Cómo sería una emergencia en seguridad en Mendoza
El gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, lo hizo a través de un decreto. En Mendoza será a través de un proyecto de ley que enviará el vicegobernador Carlos Ciurca. El mismo lo hará reuniendo los proyectos de ley que hay en la Legislatura mendocina, para llevarlas todas al debate y de allí hacer ley una Emergencia en Seguridad. La pregunta que sigue es: ¿esto significa que si todo esto llegara a concretarse los mendocinos empezaremos a respirar más tranquilos?
Una emergencia no significa un problema resuelto. Por ejemplo, desde hace cuatro años, Mendoza se encuentra en emergencia hídrica. Esto es porque los ríos traen menos agua que el volumen promedio, lo que se traduce en acciones como hacer monitoreo focalizado de la distribución de este recurso, priorizar la entrega de la misma a la producción y en hacer campañas para el uso correcto del agua.
¿Se puede llevar este ejemplo al tema inseguridad? La clave es identificar un problema y tomar una serie de acciones para solucionarlo. Y eso es lo que tendría que suceder en los próximos días.
Dentro de 48 horas se cumplen ocho meses del asesinato del médico Sebastián Prado. La causa está casi en la nada, según admitieron sus mismos familiares este sábado último, en la protesta hecha en el Parque por el crimen del fisioterapeuta neozelandés Nicholas Heyward. Esto viene a que cuando ocurrió esto se planteó en Mendoza el debate de instalar un Plan Integral de Seguridad, algo que llevan a cabo y con buenos resultados países como Colombia, Ecuador y Chile. Se reunieron miembros de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y se analizaron algunas acciones, pero a un ritmo menor al que estaba demandando la realidad.
Luego, dos crímenes volvieron a instalar la necesidad de apurar la puesta en marcha de un plan de acciones definitivos, efectivos y a largo plazo: el del comerciante Enrique Conte (19 de abril) y el del fisioterapeuta neozelandés Nicholas Heyward ( 28 de abril). Este último tuvo amplia repercusión en Australia y sobre todo en Nueva Zelanda (las novedades del caso es día a día seguido por los medios de esa nación).
Con todo esto más la protesta de ayer en el Parque, la situación llevó a que el Gobierno provincial, a través del vicegobernador Carlos Ciurca, anuncie este domingo que el martes llevará a la Legislatura el debate de la emergencia en seguridad en Mendoza.
“Depende del alcance que tenga (si se va a sentir en la calle en caso de que se apruebe la iniciativa). Si es igual a la de 2008 no va a cambiar mucho”, expresó el diputado Daniel Cassia, integrante de la Bicameral de Seguridad, ante la consulta de MDZ acerca de que si una emergencia en Seguridad significa estar más seguros. El legislador massista se refirió a la necesidad de acciones como “convocar a mayor efectivos efectareles, poner más cámaras de seguridad, poner en funcionamiento en toda la provincia la Policía Federal y el Código de Faltas nuevo”, en tanto que dijo que “una medida maquillaje no tendrá efecto”.
Sobre acciones que Cassia cree que podrían ejecutarse en la emergencia en seguridad y que podría darle más tranquilidad a los mendocinos figura poner en marcha el seguimiento telefónico para sospechosos (hoy eso depende de la Nación), separar en fiscalías los delitos correccionales (los que tienen penas menores a los tres años) de los delitos con penas más graves (para evitar así que las denuncias cotidianas por robos menores sean investigadas) y modificar el Código Procesal para que haya personal en el Valle de Uco y sur provincial. "Eso le cambia la vida a la gente”, dijo.
También habló de otras acciones como “poner radares detectores de velocidad, que hoy la provincia no tiene” y con ello "se evitarían menos accidentes y muertes en las rutas".
También dio un ejemplo de una situación que según su criterio se podría poner acción durante una emergencia en seguridad, con resultados que se percibirían pronto:
En el tema narcocriminalidad “hay unas 40 o 50 bandas activas en toda la Provincia. Las cinco secretarías penales que tiene la Justicia Federal son incongruentes, es decir, no tienen una misma línea de acción: algunas actúan rápido y otras tardan mucho”. Por otra parte y en este escenario, “cuando el fiscal federal da la orden, ¿qué policía debería actuar? Si el delito es federal (como lo es narcotráfico) las fuerzas federales deberían actuar. Pero en Mendoza no es así: aquí en estos casos actúa la Policía de Mendoza. Y ahora sigamos. Una vez que estos sujetos son detenidos, al ser por un delito federal entonces deberían ir a una cárcel federal. Pero en Mendoza no hay cárceles federales. Conclusión: en Mendoza, la Provincia se ocupa de los delitos federales y el 90% de los casos es por drogas y están en Almafuerte, que es una cárcel provincial”.
Cassia reconoció que Ciurca lo llamó hoy a la siesta y le comunicó la idea de “discutir este tema (la emergencia en seguridad) en la labor parlamentaria del martes. Le dijimos que en principio aceptamos la convocatoria, iremos aceptaremos las ideas y si tenemos que aportar, lo haremos si es una medida al largo plazo: la misma debería incluir al sistema penitenciario y emergencia vial, entre otros. Si se trata de una tarea amplia y si estamos de acuerdo aportaremos un granito de arena”.
“Nosotros decimos tiene que (la emergencia en seguridad, en caso de que sea aprobada) debe ser de una magnitud similar al de un Plan de Seguridad Integral, que se sostenga en un tiempo largo y que no sólo involucre al Ministerio de Seguridad, sino que a la oposición y a todos los poderes para que se consensúen políticas de Estado, como por ejemplo una Policía Judicial y la construcción de cárceles regionales (proponemos un modelo gerenciado, como Chile”.
Una emergencia en seguridad puede ser una oportunidad y a la vez, un desafío para concretar de una vez un Plan Integral de Seguridad, que tomando el ejemplo de casos exitosos de otras naciones, va desde el poner en orden las cosas desde lo jurídico, sumar inversión tecnológica y la puesta en punto de la Policía, hasta acciones concretas, como urbanización en villas y zonas peligrosas -como lo hizo Medellín, con muy buenos resultados- y la intervención de profesionales en familias en situaciones muy vulnerables, que si no se las atiende con soluciones y con la transmisión de valores pueden llevar a focos de conflictos graves.