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Pidieron anular un título de la UNCuyo

En medio de la investigación por la venta de materias en Ciencias Políticas, las autoridades solicitaron al ministerio de Educación que le quiten el certificado a un licenciado en Comunicación Social.
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Mientras avanza la investigación por la venta de materias en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNCuyo, las autoridades pidieron al ministerio de Eduación que anule el título a uno de sus egresados.

Desde la casa de altos estudios preservaron los datos del involucrado y solo detallaron que se trata de un “licenciado” en Comunicación Social, y adelantaron que también se pidió que se retenga el título a un alumno próximo a recibirlo.

Al mismo tiempo, se encuentran bajo la lupa los registros de notas de otros 10 estudiantes y dos egresados de la facultad por presuntas inconsistencias.

Las autoridades de la Facultad elevaron el informe de la investigación al Consejo Directivo -órgano rector de la unidad académica- para que analice y defina si debe continuarse la investigación y cómo proceder de ahora en adelante.

En forma paralela la Justicia Federal continúa su investigación para determinar si se cometieron delitos y la Facultad está colaborando con pruebas y facilitando testimonios.

No obstante, la decana Claudia García y la vicedecana Silvia García resolvieron el pedido de anulación de título como medida para el corto plazo.

También dispusieron remover de sus lugares de trabajo al personal de Sección Alumnos e Informática, departamentos involucrados en la supuesta venta de materias.

Las autoridades contratarán además una auditoría externa de todos los títulos que ha entregado la Facultad de Ciencias Políticas para llevar tranquilidad a todos los egresados de esa Casa de Estudios. En este sentido, se están consultando tres presupuestos de distintas universidades del exterior y por el momento se desconoce cuánto costará.

Otra de las medidas fue modificar algunos procedimientos administrativos que garantizarán más controles sobre las situaciones académicas y notas de estudiantes de esa Facultad.

“La decana García y el rector Daniel Pizzi reafirman su intención de llegar al fondo de estos hechos para determinar fehacientemente si se cometieron ilícitos y para ello continuarán colaborando con el juzgado federal a cargo del juez Walter Bento que lleva adelante la investigación judicial”, destacó Ciencias Políticas en un comunicado.

Cronología del escándalo

El caso de la venta de materias salió a la luz a partir de una migración del sistema informático donde se registra la situación y notas de los estudiantes. En ese proceso se descubrieron inconsistencias en el registro de notas de 10 estudiantes y dos egresados. A partir de ese momento la anterior decana, Graciela Cousinet, solicitó al Consejo Directivo comenzar una información sumaria que se aprobó en agosto.

Se designó un instructor sumariante que comenzó a analizar las pruebas y recomendó hacer la denuncia ante la Justicia Federal. El 10 de septiembre representantes del Consejo Directivo se presentaron en los Tribunales Federales de Mendoza y se pusieron a disposición.

El 12 de septiembre la justicia aseguró las pruebas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El 17 la decana Claudia García y el abogado sumariante Nicolás García Bistué declararon en la justicia como testigos de esa investigación. Y el 18 de ese mismo mes la Universidad se presentó como querellante en la justicia federal.

El 19 de noviembre las autoridades de la Facultad elevaron al Consejo Directivo de la Facultad el informe del instructor sumariante para que determine los pasos a seguir.