"La sociedad sospecha que se usa el Concejo de la Magistratura para lograr impunidad"

El Concejo de la Magistratura, órgano encargado de ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados, administrar los recursos y ejecutar el presupuesto de la administración de justicia, abrir procedimientos de remoción de magistrados y hasta ordenar la suspensión de estos, entre otras responsabilidades, se encuentra en un año de remplazo de algunos de sus integrantes.

La conformación del Concejo incluye a representantes del los poderes Ejecutivo (1) y Legislativo (6, 3 por cada cámara del Congreso), de los jueces (3), de los abogados (2) y del ámbito científico y académico (1), sumando de esta manera trece integrantes.

Este año, el Concejo debe remplazar a los representantes de los jueces y los abogados. En ambos casos, son sus pares quienes eligen, mediante el voto, a quien los representará en el órgano. El mendocino Daniel Ostropolsky es, desde el 2010, uno de esos abogados, y este año vence su representación.

El 26 de septiembre se realizarán los comicios nacionales entre abogados para designar al remplazante de Ostropolsky, y entre los nombres en danza está el del abogado rojense Miguel Piedecasas, quien el lunes estuvo en Mendoza dando una charla en la Facultad de Derecho de la UNCuyo sobre responsabilidad civil, consumidores y seguros.

MDZ Online tuvo la oportunidad de mantener un encuentro con Piedecasas, para conocer cuál es la visión de un aspirante al Concejo de la Magistratura, tanto del funcionamiento de este órgano como de sus responsabilidades.

- A partir de la visión de un candidato al Concejo de la Magistratura, ¿qué responsabilidades pesan sobre el órgano?

- El Concejo es un órgano que trabaja en la selección y abre el juzgamiento de los jueces, además tiene otras responsabilidades, como opinión sobre el presupuesto del Poder Judicial, la capacitación de los funcionarios y empleados, pero claro que lo que le interesa más a la sociedad en este momento, si bien piensa en que se mejore el servicio de justicia, es que se le dé transparencia, equilibrio y respeto de derecho a lo que es la selección y el juzgamiento de los jueces. Y esta elección, la de este año, es complicada, políticamente complicada, porque el concejo fue concebido por la Constitución como un órgano en el que los estamentos estén equilibrados, y se ha dado una interpretación a este equilibrio que es, por un lado, la representación política, los representantes del Poder Legislativo y los del Poder Ejecutivo, y por otro lado, la representación llamada técnica, que serían los jueces abogados y académicos. Pero, en realidad, los abogados hemos perdido muchísimo espacio, de cuatro abogados hoy estamos en dos, y el tema es que el abogado es el que es más independiente, el que tiene más independencia de criterio. Nadie pregona que el abogado no tenga convicciones políticas ni una forma de ver la ida y la sociedad. El problema que tenemos acá es que el abogado debe garantizar esa independencia de criterio en el sentido de que, como hay un fin de ciclo, la sociedad tiene la sospecha de que se usa el Concejo de la Magistratura para lograr impunidad si un grupo político determinado maneja la mayoría absoluta, porque de esa manera se manejaría la selección de los jueces, y con eso se determina a quién se le abre el juzgamiento, y eso podría poner en crisis la independencia del Poder Judicial, independencia que es un concepto que debe dejar de ser teórico para ser concreto. ¿Qué es un juez independiente? Un juez que asume los compromisos con la Constitución, con la República, con los ciudadanos, de tener una decisión judicial que no sea interesada, ni personal ni para los grupos económicos ni para los sectores políticos distorsionados. El gran problema de nuestra sociedad latinoamericana, y de la sociedad mundial, ha sido la corrupción. Yo creo que usar a estos organismos para tratar de lograr unan falta de responsabilidad es un gran peligro, y el abogado del interior es uno de los que tiene independencia de criterio, por las circunstancias, por su formación, porque, en definitiva, lo eligen los abogados, no los partidos políticos ni los colegios.

- ¿Este sería el reclamo que ve que la sociedad les hace a los abogados y a la justicia en general?

- Justamente eso, no permitir que la balanza se incline hacia un lado interesado en buscar impunidad, especialmente por lo hechos de corrupción. En la comunidad jurídica, fundamentalmente, hay un momento crítico, porque no hay credibilidad en que la Justicia garantice que la corrupción va a tener juzgamiento y responsabilidades. Lo que reclama la sociedad es eso. Este es el principal reclamo, que sea el abogado garantía de la institucionalidad, de que se respete la Constitución, pero, particularmente, que no se tolere la impunidad ante la corrupción.

- Eso a nivel macro, pero qué ven a nivel micro, al nivel de lo que afecta todos los días al ciudadano de a pie.

- A nivel micro, cuando se habla de servicio de justicia, se es más concreto. Los abogados tienen un perfil crítico frente a la Justicia federal, en general por falta de infraestructura, porque los procesos son eternos, entonces, lo que se pretende es que el Concejo garantice jueces comprometidos con el servicio de justicia con la ciudadanía y que la respuesta jurisdiccional llegue en tiempo. Por supuesto que el abogado es un canal de la inquietud del ciudadano, porque los conflictos son de la gente, y lo que se pretende es que el abogado en el Concejo de la Magistratura logre que esa justicia se acerque a la gente, que esa justicia esté comprometida con los problemas de la gente y que esa justicia esté al servicio de la gente. Eso significa mayor infraestructura, mayor capacitación, menor dilación de los procesos, respuesta efectiva, que se cubran las vacantes de los juzgados federales, que se creen jugados federales donde están los problemas, como en Chilecito, donde tenemos un gran problema con el narcotráfico. Cómo puede ser que todos tengan la imagen de que el Concejo de la Magistratura es un elefante dormido que no ha logrado todavía lo que la constitución quería para él. Esas serían las cosas a nivel micro, en lo inmediato, pero me parece que no hay que perder la visión global. Para atender todo esto, yo formaría un equipo de trabajo nacional, porque estar en Buenos Aires es difícil, especialmente cuando el poder te hace el vacío, te deja en soledad, cuando no te atienden los teléfonos, cuando te demoran los expedientes...

- Este equipo de trabajo nacional, ¿cómo ayudaría a evitar el desequilibrio del que hablábamos al principio y que el Concejo no sea el elefante dormido que la gente ve?

- Lo que un equipo así daría es contención y un grupo de trabajo, dos cosas que no pueden descansar en la estructura burocrática del Concejo. Esto se construye con un debate pluralista, abierto, tolerante, equilibrado, con mucho compromiso. Estoy hablando de una militancia en el Concejo, no digo ocupar un cargo, cobrar un sueldo y transitar, lo que digo es un equipo en el que estén representados Córdoba, Mendoza, Tucumán, Neuquén... Esto es esencial, y además se evita alejarse del interior, porque si se es electo por el interior y uno se aleja de eso, cae en esa soledad de la que hablábamos, y esta soledad da lugar a las tentaciones, a los cambios de opinión, a olvidarse de los compromisos.

- Por último, ¿cómo ve un abogado aspirante el Concejo de la Magistratura una situación como la que vive Campagñoli?

- La sociedad les debe a los fiscales la garantía de que ellos sientan que pueden investigar en libertad, sin ninguna clase de presión política ni económica. Acá, en Argentina, se pasó a un sistema acusatorio, o sea, se separó el juzgamiento de la investigación y la acusación, para que estas actúen con total libertad en la recolección de pruebas y luego la imparcialidad en el juzgamiento la dé un órgano separado de la acusación. Esto es muy importante, la investigación tiene que tener el mayor respeto de su libertad. ¿Qué le debe Campagnoli a la sociedad? El compromiso de respetar la Constitución, la legalidad y el debido proceso. Ese es el equilibrio que debemos resguardar. Nuestra democracia es muy nueva, estos treinta años son demasiado pocos para que ese mal que es la corrupción, la contaminación de los cuadros políticos y de lo poderes económicos, logre el equilibrio adecuado. Pureza total no va a haber nunca, pero con un fiscal que sienta que está garantizada su libertad de investigación, vamos a tener otra clase de proceso judicial y va a haber más responsabilidad, porque acá el tema está en la responsabilidad. Quien lleve adelante una investigación penal debe sentirse fuerte, debe sentirse libre, y Campagnoli puso sobre la palestra cuánto quiere la sociedad de independencia para los fiscales que investigan, y particularmente para los que investigan caso vinculados a la corrupción política y económica.