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El dato que evidencia la deuda de miles de padres argentinos con sus hijos

Mientras que la propuesta del legislador nacional Julio Cobos toma fuerza en el Congreso para registrar a las personas que deban el pago de sus obligaciones parentales, los datos muestran la gran deuda de miles de progenitores en Argentina. Escuela, salud y alimento, los derechos más restringidos.

El tema volvió quedar visibilizado luego de que el diputado nacional Julio Cobos comenzara a instalarlo en el Congreso. Hace cinco días. el proyecto impulsado por el legislador mendocino para sancionar y registrar a las personas que adeuden cuotas relacionadas a su obligación de mantener a los hijos (biológicos y adoptivos) hasta la edad de 21 años, tuvo el aval de la Cámara de Diputados. Ahora, la iniciativa busca obtener el consenso del Senado para convertirse en Ley, mientras que en miles de hogares con niños, niñas y adolescentes, las carencias para cubrir necesidades esenciales para su óptimo desarrollo, se hacen sentir. 

De acuerdo a los datos a agosto de 2022 que Unicef Argentina dio a conocer a partir de una encuesta que da cuenta de la situación de la niñez y la adolescencia en Argentina (sexta ronda), 51% las mujeres con hijos e hijas en edad escolar declaran no recibir el pago de la cuota alimentaria por parte de los progenitores. El porcentaje se eleva al 63% si se considera, además, aquellas que indican recibir el pago por esta obligación de manera irregular. Entre los sectores más pobres, esta realidad representa al 66% de las madres, mientras que en estratos superiores, el porcentaje desciende a la mitad. En un contexto donde la desocupación sigue afectando a miles de hogares en el país, una de las razones más referidas por las encuestadas al describir el por qué sus ex parejas o cónyuges no aportan el dinero necesario para sostener las necesidades básicas de los hijos y hijas en común, es justamente la falta de trabajo. Sin embargo, otro tanto advierte que el no cumplimiento de esta responsabilidad reside principalmente a la "mala relación entre los adultos".

Entre muchas otras variables que hacen al cumplimiento de los derechos de la infancia que son vulnerados de manera sistemática. el informe describe la persistencia de situaciones laborales de precariedad e inestabilidad y un fuerte peso de hogares con ingresos insuficientes. "Estas situaciones tienen efectos en la capacidad de compra de los hogares y pueden desencadenar mecanismos de ajuste en su interior, en perjuicio de los niños, niñas, adolescentes, con efectos sobre su bienestar y salud", advierte el trabajo de Unicef cuya muestra incluyó a un total de 1.626 hogares de todas las regiones del país con un total de 6.920 personas. Tal como se indica en el trabajo, la encuesta es extrapolable a toda la población. De allí su validez al momento de describir las situaciones que involucran a los adultos que a lo largo del proceso de separación o divorcio, terminan por tomar como "rehenes" a los hijos e hijas.

Son ellos/ellas quienes aún dependiendo por ley de sus progenitores y responsables adoptantes (hasta los 21 años) se ven restringidos/as en sus posibilidades debido a la falta de cumplimiento de la obligación de ejercer la manutención. Vale decir que tanto el Código Civil y Comercial de la Nación, como así también la Ley Nacional N° 26.061 (que establece los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en sintonía con las convenciones internacionales a las que el país adhiere) dan cuenta de la responsabilidad de ambos progenitores para preservar, ante todo, el bien superior de los hijos/as.

Problemática que se mantiene

La morosidad en el pago de la cuota alimentaria por parte de los progenitores no es una problemática nueva. Pero a lo largo del tiempo, no solo de ha replicado en Argentina, sino que se profundizó. Justamente, las provincias de Mendoza y Buenos Aires fueron las pioneras a la hora de conformar sus propios registros de deudores alimentarios como una manera de agilizar distintos mecanismos legales a la hora de hacer cumplir este derecho inalienable de la infancia. Inclusive, en la provincia natal de Cobos, se estableció el "escrache" público en los medios de comunicación, en los que se publicada de manera periódica la lista de los morosos con nombre y apellido. Si bien esta metodología dejó de ser aplicada en la provincia cuyana, ahora lo que se busca es redoblar la apuesta y llevar la propuesta a todo el territorio nacional.

Así, el objeto de la norma presentada por Julio Cobos consiste en “implementar una base de datos unificada del territorio nacional que contenga toda la información de los deudores alimentarios morosos inscriptos en los registros de las distintas jurisdicciones”. Asimismo, establece que será registrada en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios a “toda persona obligada al pago de la cuota alimentaria provisoria o definitiva que se encuentre en mora por falta de pago de tres cuotas consecutivas o cinco alternadas, intimada judicialmente y que no hubiese demostrado fehacientemente su cumplimiento”.

Obligación inalienable

Desde 2014, el Código Civil y Comercial Argentino (a través de la Ley N° 26.994), establece, en su capítulo N°5, la obligación de los progenitores para brindar alimento (entendido desde una perspectiva más amplia de las necesidades básicas) a sus hijos e hijas. Así el artículo 658 de esta norma, establece el derecho y la obligación de padres y madres para "criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos". Asimismo, el código establece además,  que la obligación de prestar alimentos a los hijos se extiende hasta los veintiún años. La única excepción en este sentido se da en los casos en que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo.

Los progenitores tienen obligaciones para con sus hijos e hijas más allá de haber disuelto la unión con su pareja.



El artículo siguiente al mencionado dice que la obligación de brindar alimentos  comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Entendidos así, los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especie y son proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y necesidades del alimentado. Por otro lado, "las tareas de cuidado personal que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado del hijo tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención", dice la ley que además contempla que el progenitor que incumpla con este aspecto, puede ser demandado por el otro progenitor en representación del hijo, por el hijo con grado de madurez suficiente con asistencia de un abogado o bien por cualquiera de los parientes o el Ministerio Público.

Una forma de violencia económica naturalizada

Nora Schulman es la directora ejecutiva del Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño (Casacidn). Desde su perspectiva, el proyecto que debe ser analizado por el Senado Nacional viene a impartir un sesgo de Justicia frente a situaciones que muchas veces quedan invisibilizadas e incluso naturalizadas, afectando de manera directa a los derechos de niños, niñas y adolescentes en Argentina.

El no pago de la cuota alimentaria por parte del progenitor genera además, una sobrecarga en miles de madres. 

Explica Schulman, que inclusive, muchas veces el no pago de la cuota alimentaria por parte de los progenitores que ya no conviven con su pareja e hijos, representa un mecanismo de coerción hacia la madre de los niños tras el divorcio o la separación. "Esto no solo se puede evidenciar como una forma más de violencia hacia las mujeres y niños, sino que genera en el entorno familiar situaciones de tensión en todos los aspectos que terminan recayendo en las mujeres. Son ellas de hecho, las que deben salir a trabajar más horas, a veces con hasta tres trabajos para poder costear las necesidades de sus hijos e hijas", advierte Schulman y recuerda que cada vez que un adulto apela a mecanismos intimidatorios o utiliza "vericuetos" legales para evadir su responsabilidad moral y humana, lo que hace es atrasar en materia de derechos hacia la infancia. "Los chicos pierden derechos porque sus posibilidades se ven limitadas", explica la representante de la entidad nacional.