Sumar días, restar recursos: ninguna solución para la educación pública

Desde principios de 2018 desarrollamos una campaña pública bajo el lema #MásParaEducación con la que impulsamos un debate sobre la importancia que tiene la educación en nuestra provincia. Y dicha importancia parte, en primer lugar, de lo que se “apuesta” en términos de recursos para garantizar una educación de calidad e inclusiva.

Con sucesivos informes que pueden leer en detalle (https://ciecmza.org/), desarrollados por economistas, podemos establecer la siguiente evolución del presupuesto educativo en nuestra provincia: si comparamos los $76.123 millones que la provincia invertirá en educación con los $425.552 millones de erogaciones provinciales totales, tal como lo informa la Ley de Presupuesto 2022, obtenemos que la inversión educativa representa solamente el 17,9% de los fondos que el Estado provincial pretende utilizar el año próximo. ¿Tiene presente el gobierno que la Ley de Educación Provincial vigente establece que el presupuesto educativo debe ser de un 35% del presupuesto provincial?

Si repetimos el mismo análisis para años anteriores nos encontramos con que, si bien nunca se cumplió con el 35% establecido en la ley, en los últimos años la participación de la educación en el presupuesto provincial ha tenido una caída casi constante, pasando del 23,7% en el 2015 a un 21,8% en el 2019 para llegar al 17,9% actual.

La pandemia en curso solo agravó este cuadro. El recorte en la ejecución presupuestaria fue notorio. Si comparamos el presupuesto 2022 con lo ejecutado en el año 2019 obtenemos un ajuste del 30,7% en términos reales (descontando el efecto inflacionario). Dentro de esta involución, se encuentra el salario de los/as trabajadores/as de la educación. Haciendo el mismo análisis nos encontramos que la partida de personal se reduce un 32% en términos reales entre 2019 y 2022, número que a nadie debería asombrar teniendo en cuenta que el año pasado no se otorgaron aumentos salariales mientras que los precios crecieron un 36%.

Uno de los temas sociales más presentes a partir de esta desinversión en educación es la infraestructura edilicia y su relación con la calidad y la cantidad de la educación. A esto debemos incorporarle una actualización sobre el equipamiento y los recursos necesarios para la educación de “hoy” y del “futuro”.

Desde el 2016, la DGE ha hecho un eje de política en la extensión de los días clases y el cumplimiento del calendario escolar a través de diferentes campañas. Desde el “ítem aula” hasta la modificación de los calendarios escolares, los discursos hablan de “calidad”, pero el enfoque concreto está puesto en la cantidad: más días y más tiempo de clases.

Sin embargo, irónicamente, aún en los retornos a la presencialidad que tanto debate público generaron durante 2020-2021, hay estudiantes que no tendrán los días de clases establecidos porque sus escuelas no tienen cómo unificar las “burbujas”. ¿Por qué? Por falta de espacio, de sillas, de mobiliario. Es decir, no entran en las aulas, sino es de manera inhumana.

Actualmente, se hace cada vez más notoria la superpoblación áulica y la falta de espacio por la unificación de los ciclos lectivos 2020-2021. Esto implicó que todos/as los/as estudiantes promocionen, aumentando la cantidad de estudiantes en el ciclo. A lo que hay que sumar la falta de inversión en aulas, escuelas y mobiliarios y la extensión de programas, como era la “jornada extendida”, que supone más uso de espacio físico.

Lo paradójico es que nos encontramos con aulas superpobladas y un faltante de espacio y de mobiliarios en un nivel como Secundaria, donde existe una deserción promedio del 40%. Por lo tanto, si hubiera resultados positivos en las políticas de acompañamiento que mejorasen la permanencia y el egreso efectivo, las escuelas “explotarían”.

¿Cómo resolver esta situación?

La DGE, en su actual gestión, a partir de la implementación del GEM, ha hecho un culto de los “datos”. Sin embargo, en el terreno de las necesidades materiales concretas para sostener la educación, parece ser innecesario los datos reales y las proyecciones rigurosas. Y si alguien pregunta a un/a docente por la cantidad de estudiantes en sus aulas y la situación edilicia, tendrá alguna queja por respuesta. Pero la DGE no ofrece datos al respecto ni ha establecido un patrón objetivo para cumplir con medidas de seguridad y pedagógicos.

Mendoza no cuenta con una normativa propia que actualice el código de edificación en lo que se refiere a instituciones educativas como sí sucede en otras jurisdicciones. Hemos de suponer, entonces, que en nuestra provincia se utiliza como referencia lo establecido en la legislación nacional que corresponde a momentos muy distintos del sistema educativo y de la sociedad en su conjunto. Al respecto, Mendoza ostenta un atraso impresionante. No solo no tiene una normativa actualizada al respecto, sino que además es una provincia sísmica con escuelas y aulas que son, arquitectónicamente, trampas mortales.

La adopción de un criterio espacial debe combinarse con uno pedagógico: un espacio físico puede tener espacio para 30 estudiantes, pero eso no es ni remotamente recomendable en términos educativos. A su vez, la cantidad de estudiantes máxima debería tener criterios pedagógicos ligados a la edad del sujeto del aprendizaje y el ciclo o año en el que cursa.

Establecidos estos criterios, con participación sindical en la elaboración de la norma, la DGE debe relevar la situación actual edilicia y de cantidad de estudiantes. A su vez, debe realizar una proyección de la evolución de la matrícula. Con esos datos, será posible establecer cuántos espacios físicos se necesitan, aulas y/o escuelas, para cumplir con los índices establecidos.

Por supuesto, esto va a acompañado de equipamiento. La escuela debe ser un espacio de posibilidades de acceso a recursos que acorten las brechas sociales: equipamiento informático, audiovisual, lúdico, bibliográfico y deportivo actualizado y suficiente; internet de calidad; etc.

Llegados a ese punto, se deben presentar las metas de inversión educativa, en cantidades monetarias y plazos de construcción, para garantizar las escuelas, espacios y recursos necesarios para garantizar calidad educativa.

Hasta ahora, a lo largo de varias décadas y de varios gobiernos provinciales, la DGE ha recurrido a los números de matrícula únicamente para establecer los mínimos de estudiantes que permiten abrir y cerrar cursos. Por ejemplo, en Secundaria existe una resolución que establece un mínimo de 18 estudiantes para tener una división, pero da lo mismo si el curso tiene 30, 40 o 50 estudiantes, como hemos llegado a constatar.

Las metas de inversión y construcción que deben fijarse con carácter y fuerza de Ley, deberían, a su vez, se parte de una Ley de Financiamiento Educativo de la Provincia de Mendoza, previa a cualquier otra discusión de Ley Provincial de Educación.

Finalmente, todo esto debe estar acompañado, en el ámbito paritario, por la voluntad política de garantizar un salario inicial que permita vivir de un cargo (18hs cátedras), a fin de resguardar la salud física y mental de los/as trabajadores/as de la educación y su capacitación permanente.

Las prioridades en educación necesitan pasar de la parte discursiva a mostrar que de verdad hay interés en apostar a la misma.

SUTE
SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN