Inflación, regulación de las prepagas y copagos: una bomba de tiempo

La polémica por la implementación del copago por parte de las empresas de medicina privada puede presentarse como un problema entre privados. Sin embargo, la realidad muestra que la base del conflicto se encuentra en el Estado. El exceso de gasto que alimenta un déficit fiscal inmanejable, obliga al Gobierno nacional a financiarse con emisión sin respaldo, el principal disparador de la inflación.

Con esta causa, la consecuencias son inevitables. Más si se tiene en cuenta que, además, los funcionarios tienen propensión de regular y controlar todo lo que suceda en la economía.

Vale aclarar este factor inicial para entender que la disputa que se está generando no se puede simplificar en un enfrentamiento entre buenos y malos. Salvo el Estado, en este tema todos son víctimas.

El anuncio realizado por las asociaciones de prestadores de salud puso el conflicto ante la opinión pública, pero es el final de una serie de problemas. La reacción de este sector se produjo como respuesta a la decisión de las empresas de medicina prepaga y obras sociales de dirección de empresas de no trasladar a los prestadores el aumento de 9% que sufrirán las cuotas de los afiliados. El motivo esgrimido para no cumplir con el acuerdo son razones económicas.

El sistema funciona de la siguiente manera: una persona se asocia a una empresa de medicina privada. Con la cuota que paga, esta empresa terceriza servicios a prestadores que son los que realizan los estudios médicos. Por esos trabajos, abona un monto determinado.

Desde enero, las cuotas de las prepagas subirán un 9%, como últimos tramo de una serie de incrementos establecidos para todo el año. Por esas “razones económicas”, que pueden entenderse como un aumento de costos mayores a lo esperado, estas compañías comunicaron a los prestadores que no le trasladarán el porcentaje correspondiente de este incremento. Es decir, se lo quedarán. Ante eso, estas empresas intermediarias comunicaron que, desde el año próximo, cobrarán a cada paciente un 9% por cada estudio que se realice. De esta manera, cubrirán la parte del aporte que no reciben.

Esto generará malestar entre los afiliados a las prepagas que reclamarán que las empresas les reintegren el dinero.

Está claro que las empresas de medicina privada son el eslabón más fuerte de esta cadena, mientras que los prestadores de servicios sufren sus decisiones, pero el que termina pagando los costos son los afiliados. Por un lado, le aumentará la cuota y, por el otro, deberá afrontar un copago.

¿Y el Estado qué culpa tiene? En un país sin inflación estos problemas no suceden o, al menos, no en esta dimensión. Pero no es sólo eso. La Superintendencia de Servicios de Salud es el organismo encargado de regular los aumentos de la cuotas de las prepagas, en base a una ley del 2011.

Las empresas deben presentarle sus proyecciones de aumentos de costos  para que el organismo determine el incremento a aplicar.

A fin del año pasado se autorizaron cuatro aumentos acumulativos de 9%. El último tramo es el que se aplicará en enero. Dentro de la regulación, tiene que trasladarle a los prestadores el aumento que se les autoriza. En esta oportunidad, las prepagas comunicaron que no lo van a hacer.

Si bien la salud es un tema delicado y requiere cierta regulación, en la Argentina se da la paradoja que, por un lado, el Estado genera el problema a través de la inflación, mientras que, por otro lado, decide cuál es el aumento que una empresa privada puede aplicar. Si no es suficiente para cubrir los costos porque, por ejemplo, se produjeron aumentos mayores a lo esperado, no es un problema del Estado, sino del privado.

Se esperaba para hoy una reunión entre las entidades que representan a los prestadores con el Gobierno Nacional para tratar de encontrar una solución al problema. El malestar en este sector es muy grande.

“Si las prepagas no van a trasladar el 9% a los prestadores, tampoco tendrían que estar autorizados a cobrarle el aumento a los afiliados”, dijeron a MDZ desde una empresa. Claro que esta no sería una solución ya que afectaría a todo el sector que no recibiría mayores ingresos con costos más altos.

Algunos plantean la necesidad de que se autorice un aumento adicional, en febrero, de entre 6% y 9%.

Se estima que de confirmarse la aplicación de copagos, el 80% de las prestaciones que no sean de urgencia quedarán postergadas ya que los afiliados no querrán pagar el costo adicional. El otro 20% lo pagará y exigirá el reintegro a las prepagas.

El otro conflicto se presenta con los trabajadores. Si no se les reconoce la actualización tarifaria, los prestadores no van a poder cumplir con el último tramo de aumento de paritarias. Algunos prestadores tienen expectativa de que las prepagas revean la medida y paguen el 9% del incremento. “Creo que hicieron una jugada para tantear sin tener en cuenta la reacción que se iba a producir”, explicaron desde otra empresa.

Lo que está claro es que el sistema de salud privado tiene un serio problema de financiamiento, con empresas que están en situación de quebranto. Este doble juego de inflación en alza con cuotas reguladas es una bomba de tiempo. La pandemia, con la caída de la demanda de estudios, provocó un daño económico a todo el sector que ya venía dañado.

Un punto que no hay que olvidar es que, desde el Gobierno nacional y el bonaerense, se viene dando el mensaje de que hay que reformular el sistema privado con una intervención estatal. La crisis constante y la no solución de los problemas de fondo pueden servir de justificación para avanzar en esa estrategia.