El escándalo de la autopsia de Milagro tras un polémico aborto en Salta

El escándalo de la autopsia de Milagro tras un polémico aborto en Salta

Continúa la polémica por el aborto practicado en Salta a una joven de 21 años que cursaba un embarazo de 22 semanas. El fiscal continúa tomando declaraciones.

Ana Mármora

El avanzado estado de descomposición del cadáver de Milagro, nacida el pasado 24 de agosto con seis meses de gestación, de acuerdo al Centro de Investigaciones Fiscales de Salta (CIF), no permitiría determinar si la niña nació con vida, conforme lo informado por el fiscal de la causa al abogado de la querella Dr. Rambert Ríos. El informe del CIF fechado 8 de septiembre consigna que debido a los avanzados procesos de transformación cadavéricos que presenta el feto, el cual se encuentra en estado de esqueletización y a la ausencia de órganos, no es posible realizar autopsia, ni estudio patológico. Así como tampoco se pudo determinar sobrevida y/o causal de muerte.

La noticia ha causado estupor en los medios vinculados a la Justicia, ya que por experiencia común se sabe que en medio mes ningún organismo se transforma en esqueleto. Esta impresión ha sido corroborada por un experimentado médico legista, cuya identidad prefirió mantener en reserva. El parte transcripto es muy escueto y con una sintaxis deficiente, pero llama la atención aquello de la ausencia de órganos, porque podría ser independiente del estado de esqueletización. Entonces ¿el informe busca insinuar decir, sin decirlo claramente,  que al cadáver le fueron extraídos los órganos? Y a causa de esto no se puede determinar científicamente si Milagro nación con vida y cuál fue la causa de su muerte, lo cual –de verificarse- pondría a la profesional interviniente ante una imputación de abandono de persona e infanticidio. No se trata, pues, de delitos menores. Lo cierto es que resulta escandaloso que el cadáver Milagro, nacida y fallecida el 24 de Agosto pasado, no haya podido ser preservada poco más de dos semanas en pleno siglo XXI.

No menos escandaloso que la interferencia en la causa penal del Ministro de Salud de Salta, Juan José Esteban quien salió a apoyar en forma terminante la actuación de la médica que practicó el aborto. Tan inusual actitud no sólo parece apresurada y riesgosa en un caso bajo investigación judicial y con aristas tan controvertidas, sino que enturbia la gestión de la Justicia. Es que si el Ministro dice que está todo bien ¿alguna enfermera o personal administrativo bajo su mando se animará a contradecirlo?  Esteban bajó una poderosa línea a todo el personal hospitalario, pero también dejó pegado a su superior, el gobernador Gustavo Sanz y puso bajo sospecha por ende a los diversos organismos del Estado provincial.

El abogado José Durand Mendióroz, vinculado a la querella, expresó “El problema de solidarizarse con una persona más que sospechosa, imputada penalmente, es que quien pone por alguien las manos en el fuego en forma automática, enarbolando la bandera de que en Salta los abortos siempre se hacen bien, se tiñe de sospecha. Ahora nos encontramos con dos tipos de explicaciones sobre la pérdida de la prueba de la autopsia. Tenemos las explicaciones simples: que el fiscal penal es negligente, o que en la morgue se olvidaron de pagar la luz y no se pueden refrigerar los cadáveres o que alguien se confundió y le extirpó los órganos. O que un empleado del laboratorio estatal que hizo la pericia mandó por error el cuerpo de Milagro al cuarto de insumos de limpieza". Alternativamente tenemos la respuesta compleja, la de una deliberada voluntad desde el poder de malograr la prueba. Tal como –hipotéticamente- la ablación de los órganos y el deliberado descuido del cadáver. También cabe preguntarse: si el cuerpo está en tal estado de esqueletización, incompatible con los días transcurridos desde el deceso ¿la descomposición fue acelerada por algún medio? O ¿no habrá sido cambiado el cuerpo?

El gobierno nacional  a través del ministerio de Igualdad de Género, tampoco fue prescindente y se pronunció en forma inmediata a favor de la médica imputada. Entidades feministas paraestatales y privadas también salieron a la palestra como quien defiende la camiseta de su equipo. El abogado querellante fue acusado por un grupo feminista de defender  violadores. Claramente, fue lo primero que se les ocurrió, lo de mayor impacto mediático, pero nada que ver con lo sucedido.

Durand agregó que "también se dijo que se había evaluado la situación de salud integral de la madre y se había determinado su vulnerabilidad social. Quienes aplican la ley de interrupción voluntaria del embarazo, se olvidan que la única palabra vetada por el Ejecutivo fue justamente –“integral” para excluir de la ecuación las carencias sociales. Así se dijo en el debate parlamentario que ante la carencia de medios materiales de una persona gestante (entiéndase madre), debían ofrecérsele soluciones de contención social. Pero este detalle parece ajeno a la maquinaria de producir abortos en que se ha convertido el sistema hospitalario, donde se viola sistemáticamente la ley, eso sí, de acuerdo a Protocolo”.

“Pasadas las 14 semanas, todo aborto que no esté encuadrado en las causales de violación o salud, debidamente documentadas, está sancionado penalmente. Todavía el bien jurídico protegido es la vida del niño por nacer y todavía el aborto es delito. Aún para la lógica perversa de la ley, para la cual el aborto hasta las 14 semanas es un derecho, lo cual es frontalmente violatorio de la Convención de los Derechos del Niño,  en las condiciones de vigencia aprobadas por nuestro país”, expresó Durand. 

Pero en el caso de Milagro, estábamos lejos de la semana 14. Estábamos con la semana 22 cumplida. Estaría fuera de discusión de que la madre de Milagro en principio pidió el aborto e ingirió cuatro pastillas de misoprostol, cantidad absolutamente insuficiente e ineficiente para provocar el parto en un estado de gravidez tan avanzado y, por lo demás, perfectamente controlable con el tratamiento adecuado. Habiendo expresado su voluntad de continuar con el embarazo, se la retuvo en el hospital con la excusa de evitar sangrados, pero fue llevada al quirófano, y se le aplicó una vía. Probablemente mediante ella se le inyectó por vena algún fármaco para acelerar el parto. Si no, no hay explicación de que el parto se haya producido. ¿Las autoridades y el feminismo avalan a libro cerrado este proceder? ¿No se plantean siquiera la posibilidad de un abuso de poder de la médica tratante?  Quien,  dicho sea de paso, no es obstetra, ni cirujana, sino médica de familia y por ende incompetente en caso de que el parto se complicara y estuviera, esta vez sí, en riesgo la vida de la madre. El feminismo radical ¿no puede siquiera aceptar por vía de hipótesis, que podría tratarse de un aborto forzado, que se lleva por delante la dignidad de la madre y la vida de su hija?

Luego del nacimiento de Milagro con vida, según pruebas documentales y testigos dependientes del Ministerio y seguramente hoy coaccionados moralmente, no se le proporcionaron los cuidados de un bebé prematuro y falleció. De allí la importancia de la frustrada autopsia, hoy imposible de realizarse de acuerdo al informe de medicina legal. Pero aun así debe llevarse adelante la investigación por las responsabilidades en el cuidado del cadáver. Sería conveniente la intervención de un perito de parte y del Cuerpo Médico Forense de la Nación, para hacer evaluaciones más complejas sobre los restos, y quizás una muy elemental, una prueba de ADN.

Resulta llamativo que los gobiernos se solidaricen con los fuertes y no con los vulnerables. Que dejen abandonada a su suerte a una mujer pobre y en cambio hagan una cerrada defensa corporativa de la médica, sin una sola palabra de aliento para la mujer que perdió a su hija. La lucha planteada es muy despareja.

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