Se multiplican las denuncias y los detenidos por violencia de género
Ante la difusión mediática de casos de femicidios y cierta toma de conciencia por parte de la sociedad, en Mendoza las denuncias por casos de violencia de género se multiplicaron en las últimas semanas, como así también los detenidos por este tipo de episodios. Atentos a la realidad y las demandas sociales, en la Justicia, principalmente entre los fiscales, se mejoró el abordaje de estos episodios, más allá de ciertas dificultades, a la espera de los nuevos protocolos y el funcionamiento de la Unidad Fiscal Especial, que prometen marcar fuertes avances en la materia.
Si bien todavía no existen datos oficiales y concretos, en el Ministerio Público Fiscal se notó un importante incremento de denuncias por episodios de violencia de género, acelerado luego de la seguidilla de femicidios cometidos en el último mes. A raíz de este fenómeno, también hay más detenidos, lo que revela cierto "endurecimiento" por parte de los fiscales frente a los denunciados, a pesar que todavía existen algunas dificultades que, como hemos visto, ocasionan que potenciales femicidas queden en libertad.
El procurador de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Gullé, aseguró a MDZ que "hay un repunte importante" en cuanto a las denuncias por violencia de género, lo cual atribuyó a que "las víctimas se están animando a denunciar, porque están tomando conciencia que, si dejan pasar este tipo de hechos, pueden llegar a sufrir terribles consecuencias", como la pérdida de la vida.
Para Gullé, "no hay un aumento en la cantidad de hombres con conductas violentas", sino una "mayor toma de conciencia" por parte de las mujeres, alentadas por el abordaje mediático de los casos resonantes de femicidios en Mendoza y, en menor medida, un mejoramiento en el accionar de la Justicia. Esto último tendría que ver con el crecimiento de la cantidad de detenidos por violencia de género, que según el procurador, "es un número muy importante".
Por otra parte, el procurador general adelantó que en el Ministerio Público Fiscal "estamos terminando los protocolos de actuación ante episodio de violencia de género que deberán utilizar todos los organismos que sean receptores de denuncias", junto con la estructuración de la futura Unidad Fiscal Especial destinada para la problemática. "La idea es que existan los protocolos en toda la provincia", aseveró.
Lo que sucede hoy
La increíble, e inesperada, seguidilla de femicidios en Mendoza despertó, en cierto sentido, de una larga letanía a la sociedad mendocina, que, en muchos casos, veía a esta grave problemática como un fenómeno lejano o, en el peor de los casos, sumamente minimizado. Algo así debió de ocurrir en la Justicia, especialmente en las oficinas fiscales, donde los titulares y sus ayudantes disponen cada vez más arrestos de hombres denunciados por violencia de género.
Uno de los mayores inconvenientes que suelen plantear los fiscales ante una posible detención a un agresor es cuando éstos últimos reciben la denominada "primera denuncia". En muchos casos, los denunciados no poseen antecedentes delictivos ni mucho menos por violencia de género, además de carencia de materiales para disponer de la detención, lo que conlleva un riesgo para la víctima. En contrapartida, se ofrecen varias herramientas de disuasión, como restricción perimetral, exámen psicológico y tratamiento al agresor, comparecencia del mismo ante la fiscalía cada quince días y, en caso que la mujer lo requiera, medidas más protectoras, como rondines. En cambio, si el denunciado posee antecedentes, se aplica la prisión inmediata.
Otro problema ocurre con la "libertad" de criterios entre los fiscales. En algunas oficinas y unidades fiscales se aplican pasos rigurosos; en una sede fiscal consultada por MDZ, contaron que cuando una mujer presenta una denuncia por violencia, la víctima es enviada al Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario (CAI) para evaluar su estado emocional, y si presenta lesiones también es atendida por el médico forense. Tras la emisión de constancias por parte de los organismos, el fiscal manda a llamar al imputado para que preste su declaración y, si la denuncia es admitida, el sujeto queda inmediatamente imputado.
Pero, en otros sitios, los mecanismos son más laxos y dependen de la percepción del fiscal de turno, sobre todo para imputar o no al denunciado.
Los recientes antecedentes de femicidas que habían sido denunciados pero no fueron detenidos y terminaron matando a sus víctimas, como el caso de Ayelén Arroyo, encendieron una especie de "endurecimiento" en las oficinas fiscales frente a los imputados, por lo que, ante la primera sospecha, el agresor queda detenido o, al menos, demorado por varias horas.
Unidad Fiscal Especial
Uno de los avances más importantes en la materia será la puesta en marcha de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, anunciada a fines de septiembre por el gobernador Alfredo Cornejo y el procurador Alejandro Gullé. La misma contará con tres fiscales especializados en la problemática de género, equipos compuestos por ayudantes y un gabinete psicológico para la asistencia de las víctimas.
En principio, esta unidad fiscal tendrá jurisdicción únicamente en la Primera Circunscripción Judicial, es decir, el Gran Mendoza y Lavalle, y luego se iría ampliando al resto de la provincia, en la medida que la normativa lo permita. La expectativa es que esté en funcionamiento antes de fin de año.
Allí se centralizarán todas las denuncias por violencia de género y las investigaciones por femicidios, que serán recepcionadas desde todas las oficinas fiscales de la Primera Circunscripción. Con el objetivo de agilizar los procedimientos, los ayudantes fiscales de cada oficina serán quienes envíen toda la información recabada en la jornada al fiscal especial de turno, cuya presencia será comunicada por la Procuración a todas las delegaciones del Ministerio Público. Para ello, se diseña un protocolo de actuación para los ayudantes fiscales, que deberán aplicarlo con carácter riguroso, a riesgos de ser investigados.
La Unidad Fiscal Especial promete aplicar la totalidad de la Ley Nacional 26.485 Violencia contra la Mujer, junto con una amplia lista de medidas de protección: prohibición de acercamiento a la víctima y a determinados lugares donde puedan encontrarse, fijación de domicilio para el agresor, exclusión del hogar, obligatoriedad de cesar actos violentos contra la víctima y entrega y exclusión en compra de armas. Incluso la Fiscalía tendrá la potestad de disponer alguna medida en caso que la mujer no desee realizar una denuncia pero solicite protección, o en otros casos que no estén relacionados con el ámbito personal, como el acoso laboral.
Respecto a la posible detención del imputado, se tendrán en cuenta diversos factores: antecedentes policiales o de violencia de género, gravedad de la denuncia, perfil psicológico del presunto agresor y estado emocional de la víctima, entre otros. De todos modos, se espera que aumente la cantidad de detenidos.
Lógicamente, se espera que la creación de la Unidad Fiscal Especial y la aplicación de protocolos en dependencias judiciales y policiales por parte del Ministerio Público Fiscal esté acompañado de otras medidas que deberán ser puestas en marcha por el Gobierno, como los prometidos botones antipánicos, pulseras gemelas y refugios para víctimas. También un acompañamiento por parte de los jueces de familia y, en caso de femicidios, del crimen, respecto a las investigaciones de los fiscales y la adecuación e interpretación correcta de las leyes vigentes.