La violencia de género y la falta de penas para el agresor
Los problemas de violencia de género se vienen agravando en los últimos tiempos, pensemos en los femicidios, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, las mujeres que mueren por abortos clandestinos y la crueldad con que se manifiesta la violencia de género: quemaduras, ensañamiento, violaciones en el ámbito doméstico.
En estos tiempos de tanta violencia, y con instituciones debilitadas o desacreditadas, (por lo menos en lo que hace a los derechos de las mujeres), a pesar de las leyes nacionales sancionadas, que son pioneras en el mundo pero que carecen de reglamentación y /o presupuesto para su aplicación, Un ejemplo es la propia Ley de Violencia de género 26.485 para prevenir sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, es en este marco donde se ensayan diferentes iniciativas sociales y/o políticas intentando revertir las consecuencias de este creciente problema. Por eso, es oportuno que se abran interrogantes que inviten a la reflexión sobre dichas prácticas e iniciativas.
Un ejemplo podría ser, que frente al incremento de denuncias por violencia de género, se realizan cada vez más derivaciones de unas instituciones a otras solicitando vagamente el seguimiento a la mujer “víctima de violencia de género”, sin que la mujer esté en conocimiento de lo actuado y sin que esta derivación tenga algún sentido claramente establecido.
Este tipo de iniciativas practicadas de manera compulsiva, caen en lo que entendemos por violencia institucional, ya que en vez de favorecer el empoderamiento de la mujer en la toma de sus propias decisiones, se prioriza una respuesta rápida y burocrática, Es decir, se institucionaliza una forma de proceder sin tener en cuenta la opinión de la mujer ni una estrategia especifica.
Otro ejemplo podría ser cuando las mujeres solicitan medidas de exclusión de hogar hacia su agresor, (pareja y padre de sus hijos/as); y terminan asumiendo en soledad la carga familiar. En varias ocasiones, las mismas mujeres son quienes incumplen con las medidas que solicitaron anteriormente a la justicia para buscar el resguardo económico exponiéndose a situaciones de violencia.
Podríamos hablar de la cantidad de denuncias que se efectúan en las fiscalías, y la falta de un procedimiento penal adecuado a la problemática de la violencia de género que logre una sanción al respecto. Sobre los agresores no pesa ningún tipo de sanción penal ni civil.
Se podrían seguir enumerando iniciativas que no se enmarcan en acciones estratégicas y que de alguna manera re victimizan a las mujeres. Pero no es ese el sentido de esta nota, sino alertar sobre lo que no podemos seguir permitiendo que suceda, que es que se sigan generando miles de parches en políticas públicas para remendar un flagelo social. Es necesario planificar en términos estratégicos, con participación social, responsabilidad ética y política, de eso se trata la tarea de Gobernar.
Silvina Anfuso