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Caso Oyhanart: desbaratan coartada de un sospechoso

Se descubrió que un empresario agropecuario había coimeado a policías para justificar su desvinculación con el crimen de la maestra jardinera.

El crimen de la maestra jardinera Marisol Oyhanart, ocurrido en abril del año pasado en la localidad bonaerense de Saladillo, dio un brusco giro en su investigación luego de la declaración de siete policías que echaría por tierra la coartada de un empresario agropecuario que es sindicado como uno de los sospechosos del homicidio. 

En su declaración realizada en la fiscalía de La Plata, a cargo de Ana Medina, los policías indicaron que el estanciero, que también podría haber sido amante de la víctima, habría "comprado" su impunidad a partir de coimas. Oyhanart, de 38 años, había desaparecido el 14 de abril del 2014 en la ciudad de Saladillo y fue encontrada muerta al día siguiente. 

Según indicó este lunes un matutino porteño, en las declaraciones de los uniformados que trabajaban en la comisaría de Bolívar se coincidió en marcar las "mentiras" de sus colegas de Saladillo, derrumbando la coartada aquel empresario, que no pudo explicar qué hizo, con quién y dónde estuvo la noche que Marisol desapareció. 

La primera irregularidad se produjo entre la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril, cuando desde la seccional de Saladillo llamaron a la de Bolívar para que fueran a buscar al empresario a su estancia y lo llevaran a declarar como testigo, cuando Marisol todavía seguía en calidad de desaparecida, pero en la comisaría de Saladillo ya hablaban de un asesinato. 

El empresario, cuya identidad se mantiene en reserva, declaró que la noche que la maestra jardinera desapareció estuvo en su campo solo, pero una mujer policía afirmó que el empresario le había dicho que estaba con sus hijos en la estancia. En tanto que la madre de los chicos afirmó que los menores habían estado con ella aquella noche. 

Por último, encontraron otra irregularidad con el estanciero: se produjo cuando fue secuestrado el celular del empresario. En el acta no se certificaron los datos identificatorios del teléfono y tampoco pudo explicar el jefe policial a cargo del procedimiento por qué desarmó y volvió a armar el celular del empresario antes de enviárselo a la fiscal Patricia Hortel, en Saladillo. 

Según consta en la causa, al menos seis testigos involucraron al empresario en el homicidio; otros cuatro aportaron detalles y nombres de los policías que habrían cobrado una millonaria suma del hombre de negocios para borrar las pruebas que lo vinculaban con el asesinato. A pesar de todos estos indicios, el sospechoso aún no fue imputado. 

Fuente: Noticias Argentinas