Se cayó el juicio contra los funcionarios de la Dinaf
Por estos días en los que se está ventilando en la Justicia las circunstancias en la que Luciana Rodríguez murió en manos de su padrastro y donde la omisión del Estado también conspiró contra su vida, un juzgado de garantías resolvió anular la elevación a juicio contra los funcionarios de la Dirección de Niñez y Adolescencia (DINAF) que llevaban el caso de la niña y remitió el expediente a la Fiscalía de Delitos Complejos para que reformulase la acusación.
Así lo resolvió el juez de Garantías Aníbal Crivelli, a cargo del Juzgado Nº2, quien a pedido de la querella y de la defensa revisó el requerimiento de elevación a juicio realizada por la fiscal Claudia Ríos.
Crivelli determinó la anulación por considerar que no estaban debidamente explicados los hechos por los cuales el ex Director del servicio de Protección de Derechos Fernando Herrera y los operadores del Órgano Administrativo Local (OAL) Rafael Vizcarra, Mónica Castro, Vanina Consina y la psicóloga Fabiana Lucentini habían incurrido en algún delito tipificado en el Código Penal.
Fernando Herrera fue uno de los funcionarios acusados de omitir actuar.
Otro de los problemas que detectó el control jurisdiccional fue que a todos los empleados se los igualaba en términos de responsabilidades, siendo que había una estructura jerárquica que los diferenciaba.
En un primer momento, Ríos había formalizado la acusación por abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario, en el marco de las actuaciones por el caso Luciana Rodríguez. Pero cuando lo elevó a juicio desistió de continuar con la acusación por abandono de persona.
Para la Justicia de Garantías hay una contradicción en la formulación de la acusación, al entender que tanto para probar el abandono de persona, como el incumplimiento de los deberes de funcionario público se debe dar el requisito del dolo, directo u eventual.
El dolo significa que hubo una intención o que al menos el operador pudo representarse lo que podía pasarle a Luciana, si no actuaba frente a las denuncias que hizo la abuela de la nena asesinada a golpes, previas a los hechos que marcaron su muerte, como tampoco se atendió a los reiterados informes de la Municipalidad de Capital.
El caso Luciana vuelve a manos de Claudia Ríos, Fiscal de Delitos Complejos
La causa contra los funcionarios y operadores de Dinaf fue remitida a la Fiscalía de Delitos Complejos para que se reformule la elevación a juicio.
Todo esto ocurre en el mismo momento, en que los denunciantes de la situación de riesgo en la que estaba Luciana declaran en el juicio oral y dan detalles de cómo Luciana fue restituida a su seno materno, pese a conocerse la situación de violencia y de riesgo para la menor.
En el expediente principal, hay constancia de una serie de alarmas que lanzó la Municipalidad de Capital que asistía a la familia de Luciana para que el OAL resolviera su caso. Como también el testimonio de los cuidacoches y de la propia querellante, la abuela de Luciana que pidió su tenencia.
Pidieron compulsa contra los policías
Ayer en el juicio oral la defensa de Rita Evelyn Rodríguez solicitó que se abriera compulsa contra la policía de patrullaje de Capital y preventores, quienes no consideraron la denuncia de los cuidacoches.
Ahora, la fiscal de la Séptima Cámara del Crimen, Susana García deberá resolver el planteo, que a su vez es compartido por la abogada querellante, Graciela Cola.