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Qué hace el Estado con los "Tonga" inimputables

Este es el cuestionamiento que aparece cada vez que se produce un hecho delictivo grave en el que hay involucrado un chico. El defensor de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia dialogó con MDZ Online al respecto e indicó que siempre hay un adulto detrás.
Foto: Facebook
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Cada vez que un joven de menos de 16 años comete un delito grave, surgen reacciones similares de parte de la sociedad, que van desde el reclamo de justicia con la aplicación métodos de resocialización de ese niño hasta los extremos más duros, que en algunas ocasiones reclaman desde la reducción en la edad de imputabilidad hasta la instauración de la pena de muerte.

Más allá de esto, hay métodos de trabajo que tienen que ver con cada una de las situaciones en particular, y muchas veces, como en el caso del asesinato de Gustavo Pelegrina, en el que se ha sindicado al Tonga, de sólo quince años, como el posible responsable del disparo que acabó con la vida de quien sólo fuera a ver un partido de futsal, éste puede llegar a ser devuelto a su familia sin ser retenido en un contexto de encierro.

Debido a la confusión y al enojo que esto puede producir en buena parte de la comunidad, MDZ Online dialogó con Javier López Maida, Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia, para que diera a conocer algunos de los procedimientos que se llevan adelante en casos como este.

Cómo se trabaja con el joven

Como especialista en casos como el del Tonga, López Maida explicó que cada una de las situaciones en las que se ven involucrados menores de edad es particular, por lo que no siempre a un joven que ha delinquido se lo somete a una situación de encierro.

“Depende de la situación concreta que tenga el adolescente en el hecho que se investiga. El joven puede tener tres hurtos simples y tener todos sus derechos vulnerados, entonces hay que tomar medidas de excepción y sacarlo de su familia, o puede tener un hecho muy grave, como un homicidio, pero tener adultos responsables y no tener derechos vulnerados, por lo que puede continuar con su familia”, indicó el defensor.

Pero no todo queda allí, puesto que cuando al chico se lo relaciona con un hecho de violencia grave, como una presunción de homicidio, un homicidio o una violación, “lo que tiene que hacer el Estado para evitar la violencia social y la venganza privada es separar a ese niño de su centro de vida, por lo menos por un tiempo”, explicó López Maida.

Y es que, independientemente de que este chico sea responsable o no, ya hay sobre él una condena social, “que muchas veces más grave que cualquier condena judicial, porque la justicia por mano propia puede generar más violencia”. Es entonces cuando se toman medidas como la de trasladarlo a un lugar de contención, en el que no es privado de la libertad, puesto que es inimputable, por tener menos de 16 años.

“Para un chico que se encuentra en una situación de extrema vulneración, como en este caso, uno al alejarlo de su ámbito de pares, que son los que generan los mayores conflictos, luego le trata de garantizar los derechos que tiene vulnerados, que en la mayoría de los casos hay vulneración del derecho a la educación, a la recreación, a la salud, a veces a la identidad, porque no tienen ni DNI. Cuando se empieza a trabajar en relación con los derechos, los chicos empiezan a responder de otra manera, pero no quiere decir que esto sea mágico, con algunos chicos funciona y otros vuelven a delinquir”, detalló López Maida.

La intervención en su lugar de residencia

El defensor de niños, niñas y adolescentes explicó que lo que se intenta hacer desde el Estado es trabajar con la familia del chico en cuestión, cosa que no siempre es posible, pero con las familias que se puede realizar un abordaje, se comienza con una entrevista personal, de la que habitualmente surgen algunas necesidades que el Estado tiende a satisfacer.

“El medio social suele ser el más complicado, donde necesitamos que el tiempo pase, especialmente para que se aplaquen un poco los humores”, explicó López Macia, y señaló que al decir esto no se refiere sólo a la posible venganza que quieran tomar los familiares o las personas próximas a la víctima, sino también a los mismos habitantes del barrio en el que reside.

“Hace un tiempo atrás, muere un hombre por una piedra que arrojaron unos adolescentes desde un puente. Lo más grave para los chicos no era que fueran a tomar represalias los familiares de la persona que había fallecido, sino que era el propio barrio, porque a partir de eso pusieron una garita policial en un barrio en el que ciertas y determinadas personas, no toda la gente, no querían que la hubiera, entonces a los chicos hubo que sacarlos hasta que se olvidaran de que ellos eran los que habían llevado a la policía al barrio”, ejemplificó, para dejar en claro que a veces los códigos de los medios en los que crecen estos chicos también los son absolutamente hostiles.

Por eso, sobre esto concluye que la condena, antes que judicial, es social, “porque más allá de que haya o no disparado un arma, está condenado socialmente, y si lo retornamos a su centro de vida, va a ser víctima de alguna violencia, va a ser la crónica de una muerte anunciada”.

La paradoja: alejarlo de sus pares y encerrarlo con sus pares

Cuando se da una situación en la que un menor de edad está involucrado en un crimen grave, buena parte de la sociedad suele reaccionar pidiendo su encierro, lo que aparece, a primera vista, como una forma de sacarlo de las calles y alejarlo de los pares con los que aprendió y se dedicó a delinquir, pero es entonces cuando aparece la paradoja, porque a ese joven se lo encierra con otros que están en iguales condiciones que él, con lo que puede hallar en ellos nuevos pares, o también puede suceder que le hagan pagar alguna deuda de extramuros y termine siendo víctima de ataques.

“Cuando se ingresa al sistema de privación de libertad puede suceder una situación como esa, que cae en un lugar en el que hay gente que está buscando venganza con esos chicos, entonces hay que evaluar el espacio al que hay que enviarlo”, explicó López Maida, agregando que los menores de edad son, justamente, los más vulnerables en estos casos. “Si este chico hubiera tenido 16 años, la solución hubiera sido fácil para el sistema, porque lo encerramos y ya veremos qué pasa después con el proceso judicial, la respuesta hubiera sido sencilla en términos efectistas”, agregó.

En función de esto, es que señaló que cuando se trata de chicos de menos de 16 años el desafío es mayor, porque hay que trabajar con él desde afuera de un contexto de encierra, no desde adentro. “Es más complejo el abordaje, necesitamos poner más personal a trabajar con el Estado, porque la inversión es mayor ya que hay que poner a una persona a cuidar a ese chico en un cuerpo a cuerpo para jugar a la pelota, para ir a los talleres de la Dirección de Niñez, para la actividad de recreación, que para ellos muchas veces es el cíber con las redes sociales, pero cuando uno le muestra el deporte, eventos, el parque, el zoológico, empiezan a ver otros mundo que estar con los pares cerca de la violación de la ley”, indicó.

La reacción social y los adultos detrás de los jóvenes delincuentes

“Cuando hay un chico menor al que por lo menos se lo acusa de un hecho delictivo, la reacción social es más fuerte, y uno estadísticamente debe darse cuenta de que es ínfimo el número de delitos que comenten chicos inimputables que el que comenten los adultos, y la cantidad de muertos es mucho menor que por accidente de tránsito. Sin decir que esto esté bien, pero siempre esto mueve reacciones más fuertes, como se ve en las redes sociales o en los comentarios de los diarios”, indicó López Maida.

“Eso está claro, pero también está claro que cuando se produce un asesinato se genera una sensación de vulnerabilidad en la gente que no es la misma que cuando mueren cuatro chicos en un accidente de tránsito”, cuestionó MDZ Online ante la afirmación anterior, a lo que el abogado respondió: “La muerte de Gustavo Pelegrina me parece un espanto, pero de lo que estoy seguro es que hay adultos detrás de todo estos hechos”.

“Entonces hay que ir tras esos adultos”, sostuvimos. “Eso es lo más complejo”, señaló López Maida, y concluyó: “Muchas veces, no en este caso, porque todavía no he hablado con el Tonga, los chico nos los han dicho, ‘si llegamos a hablar nos matan o matan a mi hermano o a mi primo’, por eso se lo termina atribuyendo un chico menor de edad, que tal vez estuvo en el lugar pero no lo hizo, o tal vez lo enviaron, porque como es menor en tres o cuatro años puede salir, si es que hace las cosas bien. Por eso es muy difícil llegar a los adultos, porque terminan escondidos, y los adolescentes, frente al miedo, prefieren callarse, ir al encierro antes que ponerse en riesgo a sí mismo o a su familia”.