Régimen de zonas frías y subsidios cruzados

Más de cuatro millones de argentinos serán beneficiados con tarifas preferenciales a partir de la reciente sanción de la ley 27.637, que establece una reducción en las tarifas de gas para aquellos municipios del país donde se registran bajas temperaturas. Uno de cada diez de esos beneficiarios corresponde a la provincia de Mendoza.

Esta ley es una ampliación del régimen de tarifa diferencial por zona fría implementado a partir de la famosa ley 25.565 del año 2002, que abarcaba entonces solo a la zona Patagónica, Malargüe y la Puna, con un total de casi 850.000 habitantes a los que se bonificaba el 50% de la tarifa. A su vez, prorroga estos beneficios hasta el 31 de diciembre de 2031.

El régimen incorpora ahora a 3,1 millones de nuevos hogares de otras 152 localidades, ampliando al 44% del total de usuarios por redes del país (casi 13 millones de personas, es decir, el 28% de la población Argentina) que en este caso recibirán una bonificación de entre el 30% y 50%, dependiendo de la vulnerabilidad económica de esos usuarios. Los hogares de menores ingresos (beneficiarios de planes sociales, jubilados, monotributistas sociales) así como electrodependientes, entidades de bien público y pequeñas y medianas empresas y comercios podrán acceder al mayor porcentaje de descuento.

Habiendo sido reglamentado a través del decreto 441/21, el Enargas ya procedió a su reglamentación. El objetivo es aplicarlo para este mismo invierno, con lo que lo deseable sería poder verlo impactado en la próxima factura (recordemos que lo consumido en el bimestre julio-agosto lo estaremos pagando en el mes de septiembre), pero esto dependerá de los tiempos de implementación y en qué fecha cierre la facturación para cada usuario.

En cuanto a la financiación, el plan se sostiene mediante un recargo en el precio del gas natural en PIST (lo que se llama “en boca de pozo”) aplicado a todos los usuarios de la red. Lo pagan tanto los hogares, comercios y PYMES que reciben el servicio de una distribuidora, como también las grandes industrias que compran el gas directo en el mercado mayorista. Ese sobrecargo, que hasta ahora era del 4,46%, pasará al 5,44%, representando – según las estimaciones del Enargas – una suba de entre 6 y 8 pesos en las facturas de unos 11 millones de hogares del país.

Queda por ver si lo recaudado en este “Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumo Residencial de Gas” será suficiente para cubrir los gastos subvencionados en las zonas frías o si se requerirán -lo más probable- en algún momento aportes del Tesoro Nacional. Para autofinanciarse, el fondo debería recaudar mínimamente el doble que en la actualidad. Unos $ 18.000 millones.

Si bien se trata de una medida necesaria y justa para muchas zonas del país que padecen temperaturas extremadamente bajas, presenta el mismo problema que otros subsidios, tales como los aplicados a la electricidad o el transporte urbano, en donde prima el criterio geográfico por encima de otros tales como la situación socioeconómica.

De este modo, muchas veces quedan dentro del beneficio usuarios que tienen capacidad de pago mientras que se excluye a otros que, por su situación de vulnerabilidad, realmente lo necesitan. También se da el fenómeno de “subsidios cruzados”, en los que distintas regiones del país pagan, en forma recíproca, gravámenes destinados a otras zonas o actividades de las que no participan.

No obstante, se trata de un buen primer paso. Será cuestión ahora de analizar el trazo fino en la segmentación, de acuerdo con otras variables, a fin de evitar y/o mitigar desequilibrios fiscales y desigualdades entre los usuarios. Y de revisar, en lo inmediato, todo el sistema de subsidios que - si tuviéramos una economía equilibrada en materia de precios y salarios, con una moneda fuerte, una inflación controlada, y una política energética y tarifaria seria, federal e integral - deberían ser la excepción y no la regla.