Mejorar el capital: cómo tentar a los privados a invertir en investigación y desarrollo

Sobre todo, en tanto la inversión en investigación y desarrollo –I+D-ello permitiría contar luego con mejores perspectivas para generar empleos de mayor calidad, mejor remunerados, haciendo al país más competitivo y menos dependiente de los costos de transferencia de propiedad sobre aquello.

Se cita para ello los niveles de inversión, tanto públicos como privados, alcanzados por los países desarrollados –la OCDE- más otros como Israel o países asiáticos con altos niveles de ingreso (entre el 3 al 5% del PBI). Ello evidenciaría que la prioridad de recursos de sus gobiernos –y de su sociedad- puesta en la investigación y el desarrollo, resultó vital para lograr un mayor y mejor crecimiento.

En contraposición, se toma el caso argentino para evidenciar justamente lo contrario, pero con mucho foco en las supuestas visiones de los gobiernos sobre cómo valoran a la ciencia. A comienzos de 2021 se sanciono la ley 27.614 que determina un
mínimo de inversión pública en Ciencia y Tecnología, partiendo de un 0,32% del PBI en este año hasta llegar al 1% en 2032.
Actualmente, la inversión pública financia el gasto el 80% del gasto en I+D, vía organismos como el CONICET o Universidades Públicas, pero ello se encuentra condicionado por dos factores: La restricción presupuestaria, que en tiempos de crisis afecta mucho más, y, como vemos, una visión muy limitada que tiene al gasto en I+D como una prerrogativa mayormente de impulso estatal, con mucho enfoque desde lo cuantitativo (recursos generales) y no lo cualitativo (contribución al desarrollo).

La nueva ley no menciona al sector privado como eje central de la inversión en I+D, ni propone incentivos a destinar recursos para ello, tanto para empresas como familias. Nos referimos, por ejemplo, a marcos impositivos y regulatorios favorables, como ser, impuestos bajos, beneficios fiscales, entre otros.

Tomando este escenario y sin evaluar el tema en términos políticos, la pregunta para responder es ¿Cuál es la clave entonces para obtener más recursos destinados la I+D? La respuesta está en los mecanismos de ahorro e inversión para financiar la
investigación y desarrollo. A diferencia de nuestro país, en los países con mayor PBI, son los privados quienes más invierten en I+D.

En la Argentina el mercado de capitales es muy chico, y el principal destino de los excedentes del público es la compra de divisas. En los últimos diez años los argentinos adquirieron la friolera cifra de USS 150.000 millones, equivalente al 50% del PBI. La población con capacidad de ahorro podría perfectamente financiar proyectos de inversión en I+D tanto públicos como privados. Entonces, el problema para financiar la investigación y el desarrollo, ¿es por falta de ahorros o por el destino de estos?

Una idea. Bonos de I+D

La propuesta no es conceptualmente nueva, pero es novedosa para la Argentina. Consiste en financiar la I+D vía un Bono de amplia disponibilidad publica destinado a un Fideicomiso cuyo objetivo es promover proyectos que involucren a estudiantes, técnicos y profesionales dedicados a investigar y aplicar conocimiento científico en forma concreta.

Vía asociaciones público-privadas, emprendimientos entre varios socios privados, o inversiones específicas de organismos como el CONICET, INTA, INTI o Universidades Publicas se presentan proyectos que, transcurrido un tiempo, contribuyen a generar riqueza y valor. Fruto de ello se produce una renta por aquel trabajo. Dicha renta es la garantía de la inversión realizada.
A su vez, los profesionales y personas involucradas, al verse beneficiados por dicha inversión, se comprometen a destinar parte de sus futuros ingresos como retribución a quienes confiaron en ellos. Este formato pone la relación directamente entre el financiador y el beneficiario. Además, los Bonos I+D no tendrían garantía del Tesoro, estando exentos de futuras decisiones del Estado argentino en cuanto al pago de sus deudas (cinco defaults desde 1990).

¿Cómo hacemos entonces para interesar al público? La propuesta es, en definitiva, un negocio. Para el privado implica una inversión concreta, más rentable que dejar los dólares en el colchón o depositados en el exterior invertida en bonos de países desarrollados que hoy pagan en torno al 0,5-1% de interés.

Asimismo, y esta es una de las claves, dicha inversión puede ser deducida en su totalidad del impuesto a las Ganancias, en tanto mientras uno destina sus ahorros a los Bonos I+D, su flujo de ingreso se incrementa, teniendo más dinero disponible y seguir invirtiendo a futuro. También las asociaciones o sociedades financiadas estarían exentas de impuestos por unos cinco años.

No estamos más que generando un mecanismo de aplicación concreta que ya se plasma de hecho en, por ejemplo, el caso de Bioceres, empresa rosarina líder en biotecnología agropecuaria que cotiza en Wall Street. La compañía, en asociación con científicos del CONICET y la Universidad Nacional del Litoral, crearon la tecnología HB4® para el cultivo de trigo, una herramienta de tolerancia a sequía única a nivel mundial.

O como CITES, -Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social-, fruto de una inversión del Grupo Sancor Seguros, cuyo objetivo es unir el mundo productivo con el científico. El Centro contribuye al desarrollo local financiando emprendimientos y start ups de base tecnológica. En 2020 crearon el Fideicomiso Financiero CITES I, primer vehículo de capital de riesgo con cotización pública por USS 24 millones.

Como sostuve, la propuesta no es nueva. En 2002, la Fundación Sales envió un proyecto al Ministro Lavagna ligado a resolver el problema de la deuda con una oferta que no implicaba quita de capital, pero destinaba una porción del interés a financiar la I+D. El acreedor cedía a corto plazo, pero financiaba el desarrollo del país y, por ende, garantizaba el futuro repago de la deuda.
La Argentina no posee hoy ni tendrá por un tiempo acceso al financiamiento. El sector privado no tiene incentivos para invertir sus excedentes en el país. Busquemos entonces soluciones concretas para financiar la I+D dentro de las herramientas existentes, involucrando a todos los actores interesados. Sin discursos, prejuicios ni falsos paradigmas. Aquí hay una idea.

*Agustín Jaureguiberry. Politólogo, Magister en Estudios Internacionales y Máster en Políticas Públicas.