Hay que pagar por el agua que se gasta
El aumento del 40% que dispuso el Gobierno provincial para la tarifa del agua significa un fuerte golpe al bolsillo de los usuarios mendocinos. Con esta suba, las autoridades prevén darle respiro a las asfixiadas cuentas de AySAM y obtener más recursos para mejorar la infraestructura del servicio, sobre todo en el Gran Mendoza.
Sin embargo, esta nueva medida hace replantear el sistema tarifario que actualmente tiene vigencia en Mendoza y que data desde hace muchos años. Las tarifas de los usuarios de agua potable son de tipo catastral, es decir, se determinan en función de la superficie y las características de las viviendas en base a valores únicos.
En ese sentido, desde el Centro de Economía, Legislación y Administración del Agua, dependiente del Instituto Nacional del Agua (INA-CELA), han propuesto un nuevo sistema tarifario volumétrico escalonado. Esto significa otorgar un amplio abanico tarifas que varían según el nivel de consumo de cada vivienda.

El licenciado Eduardo Comellas, economista del INA-CELA y autor del trabajo Consideraciones para el diseño tarifario en el cobro de agua potable, aseguró a MDZ Online que el sistema tarifario volumétrico escalonado permitiría "una mayor equidad" entre los usuarios y un "mayor ahorro" en el consumo del recurso hídrico, ya que el consumo de agua en Mendoza "está muy por encima de lo normal", una situación crítica teniendo en cuenta la emergencia que padece nuestra provincia.
Primeramente, Comellas explicó que en Mendoza "coexisten dos sistemas alternativos", uno de ellos es "el sistema de tipo catastral, que es una suma fija que se abona de manera independiente de lo que se consume"; y el otro es "el sistema volumétrico, que funciona con el medidor, y se paga en función a lo que se consume". Cabe aclarar que este último fue implementado por el Ente Provincial del Agua y Saneamiento (EPAS) tras la estatización de Obras Sanitarias a fines de los 90 como prueba piloto y nunca se extendió.
En ese sentido, el economista sostuvo que "hay una desproporción enorme entre los dos sistemas", ya que "casi el 95% de los usuarios del Gran Mendoza pagan en función de una tarifa catastral disociada en lo que es el consumo real".
Comellas aseguró que "uno de los requisitos que tiene que reunir una tarifa es el de cumplir con los principios de eficiencia, equidad, sostenibilidad financiera del ente prestador y sustentabilidad ambiental"; por lo cual "el actual sistema catastral no los estaría cumpliendo", pero "el sistema volumétrico tendería a alcanzar esos objetivos".
En su momento, el EPAS diseñó un sistema tarifario volumétrico con cuatro escalones "sobre la base de los costos de la empresa, sin aplicar un análisis de la demanda", señaló Comellas. "Contrastado con las demandas poblacionales, el sistema del EPAS demuestra que un mismo escalón afecta a todos los grupos poblacionales, yendo en contra del principio de equidad", agregó el economista.
"Al ser escalones tan amplios, es enorme el esfuerzo que se debe hacer para pasar a una tarifa más reducida. De hecho, es una cuasi tarifa plana enmascarada dentro de un sistema escalonado", sostuvo.
De todos modos, el profesional del INA-CELA recalcó que "no solamente hay que implementar un sistema tarifario volumétrico, sino que el mismo tiene que ser escalonado". Es decir, que no sea "una tarifa plana, como la que funciona actualmente, sino una tarifa en escalones con distintos valores, que dependerá de la cantidad de metros cúbicos consumidas".
Los beneficios de un sistema tarifario volumétrico y escalonado
Según indicó Comellas, "nuestra propuesta es aplicar un sistema tarifario escalonado, pero con más escalones que los originales, de modo que, por un lado, afecte de manera diferente a cada grupo poblacional y que a su vez genere incentivos para pasar a un escalón más bajo con un esfuerzo relativamente menor, pagando menos y ahorrando agua".
Bajo el sistema catastral, ejemplificó el economista, "grandes propiedades en una importante extensión de terreno y con pocas personas habitándolas, pagan una fortuna en relación a lo que pagarían sobre la base de lo que consumen".
"En ese sentido, sería mucho más equitativo el sistema volumétrico escalonado, pero reconociendo siempre que habrá sectores de la comunidad que habrá que subsidiar; pero no subsidios a gran escala, sino que sean puntuales a la demanda", aclaró.
¿Sería una buena oportunidad para AySAM?
Para Comellas, implementar el sistema tarifario volumétrico escalonado también sería beneficioso para AySAM, ya que "se lograría generar los recursos necesarios para garantizar la sustentabilidad del ente prestador, que actualmente es uno de los problemas más graves que tiene".
Recordando la prueba piloto realizada por el EPAS hace unos años, el profesional consideró que "cuando OSM operaba en la órbita privada, una de las posibles reticencias para aplicar este sistema, es que los ingresos caían. Ahora, si uno tiene en cuenta que la empresa es pública, no veo porqué no pueda tomar este esquema propuesto, si se maneja con subsidios enormes que no contribuyen a una mejora real del servicio".
"Cuando se diseña un sistema tarifario, no solamente hay que mirar los costos de la empresa, sino que hay que contrastarlo con un análisis de demanda poblacional. Si esto resulta caro y de mucho tiempo, al menos pueden hacerse más escalones relativamente cortos para tener la posibilidad de evitar que un mismo escalón afecte a más de un grupo de usuarios", explicó.
En base a lo comentado por las autoridades provinciales, Comellas sostuvo que "el 40 por ciento de aumento sería para mejorar la infraestructura y solucionar las pérdidas de agua". Por ello consideró que "una vez que esté mejorada la infraestructura, se debería implementar el sistema volumétrico", aunque todo ello demandaría "alrededor de cinco años", por lo cual "debe ser tomado como una política de Estado que trascienda la gestión del gobierno de turno".
Derroche actual y posibilidades de ahorro
Más allá de la cuestión económica, lo cierto es que existe una realidad social de trasfondo que la mayoría de los mendocinos no percibe. Comellas aseguró que "el sistema actual lleva a niveles de consumo de agua por habitante por día que están muy por encima de lo que sería la lógica y lo normal en cualquier ciudad del mundo".
En Mendoza, a modo general, se están consumiendo alrededor de 600 litros por habitante por día. Si se desglosa por partes y en etapas, las plantas potabilizadoras que abastecen al Gran Mendoza producen diariamente 600 litros por habitante, es decir, se encuentran al máximo de su capacidad de producción. Pero eso no es todo: cada vivienda consume por día unos 400 litros por habitante, mientras que otros 200 litros por habitante se pierden por problemas en la infraestructura.
"La media de consumo en ciudades similares a la nuestra, y que a su vez son avaladas por organismos internacionales, es entre 150 y 200 litros por persona", indicó Comellas. O sea, los mendocinos consumimos dos veces más que lo recomendado por organismos como la Organización Mundial de la Salud y la ONU, algo preocupante si tenemos en cuenta que vivimos en un ambiente semidesértico.
"Estamos en un escenario de emergencia hídrica, con advertencias sobre un retroceso de los glaciares y merma del caudal superficial de los ríos, y crecimiento poblacional enorme en el Gran Mendoza", recordó.
Ante la consulta sobre si un cambio en el sistema tarifario afectaría la cultura del uso del agua, Comellas respondió: "El mendocino no tiene una marcada cultura del cuidado del agua en su domicilio. Por ello sería ideal que un proceso educativo genere un cambio cultural y lleve a tomar conciencia independientemente de lo económico. Pero lleva años en producirse, pasando incluso varias generaciones".
"Entre tanto, se pueden otorgar incentivos económicos para que propende a ese menor consumo. Si se implementa el sistema volumétrico escalonado, se reducirá el derroche, cambiando un comportamiento que a la larga puede generar un cambio cultural", sostuvo.
Finalmente, Comellas aseguró que "el agua que se ahorraría gracias al sistema tarifario propuesto generaría beneficios para la sociedad, en el sentido de que habría mayor presión en el sistema de cañerías".
"Actualmente hay barrios que en épocas estivales no tienen agua. Si se produce una contracción en el uso del agua, se tendría el suministro suficiente para garantizar el servicio de manera permanente y permitiría otorgar nuevos permisos para expandir el área urbana sin necesidad de hacer más obras monumentales", concluyó.

