Denunciaron apoyo oficial a usurpaciones en Maipú

Un potencial negocio inmobiliario fue denunciado hoy por Carolina Jacky, conocida abogada local y una de las candidatas a ocupar uno de los cargos pendientes en la Justicia Federal mendocina, que involucra al intendente Alejandro Bermejo, al concejal de Godoy Gruz, Mariano Maure, a funcionarios del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y a un nutrido grupo de usurpadores de lotes de Maipú que estarían siendo utilizados con fines políticos y económicos.

Según la letrada, que además es la apoderada legal de la Asociación Civil de Amas de Casa Cuyana, propietaria de los lotes lindantes a la calle Rawson, a metros de 9 de Julio, en el distrito de Luzuriaga, hoy se presentó una denuncia “por Mesa de Entradas en la Cámara de Senadores” que deberá ser evaluada por la Honorable Comisión de Derechos y Garantías de la cámara alta local.

El recurso presentado por Jacky fue realizado previa consulta al senador Daniel Ortiz, abogado y legislador radical, quien instruyó a la posiblemente futura camarista federal mendocina, para realizar hoy durante la mañana la grave denuncia que puso en el centro de la escena tanto a Bermejo como al titular del Movimiento de Unidad Popular (MUP).

“Presenté en la denuncia dos actas notariales con dos declaraciones testimoniales de ocupas que detallaron la forma en la que fueron aconsejados tanto por Bermejo como por Maure en distintas reuniones para consumar la usurpación. El problema es que mientras a la gente asentada se la sigue ilusionando con la conformación de una cooperativa para formalizar la toma de terrenos y construir casas por otra parte se está abonando un posible negocio inmobiliario en un lugar donde los precios de los lotes suben día a día. Por ejemplo, allí cerca está el Barrio El Torreón”, explicó Jacky.

Por su parte, Mariano Maure, aeguró conocer el asentamiento y estar colaborando con los ocupantes de los lotes y aseguró que “las familias tomaron los terrenos luego de que se hubiera presentado en quiebra la Asociación Amas de Casa por una deuda que nunca le pagó al IPV”, dijo.

Por ello es que Jacky expresó: “El titular de la asociación, Gustavo Eduardo Álvarez, recientemente denunció que hace casi un año y medio que el fiscal Hernán Ríos –titular de la Oficina Fiscal número 11 Maipú-Luján, nunca hizo algo por la denuncia por usurpación que en su momento realizó. La denuncia primigenia fue hecha hace casi un año y medio”, indicó.

Y agregó: “Es cierto que la asociación no saldó la deuda por la que hay una hipoteca a favor del IPV por un préstamo con el cual se compró el terreno de unas 10 hectáreas y con el cual se urbanizó el lugar. Pero también es cierto que como el lugar está ocupado no puede vender los lotes y menos recaudar dinero para pagar la hipoteca”, reflexionó la letrada.

La denuncia contra el fiscal Ríos es por parcialidad en su función ante la denuncia, por graves errores cometidos en el Expediente 8286/11, por demora en el pronto despacho, por el cese de los efectos del delito y por errores en la imputación de los usurpadores.

“En los alrededores del loteo existen emprendimientos de alto valor inmobiliario. Si la usurpación ha sido gestada desde un área política y con apoyo político la pregunta es cuál es la finalidad. La respuesta es que ante el hecho de la usurpación el dueño del loteo se ve impedido para gestionar la venta y menos la construcción de viviendas ya que nadie querrá vivir en un asentamiento. Frente a esto quedó imposibilitado de cumplir con su obligación de la hipoteca sobre el inmueble”, analizó Jacky.

Además de las testimoniales que presentó Jacky “en pocos días más creo poder contar con otras testimoniales que acreditarán que funcionarios del IPV relacionados políticamente con el municipio de Maipú no sólo estarían apoyando la usurpación sino que habrían tenido tenido reuniones con posibles inversionistas en el loteo”, espetó la mujer.

“La operación se realizaría ejecutando la hipoteca llevando a remate el inmueble previa negociación con terceros sobre este fabuloso negocio inmobiliario”, cerró la abogada.

Carlonia Jacky explica el probable negocio inmobiliario:

Carolina Fernández, secretaria del asentamiento, cuenta sobre las necesidades de unas 55 familias y la esperanza de que políticamente les aseguren una solución: