El mensaje ancestral que Mendoza no decodificó y el "castigo" por usar mal el agua

Planificar y reforzar inversiones que permitan activar proyectos de larga data; inculcar una mayor concientización en la población; hacer más eficientes los sistemas de riego y, al mismo tiempo, plantear mecanismos de acción eficientes entre organismos, entes (estatales, privados) y áreas clave en el manejo del agua; es de ahora en adelante los desafíos a los cuales se enfrentan los mendocinos, de cara a un futuro que exige un cambio de rumbo para asegurar la vida.

El contexto así lo exige, más aún cuando las amenazas relacionadas al cambio climático y calentamiento global ya están dando señales palpables de aquello que desde hace décadas los expertos en diversas áreas vienen advirtiendo: si Mendoza no logra equilibrar sus políticas para ordenar su suelo y definir las directrices para la adecuada administración del recurso hídrico, entonces, no solo será una provincia improductiva, sino que se transformará en un páramo casi inhabitable.

La retracción de los glaciares, la sequía, la contaminación del agua subterránea y la amenaza latente de la sequedad en los principales ríos, que a lo largo de siglos han permitido a generaciones desarrollarse en un suelo de por sí desértico, se postulan hoy como las problemáticas ambientales de fondo. No porque hace décadas no existieran sino porque de la mano del impacto antrópico y la inadecuada planificación (junto a la falta de estrategias, políticas e inversiones eficaces) se agudizaron. Tanto, que hoy el sector productivo sigue en franco retroceso y miles de familias aún se siguen preguntando por qué de sus surtidores no sale ni una gota. La inequidad lleva al derroche extremo y sin reparo.

Las clases sociales más altas siguen regando suntuosos espacios verdes y llenando placenteras piscinas, mientras que en el polo opuesto, cientos de personas aún sufren la escasez de agua hasta para tomar, higienizarse o lavar los platos. La aridez pega con un látigo, con temperaturas que rozan los 40°.

La herencia desaprovechada

Inequidad y falta de conciencia son una cara de la "Tierra del sol y del buen vino", tal como se saborea en frases fuera de los límites locales. Y es que algo de la herencia de los antepasados que volvieron al desierto un vergel aprovechando el recurso de los oasis, se cortó en la cadena generacional. Aquí, en pleno desierto y al pie de la cordillera, solo el 3% del suelo es irrigado. Pero esto no parece haber prendido entre las generaciones recientes. Algo en la cadena se cortó, pues la historia muestra que desde las comunidades originarias hasta los inmigrantes que llegaron con inversiones y "pico y pala" en mano para abrir zanjas y regar cultivos, el valor por el cuidado del agua era lo que regía cada aspecto de la vida social, económica y productiva.

Hoy, las consecuencias del alejamiento de ese legado es pagado con creces. Al punto tal que es necesario apelar a controles estrictos, a la instalación de medidores en las casas, a la inspección rigurosa para evitar derroches. A cortes repetidos y extensos, tanto en el agua para consumo como la que se destina a irrigar el campo. Todas medidas que buscan, en buena medida, salvar las urgencias.

Contaminación y pérdidas

Hoy, la distribución y cobro de los volúmenes de agua en la provincia se reparten en un 97% para el riego de las zonas cultivadas y el 3% restante se administra para sea potabilizada por parte de los distintos prestadores. Aguas y Saneamiento de Mendoza (Aysam), los municipios Maipú, Luján de Cuyo y Tupungato y 126 entidades de gestión comunitaria (que administran el agua subterránea en diferentes zonas de la provincia más alejadas) tienen a cargo la prestación del servicio. Solo la principal prestadora de agua y saneamiento tiene a su cargo la llegada del recurso vital a 420 mil hogares, en tanto que los prestadores comunitarios hacen llegar el agua a unas 90 mil familias. En estos casos, la provisión se realiza apelando al agua subterránea, cuya principal amenaza es la contaminación por salinidad (consecuencia del mal uso del recurso) y por la existencia de, al menos, diez mil pozos de agua que están abandonados y sin el adecuado tratamiento.

Pero esto no es todo: la red de agua potable sigue presentando pérdidas que se calculan en un 30% del volumen total. Entonces los desafíos son así multicausales y también, múltiples. Este viernes, el superintendente del Departamento General de Irrigación (DGI) -el único que hasta ahora lleva un segundo mandato en su cargo- espera poder convocar a una parte de los principales actores en la gestión del agua, en el marco de una reunión clave: se plantearán pues, los puntos de inflexión que precisa Mendoza para poder garantizar la vida en su suelo, la posibilidad de hacer un futuro algo más próspero al que indican las previsiones de expertos.

Ordenar prioridades

"El arbolado público ya no puede ser regado por acequias, se deben tomar medidas más eficientes", dijo Marinelli a MDZ y puntualizó que para ello ya se están acordando planes de acción con algunos municipios para poder garantizar el regadío con camiones de acuerdo a la demanda de cada especie. En el fondo, lo que se busca es ajustar el uso del recurso y para eso además, ya se habla de exigir a las prestadoras de agua la aplicación de "castigos" monetarios para aquellos usuarios que excedan el límite en el consumo de agua establecido, que en una primera etapa, no podría superar los 350 litros por persona por día.

A partir de ahora, Marinelli buscará consenso para que en los sectores donde existen emprendimientos inmobiliarios en grandes porciones de tierra en las que antes se cultivaban frutas, hortalizas y verduras, el pago por consumir agua en exceso y regar grandes jardines, sea de por lo menos el doble en relación al que tradicionalmente abonaban los propietarios por el derecho de riego. El replanteo, dice el funcionario, debe ser desde la trama social, pero también asegura ser consciente de la necesidad de realizar obras de magnitud, para por ejemplo, acondicionar la red de regadío y lograr que el recurso vital llegue a las fincas a demanda, es decir, según la necesidad de los cultivos y no por riego "por manto" como es el método tradicional en su gran mayoría.

Leyes y normas nuevas

Para esto, la idea del funcionario (que buscará incluir en el presupuesto oficial 2023 las inversiones necesarias para lograr estos objetivos) es establecer leyes y normativas nuevas, que den lugar al debate. En principio, según dice Marinelli, el dinero recaudado por la aplicación de ese sistema de "castigos" para quienes gasten más agua de la establecida irá a las arcas estatales para luego derivarla en obras de magnitud. "Es fundamental que el sistema de riego sea más eficiente. Y para eso se necesita hacer obras. Para lograr hacer obras, se requiere de recursos", sintetizó.

Este viernes, más posturas sobre el futuro manejo del agua en Mendoza se sumarán. Tal vez, si la voz de los usuarios, operadores de agua pequeños y especialistas llega a ser escuchada, el saldo será a favor. Quizá si además de la principal prestadora y de representantes de grandes industrias se escucha al tomero de aquella finca escondida en Lavalle o al productor pequeño que debió vender sus tierras por no poder encontrar en su herencia viñatera un negocio rentable, la mirada será más completa. En una de esas, si dentro de las planificaciones se incluyera las necesidades de la señora que no puede bañar a sus hijos porque de su surtidor no sale una gota, entonces -solo entonces- el cambio de rumbo será real. Porque después de todo, lo que buscaban aquellos ancestros que rogaban a la cordillera que de sus laderas brotara el agua era eso: el bien común y el crecimiento equitativo en un suelo que también antes fue hostil.