Ser médico y ganar mucha plata con el Estado
A pesar del acuerdo paritario que se llegó en el área de la Salud, la discusión está lejos de haber terminado. Es que, las cuestiones que se pusieron sobre la mesa provocaron un incendio que no puede apagarse solo con palabras de ocasión.
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Este último tópico fue uno de los más intrincados en la discusión, sobre el cual Roby puso gran parte de sus objeciones.
"El tope es distorsivo", dijo el titular de la cartera de Salud en los días más calientes del debate paritario.
En esos días, a fines de abril de este año, Francisco Pérez apoyó a su ministro desde Roma: "El tope no se saca porque es distorsivo y perjudica no solo a los sueldos más bajos de la salud sino que también al resto de la administración pública".
Finalmente, la pulseada la ganaron los gremios —al menos en ese punto— y la negociación llegó a un punto que dejó felices a propios y ajenos, especialmente a los usuarios de la salud pública.
Sin embargo, el tema quedó flotando en el aire: ¿Por qué semejante cerrazón por parte de los sindicatos a la hora de plantear un tope salarial? ¿No sería conveniente que, al menos los sueldos más altos, tuvieran una limitación?
El quid de la cuestión lo reveló MDZ hace unos días, cuando contó cómo es el negocio que hacen algunos médicos a costa de la “cosa pública” mendocina: “Son profesionales que cobran salarios desorbitantes y que aprovechan sus cargos en el Estado para hacer suculentos negocios personales”, dijo este diario entonces.
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Ello es lo que finalmente ocurrió: un reducido grupo de profesionales del denominado “régimen 27” han logrado, merced al acuerdo de marras, lograr salarios que se ubican entre los 70 y 80 mil pesos mensuales. ¿Cuántos empleados del Estado pueden ostentar semejante beneficio?
MDZ ha tomado cinco casos al azar para mostrar que esto es así, sobre la base de documentación que demoró casi una semana en conseguirse, ante la negativa de todos los actores de “blanquear” la situación. Se entiende: el gobierno quiere que la escandalosa discusión paritaria se olvide lo antes posible; los gremios quieren bajar los decibeles; y los médicos se manejan de manera corporativa.
No obstante, este diario logró hacerse de los papeles que muestran esta incómoda realidad y solo revelará cinco casos de una treintena que ostenta en su haber, reservando los apellidos de los galenos:
1-Liliana Inés S.: es médica y su DNI termina en 462 y, gracias al incremento “sin tope” su salario hoy asciende a $71.597,83.
2-Carlos Hugo De R.: su DNI termina en 594 y su sueldo saltó de $55.342,79 a $72.579,43.
3-María Angélica G.: María Angélica G.: su DNI culmina en 396 y su sueldo pasó de $53.965,61 a $71.971,81.
4-Eduardo K.: su DNI termina en 548 y su sueldo saltó de $54.570,93 a $71.708,43.
5-Olga Susana V.: su DNI finaliza en 131 y su sueldo pasó de $62.798,07 a $82.086,48.
Los datos son tan elocuentes como irrefutables. Todos los mencionados aprovechan los resortes del Estado para acopiar sueldos que más del 90% de los asalariados jamás podrán percibir.
Por caso, se insiste con la pregunta: ¿Cuántos empleados del Estado pueden vanagloriarse de cobrar semejante salario?
Por más incómoda que suene, la discusión por los sueldos estatales no debe cerrarse apenas se clausura el debate paritario. Los desacuerdos no se terminan con ninguna firma, ni de ministros ni de gremialistas.
En el caso de los profesionales de la Salud, es una cuestión que suena irreverente, pero solo porque nadie se animó hasta ahora a poner los números sobre la mesa. En parte, porque las cifras eran inaccesibles —al menos hasta hoy—; en parte, porque nadie quiere ser “políticamente incorrecto”.
¿Debe haber un tope o no para los sueldos? Es la pregunta del millón. El gobierno insiste en que sí; los gremios opinan lo contrario. Y la realidad, como siempre, está a mitad de camino.
Sería injusto que los salarios más bajos tuvieran un techo, es cierto, pero tampoco sería justo que aquellos que ganan más de 50 o 60 mil pesos tengan ese mismo beneficio, sobre todo en el contexto de la crisis financiera que hoy vive Mendoza.
Es algo que tendrían que meditar y entender ambas partes del conflicto: el gobierno y los gremios.
A ambos les vendría bien recordar una célebre frase de Camilo José Cela: “Lo malo de los que se creen en posesión de la verdad es que cuando tienen que demostrarlo no aciertan ni una”.