Restricción perimetral: proponen mayor castigo para agresores y funcionarios

Restricción perimetral: proponen mayor castigo para agresores y funcionarios

Tras el femicidio de la joven, un proyecto de ley fue presentado en la Cámara de Diputados de la Nación para agravar las sanciones en los casos que un agresor de violencia de género incumpla con la restricción perimetral y cuando un funcionario demore la disposición de las medidas.

Redacción MDZ

Redacción MDZ

Tras el femicidio de Úrsula Bahillo, un proyecto de ley fue presentado en la Cámara de Diputados de la Nación para agravar las sanciones en los casos que un agresor de violencia de género incumpla con la restricción perimetral y cuando un funcionario demore la disposición de las medidas.

"Buscamos llegar antes de que el femicidio ocurra y salvaguardar la vida de la mujer: un minuto es un montón cuando se está siendo acosada y amenazada", dijo a la agencia de noticias Télam la diputada nacional Carolina Gaillard (Frente de Todos-Entre Ríos), presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja y autora de la iniciativa.

Este proyecto busca "resolver la dilación en las causas que se tramitan por denuncias por violencia de género" y establecer "celeridad en la respuesta ante el incumplimiento de medidas de protección". Para ello dispone la modificación del Código Penal y la ley 26.485 de 'Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres' para "agravar también la pena a los jueces y autoridades que incumplan sus funciones".

Si el agresor incumple la restricción perimetral y el juez o funcionario "no dispone la detención del agresor y ocurriere el femicidio, es una falta grave", apuntó Gaillard, y agregó que se establece que el juez de faltas o civil "informe al juez penal el incumplimiento de esa orden de restricción en menos de 24 horas".

Gaillard afirmó que se busca que "haya un reproche penal a aquel funcionario que no se ocupó debidamente ante el peligro de vida de una mujer que hizo una denuncia". "Encontramos cuestiones del Código Penal que deben ser modificadas, y también que no están claras las responsabilidades de las autoridades y de la justicia, muchas veces se pasan la pelota y eso no puede volver a pasar", añadió.

El proyecto dice que el funcionario judicial que en denuncias por violencia de género o familiar demore maliciosamente la adopción de medidas de protección de la víctima será reprimido con uno a seis años de prisión. Al mismo tiempo, cuando el agresor desobedezca una resolución judicial que busque salvaguardar la integridad física, psíquica o sexual de la víctima, tras una denuncia por violencia de género o familiar, la pena será de 3 a 5 años de prisión.

Finalmente, se incorpora en el artículo 249 del Código que será reprimido con prisión de quince días a un año quien se resista o desobedezca a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones.

Temas

¿Querés recibir notificaciones de alertas?