Amplían denuncia por la renegociación del contrato de tragamonedas

“Aplicando lo establecido en el Art. 6º del Pliego de Condiciones Generales de la Licitación Pública Nº 1204/03, se protegía la rentabilidad de ambas partes, sin necesidad de renegociar un nuevo contrato tan perjudicial para el patrimonio del Estado Provincial”, aseguran ambos en su escrito.

En tal sentido, los denunciantes ponen el foco de responsabilidad sobre los siguientes funcionarios del Instituto de Juegos:

Presidente: Pereyra Daniel Sebastián
Director:    Nasif Juan Manuel
Director:    Navarro Esteban Roberto
Gerente General: Miguel Horacio
Gerente Técnico Consultivo, Gerencia de Tragamonedas: Rodríguez Ricardo
Contador General: Jerez, Gonzalo Javier
Síndico: Della Gáspera, Italo
Gerente Administrativo: Martín José Javier

Campos y Sánchez aseguran que las observaciones del Tribunal de Cuentas “avalan y respaldan nuestra denuncia, son en la práctica, un adelanto de investigación que debe ser tenido en cuenta por el Asesor Letrado a cargo de la tramitación del sumario por nosotros solicitado en las actuaciones de la referencia. Por este motivo, le solicitamos que ordene dar a esta investigación urgente tratamiento”.

Según estos, deberían investigarse los motivos por los que no se llamó a licitación pública para el alquiler del inmueble destinado al traslado del personal del Instituto, “cuando se contó con suficiente tiempo para realizar el llamado, casi tres meses y medio desde la firma del contrato de renegociación, el 18/07/11, hasta el primer contrato de locación 01/10/11 y casi seis meses hasta la firma del segundo contrato de locación”.

En su escrito, los denunciantes revelan que en un principio se contrató en forma directa por 24 meses, con el Centro de Retirados de la Policía de Mendoza (CERPOL), por un importe mensual de $55.000 ($1.320.000 en los dos años). Se adjudicó a CERPOL el 27/09/11, mediante Resolución de Directorio Nº 523/11 y el personal debió ser trasladado como consecuencia de la renegociación del contrato de tragamonedas, que contemplaba una ampliación de la sala de juego y la colocación de más máquinas tragamonedas.

“Dos meses después el nuevo Directorio llegó a un acuerdo con CERPOL para rescindir el contrato, pagándole al locador la suma de $107.575,26 por el periodo desde el 11 de Noviembre del 2011 al 10 de enero de 2012 y un importe de $92.258,06 en concepto de indemnización por rescisión adelantada; alcanzando un total de $199.833,32”, reza el escrito.

El H.T.C. observa este procedimiento irregular, y expresa que la erogación de $199.833,32 liquidada en el ejercicio 2012, podría ocasionar un perjuicio a la administración y como no está registrado ese gasto, no se efectuó la oposición a la contratación y a la posterior liquidación.

Luego Presidencia con fecha 13/01/12, celebra un nuevo contrato con el propietario del inmueble de calle Avda. España 263 de Ciudad y se acuerda un canon de $13.200 mensuales.
 
Finalmente, Campos y Sánchez hacen reserva de presentarnos a la Justicia provincial, a los efectos de solicitar una investigación penal a los funcionarios y empleados que el Tribunal de Cuentas de la provincia, “consigna como responsables de los hechos denunciados y aún no resueltos administrativamente por el actual directorio del Instituto. Ofreceremos como prueba a la justicia el expediente de la referencia y las conclusiones de la Fiscalía de Estado y del H. Tribunal de Cuentas de la Provincia”.


Reuniones privadas

Los denunciantes revelaron a MDZ que existió una reunión de trabajo que se llevó a cabo en Maipú el sábado pasado, con la presencia de los gerentes y subgerentes del Instituto de Juegos y Casinos.

“Allí, Bianchinelli les expresó que él estaba convencido de que la renegociación era muy conveniente para el estado y que iba a renegociar al 43% y le pagaría el retroactivo de la diferencia del 40,09 %, que se paga actualmente, al 47% que fijaba el contrato renegociado, para cuando se colocaran la totalidad de las máquinas".

-¿Cómo lo dijo puntualmente?
Bianchinelli les dijo a los presentes que no podía hacerle una acción de lesividad porque Fredy Vila le había dicho que no lo iba a aceptar y que iban a tener que entregarle hasta el edificio en un juicio, y que él estaba convencido que los Vila eran dueños de todo en Mendoza, hasta de la justicia, por eso convenía renegociar con ellos en un 43%. Luego habló de planes informáticos que generarían una inversión muy costosa y les pidió opinión a los gerentes y subgerentes.

-¿Hasta dónde llega la cercanía de Vila y Bianchinelli?
-Pensá que Bianchinelli se reúne con Vila en casa de Vila, cuando lo correcto es que lo cite al Instituto si quiere hablar con él.

-¿Cómo es la relación entre ATE y el directorio del Instituto?
-El directorio ha iniciado una guerra contra ATE porque es el único que se opone a las violaciones que se cometen con la creación de nuevos cargos gerenciales, que colisionan con la aprobado y ratificado en paritarias, y apoya incondicionalmente al gremio del personal de juego (UPJCM) y el gerente administrativo y el gerente de asesoría letrada viajan a los anexos con el secretario general del gremio de juegos para apretar al personal y les ofrecen dinero o una casa en un barrio para que se desafilien de ATE y se afilien a UPJCM.

-Es muy fuerte el dato…
-No es todo: ahora quieren poner a Rebeca Pérez, la esposa de Ricardo Rodríguez como gerente de fiscalización e inspección y al contador Molina, para que manejen toda la información de las tragamonedas, con lo que seguiría el manejo de la información en manos de la gente avalada por Daniel Pereyra.