once jugadores por equipo, pero uno tiene nueve y el otro trece. Los jugadores cometen faltas que nadie sanciona porque “hay que entender el contexto” o hay alguno que quiere hacer goles en el arco de su propio equipo y valen igual. ¿En qué se transformaría el juego? ¿Cómo podríamos determinar quién ganó, quién perdió o quién fue el mejor jugador? ¿Cómo podría establecerse un patrón que permitiera medir resultados y tener un campeón del mundo?
Algo análogo sucede con muchas leyes vigentes en nuestro país. Están ahí, pero no se cumplen y nadie se preocupa por hacerlas cumplir. La educación, lejos de ser la excepción, es uno de los ámbitos donde este clima de anomia se ve con mayor claridad.
Así, no se cumplen los 180 días de clase, tampoco se destina el 6% del PBI a educación, ni se aplica la jornada extendida para todos los alumnos en el nivel primario. La universalización del acceso a las salas de tres y cuatro años sigue sin cumplirse, lo mismo que la publicación de los resultados desagregados de las Pruebas Aprender. Hace unos meses asistimos al relanzamiento del SINIDE, un sistema que debería estar funcionando, por lo menos, hace tres años.
Ahora bien, ¿qué podemos esperar de un sistema en el que el organismo que ejerce la máxima autoridad no cumple la ley ni la hace cumplir? Del Ministerio de Educación para abajo, la falta de adhesión a las normas es una constante. Si aspiramos a mejorar la educación, será imprescindible abandonar este comportamiento.
La ley convertida en utopía
Si bien no es la única causa, gran parte de esta falta de cumplimiento tiene que ver con que las leyes que se sancionan plantean objetivos que se encuentran muy lejos de nuestras posibilidades reales, convirtiéndolas en una suerte de marco utópico, inalcanzable. Eso hace que se desnaturalicen y pierdan su esencia normativa y rectora del obrar.
Por ejemplo, quizás no deba pensarse en la jornada completa de ocho horas y sí en una jornada extendida de seis. O mejor aún, dejar entre paréntesis la jornada extendida y asegurarse que se cumplan a rajatabla las cuatro horas y los 180 días de clase de Ushuaia a la Quiaca, no importa si hubo paros o feriados.
Pero para que esto suceda, será necesario el compromiso de diferentes actores no sólo del ámbito educativo. Será responsabilidad de los legisladores no embarcarse en proyectos de ley que desvíen recursos o energías a temas secundarios o lejos de nuestras posibilidades. Será responsabilidad de los funcionarios de todos los niveles de gobierno predicar con el ejemplo, siendo los primeros en cumplir con las normas. También será responsabilidad de la oposición acompañar este proceso en vez de obstaculizarlo.
Cumplir con la ley es en sí mismo un acto educativo con un fuerte contenido ejemplificador. Empecemos por ahí.