Histórico: investigarán masacres de aborígenes en Chaco
Una investigación sin precedente se abrió en la Justicia Federal del Chaco para determinar las responsabilidades policiales y civiles en las mayores masacres indígenas, de Napalpi y El Zapallar, que esa provincia vivió en 1924 y 1933.
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Es la primera vez que la Justicia argentina decide abrir una causa por hechos criminales por parte del Estado cometidos contra pueblos originarios y que ocurrieron hace 90 años en el Chaco, en lo que constituye una causa por delitos de lesa humanidad en la hipótesis principal.
Los fiscales federales Diego Vigay, Carlos Ammad, Patricio Sabadini, y Federico Carniel, integrantes de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, comenzaron la investigación de oficio al sostener la hipótesis de que ambas masacres constituyen delitos de lesa humanidad, por lo que no pueden prescribir a pesar del paso del tiempo.
"Podrían constituir crímenes de lesa humanidad y el Estado nacional tendría la obligación ineludible de juzgarlos en función de los compromisos ante la comunidad internacional", indicaron los fiscales en un comunicado de prensa, reproducido por la agencia NA.
El 19 de julio de 1924, durante la presidencia del radical Marcelo T. de Alvear, un grupo de 200 policías, acompañados por civiles armados, encabezaron la denominada "Masacre de Napalpí", en la localidad que lleva ese mismo nombre, a unos 180 kilómetros de Resistencia.
Por órdenes del entonces gobernador Fernando Centeno, abrieron fuego contra la población aborigen Qom (toba) en una zona de toldos donde vivía una comunidad que compartía trabajos rurales cosecheros correntinos, chaqueños y santiagueños: se estima que fusilaron a unas 450 personas.
En documentación registrada hasta el momento, los fiscales cuentan con testimonios del único sobreviviente, Pedro Balquinta, y de descendientes de sobrevivientes, además del expediente provincial que se llevó adelante en la época y de la demanda civil que actualmente tramita la comunidad Qom ante el juzgado Federal.
El 9 de septiembre de 1933, durante la presidencia de Agustín P. Justo, la Policía chaqueña volvió a atacar a balazos a otra población aborigen en lo que fue la "Masacre de El Zapallar", en el actual departamento de General San Martín. Allí, 70 aborígenes fueron fusilados en medio de una balacera policial cuando fueron sorprendidos cuando encabezaban una protesta en reclamo de alimentos y ropa.
"Entendemos necesaria la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la memoria histórica para que los hechos de violencia no se repitan, para establecer el por qué, cuándo y cómo se perpetraron las atrocidades y saber quiénes son los máximos responsables de los crímenes", dijo el fiscal Vigay.
"Si los culpables ya no están vivos, los crímenes deben investigarse igual para que la sociedad sepa la verdad, en juicios por la verdad", agregó el funcionario judicial en diálogo con NA.
En esta primera etapa, los fiscales cuentan con documentos históricos, expedientes policiales, archivos de prensa y testimonios de sobrevivientes que fueron registrados por el periodismo hace varios años.
De prosperar esta investigación preliminar, los fiscales presentarán una denuncia penal ante el Juzgado Federal de Resistencia y exigirán continuar el proceso para que el Estado juzgue los crímenes más grandes que sufrió el Chaco contra sus comunidades aborígenes durante el siglo XX.