La venta de carnets truchos complica a los particulares
"Nadie ha declarado, las personas que fueron llamadas se negaron a declarar", explicó la fiscal Claudia Ríos, a cargo de la investigación por las licencias de conducir que se vendieron fuera de los parámetros legales.
De acuerdo con la fiscal, hasta el momento hay 30 presuntos gestores, y algunos policías, de quienes se encontraron pruebas suficientes para imputarlos. "Luego de una larga investigación de ocho meses, con las declaraciones juradas que surgen del expediente papel que cada persona se le hace con su examen oftalmológico y otros exámenes en caso de que correspondiera a una licencia profesional, se determinó que el soporte papel no coincidía con la cantidad de licencias expendidas virtualmente", agregó.
Además la fiscal investigó llamadas telefónicas en las que se encontró gente que mandaba a "tal persona" para que se le entregara el carnet y a cambio se le solicitaba dinero. "Hay casos en que los particulares son nombrados en las intervenciones telefónicas por temas del examen".
De todas maneras, la profesional advirtió que si el presunto imputado tiene pruebas que respalden que se hizo todo como corresponde para eso tiene la posibilidad de declarar ante la Justicia.
Todos son presuntos imputados, de acuerdo a las pruebas, pero por ahora se presume todo, están en un estado jurídico de inocencia, comentó Ríos.
Dos de los presuntos imputados se comunicaron con MDZ, aunque pidieron reserva de sus nombres e indicaron que la investigación les estaba generando problemas y que se "sentían defraudados en su buena fe". Es que según confirmó Ríos, "cuando se inicia cualquier causa en contra de una persona esta figura en su prontuario como presunto imputado"
El lector de MDZ comentó que el motivo de la presunta imputación es que no existe un expediente que compruebe que obtuvo su licencia de conducir de forma legal:
"No es posible que este hecho se considere como prueba fehaciente, para realizar un sumario y pintar los dedos como si uno fuese el responsable de que se haya perdido el expediente. Se nos está acusando a mi y a otras personas inocentes de un delito que no hemos cometido.
El 15 de julio de 2014, compré el código 177 en la Bolsa de Comercio de Mendoza, entidad habilitada para tal fin. Llamé al número correspondiente y me dieron el turno para el 22 de julio de 2014 en el registro del Barrio Municipal de Las Heras para realizar la renovación de la licencia.
Necesito que se investigue y se haga justicia porque, he sido involucrado injustamente en este hecho, además de perjudicarme en lo personal y laboral, por contar con una causa pendiente en el certificado de buena conducta", cierra el lector.
En tanto que otro lector, que también pidió que su nombre no fuera revelado contó:
"Tuve la mala fortuna de renovar mi licencia en la oficina del Barrio Municipal de Las Heras. Todo fue un trámite normal, (pago de código, espera de turno, mala atención, espera y entrega final del carnet luego de perder toda la mañana). Esto fue en Junio de 2014.
Esta semana, me citan de la Oficina Fiscal Nº 18 a cargo de la Dra. Claudia Ríos. Me informan que en el expte. P-19533/15 me encuentro imputado por el delito de fraude al estado. Según se detalla en autos, el oficial a cargo de la dependencia del Registro, habría hecho desaparecer los asientos (o éstos no aparecen) donde queda registrado el pago de X-net que uno lleva consigo al momento de realizar la renovación (y que todos sabemos, no se entrega copia ni constancia alguna). Por tal motivo, y al no haber registro del pago por mí efectuado en su corrompido sistema, la Sra. Fiscal entiende que he obtenido mi carnet sin pagar, y decide imputarme. A mí y a otra docena de particulares".
La fiscal aclaró que hasta el momento se encuentra en una etapa de investigación y que si bien ella tiene pruebas suficientes para la presunta imputación eso no significa que se haya elevado la causa a juicio. Además, Ríos insistió en que las personas se encuentran en un "estado jurídico de inocencia" y que debidamente asesorados tendrán la oportunidad de prestar declaración ante la Justicia.