Según especialistas caerán las inversiones por el DNU de Fernández

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) tiene actualmente más de $10.000 millones en una cuenta en el Banco Nación para invertir en reducir la brecha digital que se mostró durante esta pandemia. Ese dinero sale del aporte mensual del 1% de los ingresos de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, según la normativa sancionada en el año 2000.

Sin embargo, en vez de invertir esos fondos para mejorar conectividades, el Gobierno apuntó contra la industria que prestan los servicios de comunicaciones, así como de televisión por cable y TV satelital.

“Puede ser una medida beneficiosa para el consumidor en el corto plazo. Pero a mediano y largo plazo es muy grave, porque vamos a tener peor infraestructura de comunicaciones, con prestadores que no van a poder invertir para acompañar el ritmo de crecimiento que tiene el consumo de Internet”, comentó el especialista Enrique Carrier.

Las empresas de comunicaciones invirtieron aproximadamente 2.000 millones de dólares el año pasado para crear redes de fibra óptica, agrandar redes 4G y adquirir equipamientos.

Según Carrier, declarar “servicio púbico” algo no es garantía de acceso: solo el 70,4% de los hogares tienen gas de red y el 70,9% cloacas, mientras que el 82,9% de los hogares tiene acceso a Internet, según datos del INDEC.

Con el congelamiento de precios hasta el 31 de diciembre, que se agrega al que ya vienen teniendo durante casi todo este año, y la devaluación que sufrió el peso respecto al dólar, se estima que este nivel de inversiones desaparecerá.

Algunos comparan esta situación con la vivida durante el gobierno de Cristina Kirchner, donde se congelaron las tarifas de servicios públicos y las empresas no hicieron inversiones. Otros consideran que este DNU no tiene antecedente internacional y genera una situación explosiva.

Sin embargo, no debe dejar de considerarse que la pandemia a generado un debate internacional en torno a la calidad de los servicios de telecomunicaciones. En Chile se está analizando un proyecto de ley para declarar servicios públicos a Internet, apuntando a garantizar la cobertura a toda la población, incluso lanzando una licitación para brindar servicios de 5G para celulares, aunque no se considera fijar precios ni incluir la televisión por cable ni la TV satelital.

"Definir topes de precio en servicios muy tecnológicos tiende a bajar la calidad de todos los prestadores a la vez. Por ello, en China, hace cinco años, se permitió que los tres prestadores estatales móviles establecieran precios libres, justamente para mejorar la calidad de sus servicios", destacó Henoch Aguiar, profesor titular de Legislación Comparada (UBA) y exvicepresidente de Arsat.

Desde su perspectiva "con modelos de tarifas fijas los prestadores frenan la oferta de mayor capacidad de Internet (fija y móvil), así como las inversiones en electrónica o tendidos para mejorar lo existente. Para paliar esos efectos, además de liberar los servicios de alto de gama, podrían incentivarse las inversiones de los prestadores grandes y chicos para que mejoren la velocidad a los usuarios, que necesitan más ancho de banda para los próximos meses",

Por su parte, el coordinador del Centro de Estudios sobre la Convergencia de las Comunicaciones (Convercom), José Crettaz, comento que “limitar el desarrollo de las comunicaciones no impacta solamente sobre dos o tres grandes empresas, sino sobre el conjunto de la sociedad que, al desincentivarse la inversión y la innovación, tendrá peores servicios en un sector que está en la base del desarrollo”.

El titular del ENaCom, el massista Claudio Ambrosini aseguró que el objetivo es que "la gente siga conectada, que tenga previsibilidad en los pagos y que las empresas no pierdan plata. Ese es el trabajo que tiene que hacer el ENaCom".

Fuente: Clarín